La asambleísta del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), Ana Galarza, fue destituida este jueves 7 de febrero por el pleno del Legislativo acusada de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Con el voto afirmativo de 91 legisladores de 126 presentes en el Pleno se aprobó el informe de minoría de la Comisión Multipartidista que recomendaba la destitución de la parlamentaria.

La moción por el informe de mayoría -del legislador Raúl Tello, titular de la comisión parlamentaria que investigó la actuación de la asambleísta, que recomendaba tan solo una sanción administrativa- apenas recibió el respaldo de 35 colegas, por lo que no fue aprobada.

En la sesión 576, que se desarrolló por cerca de tres horas, se escucharon las intervenciones de los integrantes de la comisión, así como del legislador denunciante, Ronny Aleaga, de la Revolución Ciudadana, y de la denunciada.

En su intervención, Galarza indicó que no hay causales para su destitución. "He cometido una falta que está tipificada en la Ley y merece una sanción administrativa". Pidió disculpas al país y a la Asamblea Nacional.

La destitución se da luego de intensos cabildeos en los últimos días entre los distintos bloques partidistas representados en el Parlamento. En la víspera de la sesión se fueron evidenciando las posturas a favor y en contra de la destitución.

El bloque de CREO anunció en días pasados su decisión de respaldar a su coidearia.

El proceso en contra de Galarza fue impulsado por el legislador Aleaga sobre la base de una denuncia presentada en la Fiscalía del Estado por Lenín Rodríguez, exasistente de la legisladora, quien la acusa de concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso.

Los interpelantes presentaron, además, evidencias que no fueron investigadas por la comisión multipartidista porque se conocieron en las últimas semanas.

Una de ellas son los correos donde Francisco Sevilla, esposo de Galarza, aparece como parte del despacho legislativo. Eso puede configurarse como una arrogación de funciones públicas.

También se entregaron documentos relacionados con facturas en las que se evidencia que su asesor, Omar Mayorga, cobraba un sueldo en la cooperativa de transporte Pelileo, lo cual es prohibido por la ley.

Entre tanto, la Fiscalía abrió una indagación previa contra Galarza. En su expediente piden informes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico; a la Contraloría y a la Asamblea.

El excolaborador de Galarza, Lenín Rodríguez, pidió a su exjefa que hiciera públicas las supuestas pruebas contra periodistas, legisladores y autoridades que se unieron para presionar por su destitución. (I)

Cronología del caso