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Aprobado informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas

Aprobado informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas
07 de octubre de 2015 - 22:48

Con 8 votos afirmativos y cuatro abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, remitido por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica.

El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli, aseguró que la normativa no es privatizadora, busca incentivar la asociación público-privada, dinamizar la participación del sector privado, a fin de que se interese en trabajar junto al sector público en temas como infraestructura, vialidad, conocimiento, investigación, vivienda y, por otro lado, atraer la inversión extranjera a través de otro tipo de incentivos que pasan por el tema, por ejemplo del Impuesto a la Salida de Divisas.

Precisó que en el informe se establecieron cambios de forma y no de fondo. El objetivo es escuchar a los parlamentarios sus observaciones sobre el proyecto de ley y junto a las propuestas de las autoridades gubernamentales, privadas y de control se preparará el informe para segundo debate, donde se incluirán los cambios.

En el informe se destaca que la inversión privada es necesaria para el desarrollo de una sociedad, pues contribuye a la generación de riqueza y a disminuir los índices de pobreza y desempleo, es decir, se trata de un importante motor que impulsa la economía de un país.

Además, se precisa que las asociaciones público-privadas tienen como fin primordial la prestación de un servicio de interés general con calidad a través de un gestor privado, al que mediante contrato de gestión delegada, se le traslada en todo o en parte, la ejecución de un proyecto que implique el menor costo posible para el Estado y que como contraprestación genere a favor del empresario privado, una retribución justa al riesgo, inversión y labor asumida.

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