Más de tres horas duró la reunión que mantuvieron el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y una delegación del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), el pasado jueves. Al final la cita terminó con un compromiso del titular del  Legislativo.  

Los prefectos se oponen  al proyecto de reformas al artículo 154 del Código de la Democracia, mediante el cual se plantea que estas autoridades sean elegidas solamente por los ciudadanos que son parte del padrón electoral rural.

El proyecto es impulsado por el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (Conagopare), con el respaldo de la asambleísta Verónica Arias (PAIS-ARE). El pasado martes el Consejo de Administración Legislativa dio trámite al proyecto de reformas y lo envió a la Comisión de Biodiversidad.

Durante la reunión del jueves, que comenzó a las 15:00 y culminó pasadas las 18:00, Gustavo Baroja, presidente del Congope, dijo que en las prefecturas existe preocupación, ya que la propuesta tiene vicios de inconstitucionalidad y afecta a los ciudadanos y a la organización de territorios, puesto que los divide en zonas rurales y urbanas.

Tras la reunión, Baroja anticipó que entre las conclusiones existe el compromiso del Legislativo de reconsiderar la calificación del proyecto de reformas, toda vez que ellos presentaron los argumentos que harían inviable su práctica.

Para el efecto, sostuvo, faltaría una firma para lograr la reconsideración que esperan, según anunció, sea la de la asambleísta Soledad Buendía. Esta solicitud ya tiene la aprobación de tres miembros del CAL: Carlos Bergmann, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso.

“Existen 40 cantones que no tienen parroquias rurales, entonces quiénes elegirían a los prefectos”, preguntó. También dijo que para la asignación presupuestaria se consideran parámetros, como la población, y en ese sentido los recursos de cada provincia podrían verse afectados hasta en el 30%.

Baroja sostuvo que frente a las necesidades rurales es mejor pensar en una minga entre todos los niveles de gobierno para solucionar los problemas, por ejemplo el plan ‘Toda una vida’.

“Busquemos mecanismos para combatir la pobreza de manera conjunta, como la economía popular solidaria, ambiente y otras áreas”, concluyó.

El prefecto de Tungurahua, miembro  del Consejo Nacional de Competencias, Fernando Naranjo, recordó que en ciertas provincias existen  juntas parroquiales que no fueron consultadas y no están de acuerdo con la reforma.

Puntualizó que debe eliminarse toda iniciativa que pretenda dividir a los ecuatorianos en urbanos y rurales. “La satisfacción de las necesidades básicas será una realidad cuando los sectores nos unamos para mejorar los niveles de vida”.

Mariano Curicama, de Chimborazo, manifestó que el proyecto de reforma merece un análisis profundo y debería realizarlo la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos.

Serrano planteó la conformación de un equipo de trabajo para transformar el conflicto en una oportunidad, con la participación de delegados de los distintos niveles de gobierno y recordó que las puertas del Legislativo están abiertas para las propuestas y observaciones. (I)