Uno de los cambios que trae el proyecto de Ley de Salud Integral Prepagada es que fija en $ 800.000, como capital mínimo, para las empresas que quieran ofrecer servicio de  salud y a las de seguros que oferten cobertura de servicios de asistencia médica.

Para elaborar la norma se contempla que son 800.000 personas las que acceden a este beneficio. Uno de los opositores de este punto durante el segundo debate, que se realizó el pasado jueves, es Luis Tapia. El legislador anunciaba que esta disposición haría desaparecer a más de 10 pequeñas compañías dedicadas a la actividad.

Situación que fue desmentida por Alejandra Vicuña. La asambleísta de PAIS detalló que esa afirmación sin fundamento es una muestra de que no existe una oposición seria, puesto que a ese monto se llegó en acuerdo con las empresas pequeñas y medianas de medicina prepagada, quienes enviaron un comunicado el 5 de abril a la Comisión para que se fije ese monto en $ 800.000. En el primer informe se contempló que el capital para estas entidades sea de $ 1.5 millones.

A esto se sumarán otros mecanismos como son las reservas técnicas y otros mecanismos que ya le compete regular a la Superintendencia de Compañías y Seguros.
Vicuña detalló que las leyes no buscan perjudicar a alguien, sino todo lo contrario, favorecer a todos. En este sentido otro beneficio es que finalmente existirá una autoridad que dé soluciones en caso de conflictos.

Otra de las virtudes de la norma es que existirá una autoridad para que resuelva algún reclamo en el ámbito administrativo. En la actualidad no existe. Vicuña enfatizó que “antes todos eran responsables de todo y por ende nadie se hacía responsable de nada”  y al momento de que el usuario hacía un reclamo no tenía solución.

La asambleísta recalcó que se espera que hoy en la tarde se vote la Ley y que en un mes ya el país cuente con la norma que permita aclarar las reglas para los actores de este negocio. (I)