El futuro del Consejo de Participación Ciudadana parece decidido después de que la Corte Constitucional dio el aval para emprender dos procesos que desencadenarán en su eliminación o reforma.

En la Asamblea fue aplaudida la decisión de los jueces constitucionales que aceptaron su propuesta para restarle facultades al Consejo de elegir autoridades de control y de justicia.  

La asambleísta Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, explicó que con esta decisión se activará el proceso destinado a enmendar la Constitución.

Este tardará un año para entrar en vigencia. Primero deberá presentarse un informe al pleno del Legislativo y en caso de obtener la mayoría absoluta se tendrá que esperar un año para ratificar el cambio de la Constitución.

Para Andrade, lo más pronto posible el pleno de la Asamblea deberá crear una comisión ocasional que trate la enmienda. Por eso pidió a su presidente, César Litardo, que agilice ese trámite.

Andrade espera que el próximo mes (noviembre de 2019) esta comisión, que dijo deberá ser ocasional, sea nombrada para que trabaje inmediatamente y concrete la enmienda hasta finales del próximo año 2020.  

La legisladora dejó en claro que este procedimiento es independiente de la consulta popular, que promueve el movimiento político Ahora y el Comité por la Institucionalización Democrática. Ambos auspician una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.  

El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, respalda la iniciativa de los dos movimientos. Para él, deberán recolectar con mayor brevedad las firmas para dar trámite a su pedido y eliminar a este organismo de la estructura del Estado.

Sin embargo, este criterio no es apoyado por Sofía Almeida, vicepresidenta del Consejo de Participación. Ella asegura que no es oportuno que la Asamblea asuma la competencia para designar a las autoridades. “Es una institución que se encuentra politizada de forma partidista”.

A su parecer, el Legislativo debería preocuparse de tratar leyes para recuperar los activos en casos de corrupción. Sobre el destino del Consejo, Almeida expresó que al ser un organismo cuyas autoridades fueron electas en las urnas, debe ser la ciudadanía quien decida su futuro. (I)