El movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) oficializó ayer la propuesta de enmiendas constitucionales que presentó el 2 de agosto a la Asamblea y al Ejecutivo.

La legisladora Verónica Arias, de ARE, y el máximo dirigente de esta organización política y alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, indicaron ayer que son 11 los cambios a la Constitución que presentan para que sean tramitados vía enmiendas o referéndum, junto a la pregunta del pacto ético planteada por el presidente Rafael Correa. La propuesta se divide en 4 grupos.

En materia electoral

Cuatro de las propuestas tienen relación con el ámbito electoral. La primera plantea que en concordancia con el artículo 108 de la Constitución, el Estado no debe asignar fondos públicos a los partidos y movimientos políticos, por cuanto pertenecen a la sociedad. La intención es eliminar el Fondo Partidario Permanente. Además propone que los medios de comunicación destinen un 25% de sus espacios con “cobertura estatal de costos” a la difusión equitativa de las propuestas de gobierno y hojas de vida de los candidatos. Y que las organizaciones políticas que no inscriban candidatos a todas las dignidades de su circunscripción pierdan la personería jurídica.

La segunda propuesta tiene que ver con la disminución del número de legisladores, de 137 a 95. Para ello se propone modificar el artículo 118 de la Constitución, estableciendo que la Asamblea se integrará por un legislador por cada provincia y uno extra por cada 200.000 habitantes, y así eliminar la categoría de parlamentarios nacionales, que son 15, y los del exterior, que son 6.   

Otra propuesta es aumentar el periodo de los cargos de elección popular de 4 a 5 años; y una cuarta que se modifique el artículo 116 y determinar que en las elecciones pluripersonales el voto sea uninominal, con lo que se eliminaría el voto en plancha para que así los escaños sean asignados a los candidatos más votados.

Para gobiernos seccionales

Sobre modificaciones constitucionales relacionadas con los gobiernos seccionales, ARE plantea tres iniciativas. La primera es modificar los artículos 252 y 263. El objetivo es que los prefectos sean electos solamente por la población rural de cada provincia y que se clarifique cuáles son sus competencias exclusivas en el ámbito rural. El prefecto de Pichincha y el presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), Gustavo Baroja, anticipó su desacuerdo.

Así mismo, se modifica la distribución de asignaciones de fondos públicos, con una fórmula equitativa bajo parámetros de tamaño, densidad poblacional, extensión territorial e ingreso per cápita del área de intervención. Se prevé que los consejos provinciales de Guayas y Pichincha reciban recursos solo por sus poblaciones rurales, y los municipios de Quito y Guayaquil no reciban adjudicaciones del Gobierno Central ya que si cobran lo que por ley deben cobrar de impuestos y tasas tienen suficientes fuentes de financiamiento. Esto se ajusta al discurso presidencial de que los gobiernos autónomos deben generar sus propios ingresos y buscar autonomía financiera del Estado Central.

El tercer cambio establece que los ministerios no deben interferir en las competencias exclusivas de los gobiernos seccionales, y que solo la Función de Control pueda intervenir ‘a posteriori’ en los casos en que desde el gobierno central o los seccionales se atente por omisión o acción contra el bien común de la nación o la calidad de los servicios públicos.

En lo laboral y social

En este ámbito son dos las reformas planteadas. En el Art. 326, sobre los principios del derecho al trabajo, se busca agregar en el numeral 4 la frase “el Estado garantizará la equidad remunerativa del trabajo en todas las entidades o empresas públicas o privadas”.

Agrega que la remuneración integral más alta no podrá ser 12 veces mayor que la remuneración menor. Y la otra propuesta es que, con una modificación al artículo 369, sobre el seguro universal obligatorio, los parámetros de aportación, cobertura y jubilación sean iguales para toda la población, sin “ninguna forma de discriminación o privilegio”. Esto modificaría los aportes y beneficios de sectores especiales, como el de las FF.AA. y la Policía Nacional

Para el Gobierno Central

Las dos últimas propuestas corresponden al Gobierno Central. La primera sugiere que no se gaste fondos públicos en publicidad de ninguna de las entidades del Estado o que perciba fondos públicos.

El proyecto señala: “El Estado informa y no publicita, por lo que los medios están obligados a la difusión de la información oficial”, sin carácter publicitario y sin difundir el nombre o imagen de los funcionarios públicos”, precisa.

La segunda propone modificar la desconcentración de la administración del Estado en 7 regiones horizontales y dos metropolitanas (Quito y Guayaquil), de acuerdo al Decreto 878 de 2008. Cada región tendrá un ministro coordinador, que formará parte del gabinete presidencial y dirigirá la actuación de los ministros sectoriales en su circunscripción territorial.

En relación a este tema, Castillo y Arias aseguraron que sí han socializado la iniciativa con legisladores, a nivel seccional; con el movimiento PAIS y con el propio Presidente de la República. La secretaria ejecutiva de PAIS, Doris Soliz, sin embargo insistió en que dicho planteamiento no fue conocido por el movimiento ni en acuerdo con ellos, pero que lo analizarán.

El asambleísta Ramiro Aguilar (i) dijo que en época electoral aparecerán más de estas propuestas con el único fin de buscar protagonismo político, lo que fue negado por Castillo, quien señaló que de ser viabilizadas se aplicarán recién desde 2019. (I)