El expresidente Rafael Correa está a un paso de ser vinculado penalmente por la investigación en el secuestro del exasambleísta alterno por el Partido Sociedad Patriótica, Fernando Balda.

Daniela Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, emitió este viernes 15 de junio la convocatoria a la audiencia de vinculación para el lunes 18 de junio, a las 13:30.

Esto, luego de que la Asamblea Nacional declaró, el pasado jueves, como improcedente el pedido de Camacho, luego de que previamente solicitara la autorización respectiva.

La decisión fue tomada tras comprobar que la solicitud no cumple con lo señalado en el artículo 120, numeral 10 de la Constitución. Allí se establece que las tres cuartas partes del Legislativo deben pronunciarse para autorizar el enjuiciamiento penal a un Presidente o Vicepresidente. La norma no se refiere a los exmandatarios.

Con ello, automáticamente el caso regresó a la justicia ordinaria. La audiencia se realizará desde las 14:00, en la sala de audiencia del octavo piso de la Corte.

Al respecto, los juristas y constitucionalistas creen que la decisión en el Pleno fue “correcta”. Por ejemplo, Jorge Benavides agregó que Correa, por ser expresidente, no puede beneficiarse de la inmunidad, de la cual gozan las autoridades en funciones.

Para Ramiro García, la finalidad de este recurso, por parte de la Asamblea, es prevenir que no se dé una especie de “golpe de Estado judicial”, es decir, que no se utilice al sistema penal para desestabilizar al Gobierno.

Recordó que en el caso de Jorge Glas, la Asamblea sí tenía las atribuciones para quitarle la inmunidad debido a que era Vicepresidente.

Para ellos fue curioso que el pedido de la jueza haya llegado a la Asamblea, a pesar de que ella estableciera en esa solicitud que no procede.

Afirmaron que la solicitud de pronunciamiento que envió a la Asamblea fue un error. Además buscó “curarse en sano”, para que a futuro no se diga que el proceso es una causalidad de nulidad.

Según el jurista Stalin Raza es lamentable que a pesar de la experiencia, Camacho desconozca que no tenía “las competencias para pedir la autorización a la Asamblea”.

Aquella decisión produjo dos problemas: el primero, desgastar tiempo para la instrucción fiscal y la segunda, dar una plataforma para que se generen problemas como los ocurridos el 14 de junio en las inmediaciones de la sede legislativa.

“Los jueces no pueden estar pensando en las posibles objeciones que les hagan sino que deben tomar decisiones según lo que dice el derecho”, dijo Raza.

Tras la acción de la Asamblea y una vez que conoció que la audiencia de vinculación penal en contra del expresidente, los juristas buscan que el proceso sea imparcial y con objetividad.

Sin embargo, Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glas, está en contra de la postura de sus colegas. Para él, la decisión de la Asamblea no quitó el “desafuero al expresidente, por lo tanto, la Jueza no puede procesarlo penalmente”.

Con lo sucedido se sembrará un nuevo precedente para que en futuros casos se procese a cualquier exautoridad sin la autorización de la Asamblea.

El caso sumará a otros donde no se necesitó la postura del Legislativo para autorizar el juicio a un exmandatario. Se destacan los casos de expresidentes como Jamil Mahuad, León Febres-Cordero y Gustavo Noboa. (I)

Diligencia
Acusación

Fernando Balda formalizó este viernes 15 de junio su acusación particular en contra del exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional, Fausto Tamayo y del exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo Romero.

El abogado de Balda, Felipe Rodríguez, lo hizo responsable al expresidente Rafael Correa de ser el autor de un secuestro. Pidió justicia para su cliente, secuestrado en 2012.

Cabezas: “Hubo intento de detener la sesión”

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, afirmó que la decisión del Legislativo tiene como fundamento la Constitución, que señala que podía dar paso a un juicio penal solo en caso de un Presidente o Vicepresidente de la República en funciones y en el caso de Rafael Correa, ya no es Mandatario.

En declaraciones a Radio Quito, sostuvo que sin embargo, era necesario el pronunciamiento para que el proceso judicial continúe.

“Lo que prima no es el tema ideológico, sino legal por eso devolvemos el caso a la Corte, por improcedente, no hay un afán de afectar a nadie”, aseguró.

Sostuvo que hay jueces y fiscales que son quienes deben definir, en el ámbito legal, si los involucrados participaron o no en los hechos de los que se les acusa.

También afirmó que recibieron una alerta de lo que podía pasar, pues según dijo, se intentó registrar una acción de protección en su contra para tratar de detener la sesión de la tarde.

“Eso conocimos cuando se presionaba a un juez para que se registre y acepte. Tomamos las medidas pertinentes. La información se investiga y se hará pública en el momento preciso. Se trataba de desmerecer lo que hicimos ayer”, puntualizó.

Y recalcó que los liderazgos se forman con diálogos y acciones concretas. (I)