El escándalo que ha estallado en la Asamblea ha sido definido como un “secreto a voces”. Se trata del cobro de “peaje” a los funcionarios de la Asamblea a cambio de estabilidad laboral.  

Según fuentes consultadas que prefieren el anonimato, en la época del Congreso  ya se usaba esta práctica con los asesores y asistentes a cambio de un empleo.

Hoy el tema se ha hecho público luego de que el legislador de CREO por Pichincha, Fabricio Villamar, lanzara una alerta en la redes sociales. Él se sustentó en denuncias de exfuncionarios del Parlamento.

Este diario identificó al menos 15 casos de extorsión a asesores y asistentes, pero las víctimas no quieren revelar su identidad por miedo a represalias.

Las denuncias alcanzan a casi todo el espectro político de la Asamblea: Revolución Ciudadana, Alianza PAIS, Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, e independientes.

Hay al menos cuatro modalidades de extorsión que van desde pagar las compras de supermercado de un legislador hasta el extremo de cancelar las cuotas de un auto nuevo al jefe.

No hay pruebas tangibles de esas prácticas, pero sí testimonios de los afectados. Ellos renunciaron porque no querían pagar los “diezmos” a los parlamentarios.

Una de las modalidades que empleaba una asambleísta de Alianza PAIS era pedirles a sus cuatro colaboradores (dos asesores y dos asistentes), $ 100 a cada uno para pagar la cuota de $ 400 que antes exigía el movimiento.  

Andrea Utreras, exfuncionaria y comunicadora, trabajó de enero al 15 de marzo del 2018. Su exjefa no solo les exigía dinero, sino “pagar sus gastos: comida, movilización, salón de belleza, ropa y hasta las mensualidades de un carro de alta gama que se compró”.

Incluso, la legisladora obligaba a sus asesores a turnarse para acompañarla a dormir en su casa, en el norte de Quito. “Íbamos a almorzar o cogíamos un taxi y pagábamos la cuenta. Eso estaba ya establecido entre todos. Lo peor era dormir en su casa, allí solo su habitación tenía una cama, en las otras había colchones sobre el piso”, recuerda.

Utreras renunció porque no quiso pagar la cuota de AP ya que no es adherente, ni afiliada a esa organización. “Entre el grupo de trabajo de la legisladora está una modelo guayaquileña que consta en el rol, con un salario de $ 3.000, pero que nunca ha ido a trabajar en su despacho”, cuenta.

Una segunda modalidad para ese “peaje” se hace a través de los jefes de despachos. Eso ocurrió con este caso: una abogada trabajó como asesora jurídica de una legisladora, durante seis meses.

Ella pide el anonimato y no quiere decir la fecha de su ingreso ni de su salida de la Asamblea. Su salario era de $ 2.600 y el “diezmo” primero fue de $ 200, después de $ 300, más tarde subió a $ 400 y, finalmente, a $ 600.  

“Era una orden de la asambleísta, un acuerdo al que se llega desde el primer día de trabajo, pero sobre una base ya establecida. Me cansé y no lo denunciaré porque la vida se encargará de cobrarle lo que hizo”, asegura.

La tercera modalidad es llegar a un acuerdo para ingresar como asesora, con un salario de $ 3.172, pero en realidad solo recibir $1.100, que es el sueldo de una asistente. Eso pasó con una contadora pública -que prefirió omitir su nombre- quien laboró del 1 de junio de 2017 a junio de 2018, en el despacho de un asambleísta del ala correísta.

Ella entregaba $ 2.072 a su compañero de oficina. Incluso a veces le daba el dinero en efectivo al propio asambleísta.

Una cuarta modalidad es el cobro del “peaje” retroactivo. Eso le ocurrió a un exfuncionario que trabajó con una asambleísta desde julio de 2013 hasta febrero de 2014.

Él, quien prefiere el anonimato, era su asesor político y ganaba $ 3.000. “La legisladora les pidió $ 100 a cada uno de sus colaboradores para aportar a la campaña electoral. Me solicitó la plata por los meses que había trabajado. Le pagué $ 500 y después me despidió”.  (I)