El reciente enfrentamiento entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado ecuatoriano se originó por la emisión de medidas cautelares a favor del asambleísta Cléver Jiménez, condenado a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa.

El canciller Ricardo Patiño anunció la ausencia de Ecuador en las audiencias de la CIDH y el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, calificó a la entidad como un instrumento politizado, al servicio de los intereses económicos de potencias.

Es la Convención Americana de Derechos Humanas (CADH) la que da vida a la CIDH. Este documento fue ratificado por Ecuador y también es conocido como el Pacto de San José.

ORGANISMO LAMENTA AUSENCIA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó ayer que el Gobierno de Ecuador decidiera no asistir a las dos audiencias sobre el país dedicadas a la libertad de expresión y la situación del derecho a la libertad de asociación y los defensores de la naturaleza en Ecuador.
“Lamentamos profundamente que no tengamos al honorable Estado de Ecuador con nosotros”, dijo la comisionada encargada de Ecuador, la trinitense Rose-Marie Antoine.El canciller, Ricardo Patiño, adelantó el pasado jueves que Ecuador no participaría de la audiencia a la que normalmente acuden tanto representantes de los Estados como miembros de la sociedad civil, porque se negaba a prestarse al "show político" que, a su juicio, había organizado la Comisión.Se trata del segundo periodo de sesiones de la CIDH al que Ecuador rechaza acudir, dado que el país también se ausentó de las audiencias pactadas por la organización el pasado octubre.
Su ausencia se produce cuatro días después de que la Comisión otorgara medidas cautelares a favor de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, condenados a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa. Autoridades judiciales de Ecuador se han negado a aceptar las medidas por considerar que “no tiene atribuciones” y porque el asambleísta ha sido juzgado en todas las instancias.

El artículo 41 del acuerdo internacional establece que la CIDH “tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”.

Como parte de ese deber la Comisión, puede “estimular la conciencia de los derechos humanos”, “formular recomendaciones” a los Gobiernos, preparar informes, solicitar datos a los Estados, entre otras.

La tesis de la diplomacia ecuatoriana, compartida por varios países, es que en ninguna parte de la Convención se otorga a ese suborganismo la capacidad de emitir medidas cautelares.

Esa atribución se la confiere la propia CIDH en un estatuto interno aprobado por los 7 comisionados, pero no ratificado por los países, por lo tanto no es de obligatorio cumplimiento.

En cambio, el artículo 63 de la CADH faculta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a “tomar las medidas provisionales” en casos de extrema gravedad.

Como el Pacto de San José hace esa aclaración, Quito solo aceptará las medidas cautelares que emita la Corte, y no la Comisión. Jiménez solo ha sido favorecido por este último organismo, por lo que su boleta de captura sigue vigente.

El 150° periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que se realiza en Washington (Estados Unidos), recibió a las organizaciones ecuatorianas no gubernamentales Fundamedios, Pachamama, Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Cejil.

Allí expusieron sus demandas, en dos diferentes audiencias, sobre la libertad de expresión y la libertad de asociación, y la defensa de la naturaleza.

Por parte de Fundamedios asistieron el abogado, Christian Oquendo, Mauricio Alarcón y César Ricaurte. Este último insistió en que la libertad de expresión en Ecuador se ha “deteriorado aceleradamente” por la Ley de Comunicación.
A la audiencia denominada ‘Situación del derecho a la libertad de asociación y defensores de la naturaleza en el Ecuador’ asistieron la presidenta de Pachamama, Belén Páez y su director Juan Auz.

Audiencias

Salim Zaidán, experto en derechos humanos, explicó que las audiencias temáticas son para establecer un diagnóstico de la realidad de los derechos humanos, confrontando la información aportada por organizaciones no gubernamentales y la oficial aportada por autoridades del Gobierno.

Para Zaidán, la importancia de asistir a este tipo de audiencias radica en que la CIDH puede tener dos versiones de los hechos.

Pero el experto admite que es “público y notorio” que ciertas organizaciones no gubernamentales tienen un trato preferencial en la CIDH, en perjuicio de otros ciudadanos que no acceden a este organismo.

En ese sentido, sugirió que el organismo internacional debe democratizar su espacio, para que ciudadanos y Gobierno aporten con su información, en igualdad de condiciones.

Datos

Dentro de la carta de los representantes de Fundamedios, Mauricio Alarcón expuso el caso de diario Extra sobre el pedido de rectificaciones y disculpas públicas en dos publicaciones. El tema terminó en un supuesto desacato que es estudiado por la Fiscalía General del Estado.

En tanto, Christian Oquendo señaló que Fundamedios ha denunciado múltiples agresiones en Internet. Algunas están relacionadas con acoso a tuiteros.

Ambas ONG solicitaron a la Comisión elaborar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Ecuador.