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Ecuador, 24 de Diciembre de 2024
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Asignaciones para contratos crean polémicas a la interna del CNE

La presidenta del organismo electoral dijo que todos los consejeros tienen responsabilidades señaladas en la ley.
La presidenta del organismo electoral dijo que todos los consejeros tienen responsabilidades señaladas en la ley.
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Las fricciones entre los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE) se hacen públicas y ahora se producen por los pedidos para la entrega de fondos a consultores que trabajan en la propuesta de reformas al Código de la Democracia.

La presidenta del organismo, Diana Atamaint, manifestó que los consejeros la presionan para que asigne medio millón de dólares, como parte del presupuesto para el proyecto de cambios a la ley electoral.

Al respecto, el consejero Luis Verdesoto dijo que dentro del presupuesto de la entidad está contemplado el gasto para el proyecto. Señaló que esta actividad es de suma importancia para concebir “una propuesta en firme a finales de marzo, pues de lo contrario no podremos presentar las enmiendas al Código de la Democracia sino hasta después de 4 años”.

No obstante, insistió en que existen otros problemas en la entidad que deben resolverse, como la revisión del sistema de escrutinios sobre la difusión del conteo de votos y elaboración de las actas.

Según el consejero, se detectó que no existe un procedimiento para la transmisión de la información desde el momento del escaneo de las actas, para que pueda ir simultáneamente a los partidos políticos y medios de comunicación, de manera que tengan los datos del sufragio conforme se vayan contabilizando.

Las divergencias entre consejeros empezaron a mostrase públicamente hace dos  semanas, con señalamientos de que supuestamente la Presidenta del CNE conformó una mayoría con los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, para bloquear las propuestas del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, y del consejero Luis Verdesoto.

Pita dijo que la estructura del CNE, como está concebida, es presidencialista, por lo tanto la Presidenta puede tomar decisiones administrativas, incluso económicas, sin necesidad de conversar con los consejeros. (I)

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