La Asamblea se concentra en los juicios políticos
En este período legislativo, el segundo poder del Estado se preocupó más por fiscalizar que aprobar leyes.
La Comisión de Fiscalización sesionó por 35 ocasiones en cuatro meses y llevó al pleno de la Asamblea tres juicios políticos: el de la exministra Verónica Espinosa, por incumplimiento de funciones; de los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio. También interpelaron a la exministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa.
En este mismo lapso, en el pleno se aprobaron cuatro leyes que ya están en el Registro Oficial: Código de Comercio, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, Código Orgánico General de Procesos y ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico.
Estas normativas habían sido tratadas durante más de un año en el Legislativo. Asimismo, desde mayo de 2019, hay 22 propuestas de ley calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) entre ellas: las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, al proyecto de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico Tributario, entre otras.
Mientras en las 13 comisiones especializadas hay 98 proyectos de ley que esperan ser analizados. Y en cuatro mesas están las ocho propuestas normativas prioritarias para el oficialismo. También están ocho en primer debate como el fortalecimiento productivo, proyectos de compañías, prevención y erradicación de microtráfico, transporte terrestre, entre otras.
Y para el segundo debate hay cuatro: Código Orgánico de la Salud, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la ley de Organizaciones de la Sociedad Civil.
La coyuntura
Para la legisladora Johana Cedeño, de Alianza PAÍS (AP) y presidenta de la Comisión de Fiscalización, las leyes tienen tiempos establecidos que pueden ampliarse hasta años -explicó-, pero los casos de fiscalización no contemplan más allá de 20 días.
En cambio, para Silvia Salgado, del Partido Socialista, no se avanza en el plano legislativo. “Es visible que la agenda es política y coyuntural. Hay fiscalización selectiva que es debatida en las mayorías móviles”, aseguró.
Gabriela Rivadeneira, de la Revolución Ciudadana, dijo que había “vendetta política” en los juicios políticos. Según ella, es necesario que el control político se complemente con el trabajo legislativo.
Guillermo Celi, de SUMA, sostuvo que el control político debe ir a la par del tratamiento de las leyes. “La legislación ha quedado a un lado porque no hay una agenda clara”, insistió.
El politólogo César Ulloa aclaró que esa situación responde a la dinámica de una Asamblea unicameral, puesto que los parlamentarios son quienes fiscalizan y legislan; “no existe límite o alcances o una frontera cuando se diseña leyes o se fiscaliza”.
La coyuntura jerarquizó la fiscalización -argumentó-; el país está por entrar a un año electoral. Allí se privilegiará más lo simbólico para captar votos de los electores.
Para Ulloa es indispensable analizar la correlación de fuerzas en el Legislativo: en la década anterior el partido de Gobierno legislaba con el Parlamento mayoritario.
Temas pendientes
Tras la vacancia legislativa, que durará hasta el 30 de agosto del 2019, los asambleístas esperan que el CAL califique otros tres juicios políticos contra María Paula Romo, ministra de Gobierno; Richard Martínez, ministro de Finanzas; y el exsecretario de Cultura, Raúl Pérez Torres.
También está en fila el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso de investigación periodística “Arroz Verde” o “Sobornos 2012-2016”, que será presentado la primera semana de septiembre.
Durante los cuatro meses restantes, la Asamblea cumplirá una agenda, que fue preelaborada por su titular, César Litardo. El funcionario dio prioridad a 17 leyes que están basadas en cuatro ejes: inclusión, derechos, desarrollo y empleo. Entre ellas están el Código de la Democracia, la Ley de la Función Legislativa, Extinción de Dominio.
Litardo explicó que la agenda es el trabajo con los jefes de los cinco bloques y que su administración prefiere la “calidad a la cantidad”. (I)