La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tiene un concepto claro sobre el asilo: se otorga a aquellas personas que han sido “desterradas o perseguidas por su raza, condición social, religión o por motivos políticos”. Este criterio es compartido por Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central.

Él explica que el asilo, de acuerdo con la Convención de Caracas, permite a cualquier Estado brindar protección en caso de delitos políticos, mas no si se trata de uno común.  

El académico recalca que cuando un Gobierno concede el refugio a una persona el hecho se convierte automáticamente en una decisión soberana, que deberá ser respetada por cualquier otra nación. Pero este beneficio se consigue luego de un análisis de cada caso, y lo realiza el país receptor. Posteriormente se solicita un salvoconducto para que el beneficiado pueda abandonar el país.  

Sánchez sostiene que en caso de no otorgarse ese salvoconducto, los solicitantes pueden vivir en la sede diplomática por tiempo indefinido. En este año, 10 coidearios del gobierno de Rafael Correa han solicitado asilo a varios país del continente.

El primero fue Carlos Ochoa, extitular de la Supercom, quien solicitó refugio en Bolivia. Luego lo hizo la exasambleísta Sofía Espín. Los dos mantienen abiertos juicios en su contra. Ochoa, por falsificación y uso de documentos adulterados. Mientras que la exlegisladora por tráfico de influencias, porque supuestamente intentó convencer a un testigo de que cambiara su versión a favor de Correa.

En febrero, el Gobierno boliviano informó a la Cancillería ecuatoriana el proceso para conceder el asilo a los dos exfuncionarios. Ocho meses después, en octubre, México aceptó la solicitud de asilo político del excanciller Ricardo Patiño.

En su contra existe una orden de prisión preventiva y se lo investiga por el supuesto delito de instigación durante una convención política en Latacunga, Cotopaxi.

A esta lista se sumaron los asambleístas Gabriela Rivadeneira; Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina, quienes junto a familiares solicitaron la protección del Estado mexicano.

En la reunión del Consejo Permanente de la OEA, la representante del país norteamericano, Luz Elena Baños, sostuvo que esa protección no quiere decir que exista una discordia con el gobierno ecuatoriano. Ella recalcó que ese resguardo responde a una tradición histórica del Estado mexicano de  acoger a quien solicitase su auxilio.

Para el excanciller ecuatoriano José Ayala Lasso no existen condiciones para decir que en el país exista una persecución política.
Sin embargo, aclara que el derecho de decidir si el peticionario es perseguido político o delincuente común le corresponde al Estado que concede este estatus.

“En primer lugar, en el caso de las personas que se encuentran en la Embajada de México se manifiesta que les han brindado protección, ya que aún no les conceden el asilo”.

Él sostiene que en el caso analizado no se trata de una persecución política, sino de un intento de romper la democracia en el Ecuador. “Es conocida la actividad del expresidente (Rafael Correa) y sus seguidores al tratar de desestabilizar al Ecuador”. La Cancillería ecuatoriana aún no se pronuncia sobre el pedido de protección de los legisladores. (I)

Indagación
Otro caso en la Fiscalía
El exlegislador Virgilio Hernández también es requerido por la justicia por fines investigativos en torno a los hechos violentos ocurridos en las últimas manifestaciones. Hasta este martes 15 de octubre de 2019 se desconocía dónde se encontraba.  

16 exfuncionarios del correísmo se fugaron del país; todos tienen procesos judiciales en marcha.   

En investigación fiscal
La Fiscalía realizó allanamientos a las casas de Gabriela Rivadeneira para buscar indicios de la supuesta rebelión.