La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tiene, entre otros propósitos, asegurar la capacitación y actualización de conocimientos de los conductores, como mecanismo para evitar la inseguridad en las vías.

El proyecto fue aprobado con 79 votos afirmativos, 11 negativos y 6 abstenciones, considerando que es necesario depurar la actual legislación de transporte terrestre adaptándola a las necesidades del servicio de transporte. El texto será remitido al Ejecutivo para la sanción u objeción en el plazo de 30 días.

Según el proyecto, es obligación del Estado capacitar a las personas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto, el Ministerio de Educación, en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), desarrollarán los programas educativos y dispondrán su implementación  obligatoria en todos los establecimientos de educación públicos y privados.

Dispone además que donde los gobiernos autónomos descentralizados regionales, metropolitanos o municipales no estén obligados a asumir las competencias de tránsito, la ANT podrá delegar esta facultad a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El servicio de transporte escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto y turístico, será prestado por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad.

Para la obtención de la licencia de conducir no profesional Tipo B, la ANT exigirá únicamente la rendición y aprobación de las pruebas psicosensométricas, teóricas y proactivas tomadas por la propia entidad.

En caso de reprobarlas, el postulante deberá obtener el certificado del SECAP o las escuelas debidamente autorizadas por la ANT. El conductor que no haya sido sancionado en al menos un año, contabilizado desde la última infracción sancionada, gozará de dos puntos extras que se incrementarán automáticamente a su licencia de conducir para el siguiente año.

A fin de garantizar la protección de las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial, se crea el Sistema Público de Pago de Accidentes de Tránsito administrado por la entidad que determine el Gobierno Central. Y los vehículos a motor, sin restricción de ninguna naturaleza, sean de propiedad pública o privada, deberán cancelar anualmente la tasa por el servicio que se preste a través del sistema público para el pago de accidentes de tránsito en conjunto con los valores correspondientes a la matriculación vehicular, conforme la calendarización establecida para el efecto por la ANT.