Audiencia de protección sobre el edificio de la ID quedó suspendida
La audiencia de protección del bien inmueble de la Izquierda Democrática (ID), interpuesta por Henry Llanes, presidente de esta organización política, quedó suspendida hasta que se realicen tres acciones judiciales solicitadas por el juez de la Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo, Richard Buenaño.
Buenaño solicitó que se pidan dos certificados al Consejo Nacional Electoral (CNE). El primero para saber si la Izquierda Democrática está registrada como partido político. El segundo documento que le pidió al CNE es que certifique cuál es la personería jurídica de este partido político. También el juez solicitó la inspección del bien inmueble para constatar el uso que se le da a este bien inmueble.
Llanes afirmó que por el momento "el CNE no puede certificar nada porque ni el partido, ni la directiva nacional estamos registrados, esto pasa por un bloqueo que viene desde el CNE, no tenemos la clave para poder registrar todo y realizar los trámites”, precisó. Llanes se refiere al hecho de que el CNE no habilitó a la organización política para las elecciones del 2012, porque el órgano electoral estimó como problemas internos, el hecho de que la organización política contaba ese año con dos directivas. Por un lado, una dirección presidida por Llanes y por otro lado, Dalton Barcigalupo, quién fungía, también, como presidente.
Marco Ulloa, subprocurador del Municipio de Quito, sostuvo que el bien inmueble propiedad de la Izquierda Democrática no se usa para los fines establecidos y por tal motivo señaló que incumple con el contrato de donación firmado en 1980 entre el Cabildo y la ID, por lo que dijo que es viable la expropiación del edificio.
La inspección de la sede de la ID se realizará este jueves 6 de febrero y el próximo 13 de febrero continuará la audiencia de protección.
En julio del año pasado, la supervisora de la Zona Norte del Municipio, Gloria Jaramillo, realizó una inspección para constatar el uso que tiene el edificio y constató que el segundo y tercer piso del bien inmueble se arrendó a empresas externas, por este motivo la supervisora emitió un informe al Concejo Metropolitano que resolvió revertir la propiedad del bien inmueble.
