Con el voto de dos de los tres jueces, el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la prisión preventiva en contra de Ola Bini.

Dicha decisión de la justicia ecuatoriana se conoció la noche del jueves 2 de mayo, tras desechar la apelación que presentó su defensa a la orden de prisión que pesa en su contra. El ciudadano sueco, que reside desde hace 5 años en el país, está detenido por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.

Luego de más de tres horas de deliberación, el Tribunal compuesto por los jueces Juana Pacheco, Inés Romero y Fabián Fabara, decidió mantener en prisión al experto informático, detenido hace 22 días, debido a que existe el riesgo de fuga.

Tras ello, Bini seguirá en el Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito, para las investigaciones que se llevan a cabo.

En la audiencia de apelación a la prisión preventiva, solicitada por la defensa del extranjero, la Fiscalía se refirió a los elementos de convicción en los cuales se fundamentó la formulación de cargos el pasado 12 de abril.

Entre ellos mencionó el reporte migratorio obtenido de la base de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el que constan 150 viajes (de ida y retorno)  realizados por Bini a diferentes países, desde el 14 de noviembre de 2013 hasta el 11 de abril de 2019, 15 de ellos a Londres (Inglaterra).

Además, la Fiscalía dio a conocer otro reporte en el cual se detalla que desde 2015 hasta el presente año realizó pagos por servicios de internet por $ 240.000.

Indicó que el procesado no ha dado su versión libre y voluntaria, acogiéndose al derecho al silencio.

La entidad añadió que su defensa no ha presentado elementos de descargo, por lo que pidió mantener la orden de prisión preventiva para garantizar su presencia en el proceso penal.

El fiscal del caso, Édgar Chávez, también enumeró varios dispositivos electrónicos que fueron incautados al procesado cuando pretendía viajar a Japón y en el allanamiento realizado a su casa, con orden judicial.

Otros elementos fueron la inspección ocular técnica y el reconocimiento del lugar de los hechos practicados por peritos de Criminalística, tanto en el lugar de la detención del ciudadano como en el domicilio allanado.

De acuerdo con la Fiscalía, el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos está tipificado en el artículo 232 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La Defensa del extranjero esperaba otra resolución

A su arribo a la audiencia en la Corte de Justicia, Carlos Soria, defensa de Bini, anunció que esperaba que se reemplazara la prisión por otra medida sustitutiva.

“Espero que se revise de manera legal, sin presiones políticas”, dijo el jurista.

Luego de conocer el fallo, Soria dijo sentirse “avergonzado, humillado y completamente vulnerado” con el voto de mayoría que rechazó el cambio de la prisión preventiva que solicitaron.

Resaltó el voto de minoría de la jueza Inés Romero. En la sala estuvieron Görel Bini y Dag Gustafsson, padres de Bini, además de funcionarios de la embajada de Suecia en Bogotá (Colombia).

Hace pocos días, el Gobierno de Suecia pidió a Ecuador aclarar la situación legal del experto informático, detenido en Quito como presunto miembro de una “red de espionaje” vinculada al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó que se clarifiquen las acusaciones que se han formulado contra el ciudadano sueco y más información acerca del proceso”, dijo Vilhelm Rundquist, portavoz de ese departamento.

La petición fue formulada en una reunión mantenida en la sede de Exteriores en Estocolmo con el embajador de Ecuador en Suecia. 

La reunión se produjo días después de que los padres de Bini enviaran una carta abierta a las autoridades suecas reclamando su intervención en el caso y acusando a Ecuador de violar sus propias leyes y derechos humanos.

La aprehensión del informático se produjo el mismo día en que Ecuador retiró el asilo a Assange, el pasado 11 de abril, y desde entonces está bajo prisión preventiva en una cárcel de Quito.

El Gobierno de Ecuador ha argumentado que Bini es presunto miembro de una red dedicada a infiltrarse en sitios oficiales y obtener información electrónica. (I)