La Comisión Legislativa de Participación Ciudadana delegó este martes al asambleísta Raúl Tello, del Bloque Acción Democrática Independiente (BADI), iniciar el proceso para solicitar el juicio político en contra de José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y del consejero Walter Gómez.

Los dos funcionarios son acusados de incumplimiento de funciones por violentar la Constitución y la Ley Orgánica del CPCCS.

A favor de la resolución votaron los asambleístas Gloria Astudillo, de CREO, Raúl Tello y Eliseo Azuero, del BADI, Julio César Quiñónez, de Alianza PAIS, Raúl Campoverde, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), y la independiente Mae Montaño.

Los legisladores consignaron su voto en representación de sus respectivos bloques legislativos, por lo que está definida la posición de sus coidearios, dijeron.

Con ello sumarían 88 votos de respaldo provenientes de CREO (20), del BADI (8), de Alianza PAIS (42), del PSC-MG (17) y de la independiente Mae Montaño. Para la censura y destitución de estas autoridades se requieren 71 votos.

Tello anunció que recolectará las firmas de respaldo para presentar solicitud de juicio político, que sería el segundo en contra de Tuárez y primero para Gómez.

El lunes 8 de julio de 2019, Fabricio Villamar, asambleísta de CREO, con el apoyo de 57 firmas presentó la solicitud de interpelación contra Tuárez.

De conformidad con la práctica legislativa los pedidos de juicio político se unificarían; por lo tanto, habrá dos acusadores: Villamar y Tello.

Antes de la aprobación de la resolución, la comisión recibió al consejero Gómez, quien deslindó las acusaciones de supuestas acciones proselitistas del pasado 21 de junio de 2019 en Guayaquil, cuando recibió al presidente del CPCCS. Dijo que acudió a recibirlo por pedido de Tuárez.

Quiñónez pidió investigar a la consejera Rosa Chalá por supuestas inconsistencias en la documentación. (I)