Diego Bonifaz se enorgullece de ser uno de los primeros indignados que alertó que la Contraloría General, en la era de Carlos Pólit, no iba por buen camino. Él asegura que un abogado que trabajaba en el organismo de control le exigió $ 100.000 para obtener un informe favorable de las cuentas del Cabildo.

Bonifaz no pagó y las auditorías en su contra desencadenaron su salida de la Alcaldía de Cayambe, luego de estar 11 años en el cargo y gozar de alta popularidad en el cantón pichinchano.

Ahora, él está retirado de la política activa, pero su testimonio es parte de los juicios que se siguen en contra de Pólit, que lo mantienen con una orden de arresto y prófugo de la justicia, radicado en Estados Unidos.

El exburgomaestre de Cayambe, en entrevista con Medios Públicos, dijo que declaró en la Fiscalía porque no fue el único alcalde que padeció las presiones de la Contraloría, sino que fue la constante en la época de Pólit.

Bonifaz recordó que ese abogado le exigió, en una conversación telefónica, que  pida a sus directores $ 10.000 a cada uno, hasta concretar los $ 100.000. “Como no les di el dinero, me destituyeron injustamente”.

La defensa de Pólit no quiso pronunciarse públicamente sobre este tema, pero sostuvo que la versión de Bonifaz no es una prueba, porque cualquier persona pudo tomarse el nombre de la Contraloría para engañarlo.

Por esa misma línea va el testimonio del exgerente de Odebrecht en Ecuador, el brasileño José Conceição Santos, quien delató los sobornos del excontralor y así consta en el proceso.

En la Corte Nacional de Justicia declaró que Pólit era algo parecido a un ‘cuarto poder’ en el país y que las autoridades siempre lo querían tener de su lado.

“En varias ocasiones he escuchado a él (Pólit) hablando con asambleístas, alcaldes, prefectos y  sé que estaban pidiendo favores (...). Pólit, para mí, era un cuarto poder en Ecuador; tenía un poder impresionante y lo utilizaba para chantajear y para beneficio propio”.

El exgerente de la constructora brasileña aseguró que pagó más de $ 10 millones a Pólit, en dos partes: el primer desembolso fue para desvanecer las glosas por la central hidroeléctrica San Francisco. El segundo fue para obtener informes favorables del poliducto Pascuales-Cuenca; del trasvase Daule-Vinces; en la Refinería del Pacífico; el acueducto La Esperanza y para la hidroeléctrica Manduriacu. Los sobornos supuestamente sirvieron para que se concrete el retorno de Odebrecht y sus negocios con el Estado.

Los procesos contra Pólit
Existen cuatro expedientes judiciales por la gestión de Carlos Pólit en la Contraloría. Dos están en etapa de indagación, uno por supuesto lavado de activos y otro abierto, recientemente, por el audio del diálogo que tuvo con el actual presidente de la Asamblea, José Serrano, en el cual supuestamente acuerdan unirse para sacar al fiscal del Estado, Carlos Baca.

El tercer caso es el de concusión, donde sus abogados esperan que el trámite en la Corte Nacional de Justicia continúe y se convoque a la audiencia de juzgamiento.

El cuarto expediente es por asociación ilícita, donde el juicio está en suspenso hasta que Pólit retorne al país para que reciba su sentencia.

La Corte dispuso que, en caso de que regrese, se mantenga vigente su orden de arresto domiciliario, la disposición para que use un grillete eléctrico y la prohibición de enajenar  sus cuentas y bienes por $ 10 millones.

Su supuesto alias era ‘Miami’
Para caminar en las sombras los ejecutivos de Odebrecht adquirieron un complejo  sistema informático: My Web Day, el cual llevaba un registro informático de las coimas que pagó la constructora en Ecuador y en otros 11 países en América y África.

My Web Day cumplía doble función: archivaba los sobornos que se pagaban por país, por proyectos y obras, montos, cuentas, transferencias y beneficiarios, que eran identificados por alias.

Según el testimonio de Santos, en ese programa el excontralor tenía el nombre clave de ‘Miami’. De esta manera escondieron los supuestos pagos que se hicieron al exfuncionario del control.

La versión del exgerente de la constructora se apoya en la ayuda internacional que envió Estados Unidos a la Fiscalía ecuatoriana.

En la copia de los archivos de My Web Day se encuentra un documento que señala que el 2 de abril de 2014, una de las offshore de Odebrecht, llamada Klienfeld, le transfirió $ 500.000 a ‘Miami’, dinero por el poliducto Pascuales-Cuenca.

En el mismo año, la misma empresa de papel le desembolsó otros $ 700.000, también para conseguir presuntos informes a favor de Odebrecht en la Contraloría.

El fiscal Carlos Baca sostuvo que el excontralor puso ese dinero a ganar intereses, con préstamos hechos a dos empresas. En el enganche de estos créditos aparece como intermediario John Pólit, hijo del exfuncionario y quien también es acusado en el caso de concusión. Él no tiene orden de prisión, pero debe presentarse periódicamente en la Corte Nacional.  

Los dueños de las compañías Plastiquim y Cosani aseguraron que nunca conocieron que ese dinero pertenecía a Odebrecht, sino que venía de la firma Ventura Overseas, que tiene su base en Estados Unidos y que su contacto fue el hijo del excontralor. Esta versión fue aceptada por la Fiscalía y por ello retiró los cargos en contra de los propietarios de ambas empresas: Mauricio N. y Estéfano I.

Pólit, en su defensa, dijo que Santos miente y que la Fiscalía y Odebrecht pactaron para condenarlo. (I)

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La fecha de la grabación del audio está aún en duda
Está previsto que hoy se inicien las pericias técnicas para analizar la veracidad del audio en donde se escucha una conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit.

El fiscal Fabián Salazar aseguró que primero se escuchará el audio, para luego realizar su transcripción.

Otro de los exámenes que se cumplirá en Criminalística es el cotejamiento de voces con el fin de tener la certeza de a quiénes corresponden las voces.

Los principales participantes en la conversación, Serrano y Pólit, ya admitieron que son sus voces. Sin embargo, en el caso del presidente del Legislativo, dijo que se debe entender el contexto de días y hechos que vivía cuando se grabó esa charla.

En ese sentido, el excontralor Carlos Pólit sostuvo que él grabó su diálogo con Serrano, pero que no lo hizo público y que ese audio fue sustraído ilegalmente de su teléfono celular.

A propósito del origen de la denuncia, el fiscal general Carlos Baca dijo que recibió un informe de la Policía donde le detallaba que la grabación estaba en redes sociales. Luego de eso decidió hacerla pública el lunes pasado.

Otro punto que está en análisis es la fecha en la cual ocurrió esa grabación. Por un lado, Pólit sostuvo que ocurrió a finales de noviembre de 2017. No obstante, para la defensa de Baca, esa versión no tiene sustento, puesto que se habla de cosas que ocurrieron meses después.

Específicamente, las dudas aumentaron porque se menciona la decisión de la Fiscalía de no acusar al exgerente de la Refinería de Esmeraldas, Álex Bravo, por el delito de peculado. Esta decisión se tomó a inicios de febrero del presente año. Esa acción fue cuestionada por Pólit durante el diálogo con Serrano.

Asimismo, se busca revelar la identidad de dos personas que son nombradas, pero que se ocultan sus nombres. La una es tratada como “amiga” y supuestamente recibiría los informes de Contraloría en contra del Fiscal del Estado.

El viernes pasado, Thania Moreno negó que sea “amiga”. Ella es actual fiscal subrogante y  emprendió tres indagaciones penales contra Baca.

Además, Serrano entregó en su despacho la presunta auditoría donde se revelarían anomalías en el manejo de la comisión que investigó el 30-S y de la cual Baca era uno de sus miembros.

Otro personaje desconocido en la  trama es un hombre conocido como “chiquito”, quien fue el  presunto nexo para que Serrano reciba los documentos que se encontraban en poder de Pólit. Existe la presunción -según los investigadores- de que se
trataba de Germán Rodríguez Chiquito, familiar político de Pólit y socio de Sabet Chamón, una de las personas de confianza del excontralor. (I)

Más contratos de Odebrecht se auditan en la Contraloría
La Contraloría General ejecuta siete nuevos exámenes a los contratos firmados por la constructora brasileña Odebrecht desde 2011 a 2016.

En esta etapa, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y del Departamento de Estado de Estados Unidos, la firma extranjera entregó coimas por más de $ 30 millones a autoridades y funcionarios públicos para beneficiarse con los contratos estatales.

Estas nuevas auditorías son independientes a los exámenes que emitió la Contraloría el año pasado. En 2017 se revisaron 33 informes de obras relacionadas con Odebrecht. De este análisis se remitieron 12 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General.

En esos reportes fueron  señalados, entre otros, exministros como Walter Solís; Carlos Bernal y Bismark Andrade, exgerente de la Refinería del Pacífico, además de otros funcionarios de menor rango jerárquico. Por el momento, además, la Fiscalía abrió varias indagaciones previas para confirmar o no los indicios de responsabilidades hallados por los auditores del ente de control.

De acuerdo con otro informe de la Contraloría, las obras auditadas nuevamente son: el acueducto La Esperanza; la Refinería del Pacífico; el proyecto hidroeléctrico Manduriacu; el poliducto Pascuales Cuenca y el trasvase Daule-Vinces. Las mismas obras cuestionadas por las irregularidades encontradas en la adjudicación de las contratos, en la fiscalización de los trabajos y en la extensión de los costos, que representaron la elevación de los presupuestos iniciales.

Adicionalmente se abrieron nuevos expedientes por la construcción de la autopista al aeropuerto de Quito, conocida como la Ruta Viva. Además, sobre  el Metro de la capital, en su fase II. En el caso del Metro de Quito, la fiscal subrogante, Thania Moreno, declaró el archivo de la indagación previa que se cumplía a esta negociación.

Dijo que no existieron los indicios suficientes para seguir con el expediente. Pero su acción fue cuestionada por asambleístas cercanos al expresidente Rafael Correa, quienes dijeron que el archivo del expediente penal es el resultado de una negociación política para que el movimiento SUMA, que lidera el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y que contrató el Metro, apoye al titular  de la Asamblea Nacional, José Serrano, cuestionado por la revelación de una charla con el excontralor Carlos Pólit.

Una de las acciones que tiene pendiente la Fiscalía es iniciar los expedientes penales en contra de los directivos de Odebrecht. Esta es una decisión que tomó la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y que es parte de la sentencia que emitieron contra el exvicepresidente, Jorge Glas, por supuestamente asociarse para beneficiar a la compañía brasileña con contratos.

Justamente, esas obras serán nuevamente revisadas por los equipos de la Contraloría. (I)