La jueza Daniella Camacho tiene siete años en la Corte Nacional de Justicia, pero en este último su nombre saltó a la palestra pública.    

A su despacho han llegado los dos juicios más importantes contra el expresidente Rafael Correa. El primero fue por su presunta participación en el secuestro de Fernando Balda, en Colombia, en el 2012. Y en esta ocasión porque supuestamente lideró una red de sobornos que exigía dinero a empresas contratistas del Estado para campañas políticas.

Camacho retrasó su última decisión. Ella convocó a la fiscal Diana Salazar y a los abogados defensores a las 16:00 de este jueves 8 de agosto de 2019. No obstante, anunció que la audiencia tendría un retraso de 90 minutos.

Durante ese tiempo hubo incertidumbre. A las 17:42, la jueza de la Corte Nacional llegó a la sala de audiencias. Ella no solo debía confirmar la prisión contra el ex-Mandatario, sino también el pedido de la Fiscalía para que la Interpol lo capture.        

En dos ocasiones anteriores la Policía internacional rechazó los pedidos contra Correa, asegurando que no cumplen con los requisitos impuestos a Interpol.     

Pero ahora las infracciones imputadas contra Correa son cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, cuya pena es la privación de la libertad de entre 3 y 13 años.    

Fausto Jarrín, abogado de Correa, comentó que la Fiscalía carece de evidencia y que las explicaciones que le darán a Interpol son exactamente las mismas que utilizaron en el caso Balda, la falta de fundamentos para la protección de derechos humanos”. También indicó que apelará inmediatamente las decisiones que se tomen en el juzgado.

La fiscal Salazar además pidió la prisión del exvicepresidente Jorge G., y de los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís. Asimismo, del exasesor del Ministerio de Transporte, Yamil Massuh.

Hasta el cierre de esta edición, la jueza Camacho no se pronunciaba sobre la detención de los cuatro.

Harrison Salcedo, abogado del exvicepresidente, recalcó que una nueva orden de prisión contra su cliente no tiene sentido porque él está detenido y no hay riesgo de que pueda escaparse.    

Jorge G. cumple una sentencia de seis años de prisión por su participación en el escándalo de contratos públicos a favor de Odebrecht.

El caso de Alvarado y Solís es distinto. Ambos no están en el país, por eso la Fiscalía recomendó que se pidiera el respaldo de Interpol para que los busque y detenga.    

Para la jurista Vanessa Zabala, defensa de Alvarado, las facturas que se encontraban con las siglas de su cliente, las cuales fueron encontradas en los archivos de Laura T., corresponderían al 2011. “Se encuentran fuera del periodo de investigación. En ese sentido no habría ningún elemento de convicción que se encuentre en el periodo de vinculación”, recalcó.

La Fiscalía también consideró que es necesaria la captura del exasesor del Ministerio de Transporte, Yamil Massuh. La semana pasada, la Policía lo arrestó en la frontera con Perú y lo hizo para que acudiera a la Fiscalía a rendir su versión. Él no acudió a los dos llamados anteriores. (I)