Antonio García: “Hay que devolverle el carácter preventivo a la Contraloría”

Nombre: Antonio García Reyes
Lugar de nacimiento: Guayaquil
Partido Político: Democracia Sí
Edad: 39 años.
Formación académica: Abogado
Estado civil: Divorciado
Tiene 2 hijas

El candidato a asambleísta provincial por Democracia Sí, Antonio García, habla sobre cómo debe ser el rol de un legislador y cree que deben haber comisiones de veeduría.

¿Cuáles son las principales propuestas de ley que presentará a la Asamblea? ¿Por qué razones y qué piensa lograr con ellas?

Hay que hacer una revisión del sistema normativo vigente, porque existen muchas leyes que ya están ahí, pero no se aplican o no se ajustan a la realidad o necesidad actual. Habría que plantear reformas específicas, por ejemplo, en el ámbito de la salud, a fin de redireccionar su enfoque desconcentrando atenciones y servicios en los mega hospitales de las grandes ciudades y empezando a reactivar y reabastecer los centros y subcentros, que son la primera línea de salud curativa y sobre todo preventiva, cercana a la gente. De esta forma logramos descongestionar y fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública, cuyo colapso quedó evidenciado producto de la emergencia sanitaria.

Debemos implementar también reformas en la Ley Orgánica de Contratación Pública y de la Contraloría General del Estado. Devolver el carácter preventivo de la intervención de la Contraloría en todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios por cualquier vía; debe existir un control previo, concurrente y posterior. La acción de la Contraloría ha resultado ineficiente, pues solo interviene luego de que se ha entregado la obra, de que se ha terminado el contrato y de que se han dilapidado los recursos del Estado.

Deben existir comisiones de veeduría integradas por la ciudadanía, los medios de comunicación y los organismos de control del Estado, que todos los procesos de contratación pública desde los de 100 dólares hasta los de mil millones de dólares, sean lo más transparentes posibles. Vamos a plantear que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa conste una Comisión de Seguimiento, justamente para dar continuidad a los procesos normativos e indispensablemente a aquellos de fiscalización.

¿Cómo ve la Asamblea en la actualidad y qué puede hacer para mejorar su imagen alicaída con apenas el 2% de credibilidad?

El problema no es la Asamblea en sí y ese menos del 2% en la aprobación en su gestión le corresponde asumirlo a los asambleístas que han formado parte de este periodo legislativo ineficiente sumergido en vergonzosos casos de corrupción.

La legitimidad de las instituciones públicas depende de que la actuación de sus miembros se rijan a lo establecido por la Constitución, las leyes, los reglamentos y demás normas, y los resultados de eso dependerán de qué tan comprometidos con servir al país estén y de si tienen o no la voluntad política de hacer que las cosas ocurran y que manejemos la actuación de la Asamblea de una forma distinta, nueva.

El próximo Gobierno no tendrá mayoría en la Asamblea, ¿qué hacer para conseguir la gobernabilidad?

Como actores debemos canalizar y asumir adecuadamente esa responsabilidad y entender que lo que demanda este momento es buscar coincidencias, llegar a acuerdos en función de los intereses de la ciudadanía y no de intereses partidistas o coyunturales. Creemos que sí es posible devolver al país una clase política honesta, eficiente, transparente en su accionar y sobre todo madura, que entienda que hoy debemos generar una amplia plataforma de diálogos para poder llegar a acuerdos nacionales, provinciales, cantonales, siempre en función del bienestar ciudadano y el respeto a los derechos y las libertades.

¿Está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y disminuir el salario de ellos?

Asumir el reto y el riesgo de postularse a un cargo público de elección popular, en las circunstancias de crisis que atraviesa el país a nivel económico, humanitario y político, es algo que en primera instancia debería valorarse, porque requiere compromiso, valentía.

El tema remunerativo siempre debe estar abierto a revisarse y establecerse un justo pago por el trabajo que se realice, como en cualquier otro caso. Pero, que se trabaje efectivamente, no como muchos de los asambleístas actuales que ni siquiera asisten a las sesiones. No creo que el problema de esta asamblea o de cualquier otra sea el número de asambleístas. Pudieran ser los 137 actuales, pueden ser 50, 200, 20, eso no es lo importante, sino qué grado de compromiso con el servicio y voluntad política para cambiar las cosas tengan esas personas que están de alguna forma representando a la ciudadanía en la Asamblea Nacional. (O)