El activista Patricio Marcelo Meza Saltos es el primer beneficiado con el recurso de indulto que otorgó el presidente de la República, Lenín Moreno, luego de la firma del respectivo Decreto Ejecutivo 32, el pasado miércoles.

Meza fue sentenciado a seis meses de prisión por el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza, tras haber sido acusado de ataque y resistencia durante su participación en una protesta en agosto de 2015, en donde fue herido un policía y hubo daños al bien público.

El Jefe de Estado escribió en su cuenta de Twitter: “¡Buenas noticias! El diálogo empieza a dar frutos. Acabo de indultar a Patricio Marcelo Meza Saltos que fue sentenciado en Pastaza”.

El indultado estaba preso desde el 6 de junio pasado, tiempo en el cual, según el Decreto, ha mostrado una conducta óptima y, por no tener otros procesos judiciales, se benefició del perdón presidencial.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en un comunicado informó ayer que Meza “es el primer líder social de los 197 pedidos de amnistía hechos el 30 de mayo de 2017”.

Agregó el documento que este acto es solamente el inicio, pero “más de 196 compañeros  y compañeras, entre indígenas, mestizos de distintos sectores sociales populares esperan la amnistía y el indulto, en algunos casos”.

Según Jorge Herrera, presidente de la organización indígena, el indulto y la amnistía debe ser una muestra de voluntad política del presidente Lenín Moreno, para empezar los diálogos, pero los demás temas pueden ser tratados en el escenario de un gran debate nacional.

“El diálogo no se trata solo de un discurso de buenas intenciones sino que se haga efectivo, no dejamos de analizar este tema”, dijo.

Enfatizó que solo es voluntad política del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, no de argumentos jurídicos porque -a su criterio- “fueron personas perseguidas en el gobierno anterior y lo que se ha hecho es criminalizar la protesta”.

Corresponsabilidad

El pronunciamiento de la Conaie y sus propuestas para entablar un eventual diálogo con el Gobierno son, a criterio de analistas consultados, una demostración de una ausencia de corresponsabilidad.

Incluso, consideran que el Ejecutivo debe estudiar primero caso por caso, ya que la Constitución establece que hay delitos por acciones en los cuales un procesado o sentenciado no puede acogerse de estos beneficios.

Para el docente universitario Fernando Garzón, plantear una condición para un diálogo no corresponde a la apertura del presidente Lenín Moreno. “Creo que la Conaie no está considerando eso para asumir una relación cordial y flexible”.

Además dijo es un condicionamiento vinculado con temas que corresponden al poder judicial. De allí que lo viable es evaluar los casos para establecer si cabe un indulto.
Indicó que el Ejecutivo debe caracterizarse por el respeto a las funciones de los poderes del Estado. “El sector indígena acusó al gobierno anterior de interferir en la justicia, entonces no podría exigir al actual que haga lo que se critica”.

El analista Édgar Alan García consideró necesario que el Gobierno evalúe si las exigencias de la organización indígena son viables. “La Conaie ha puesto sobre la mesa una lista de supuestos presos políticos, pero se debe revisar si han incurrido en actos delictivos o no”, indicó. (I)

---------------------

Bonilla: El diálogo debe ser de doble vía

El llamado al diálogo del presidente Lenín Moreno no está sujeto a condiciones de ninguna naturaleza que no sea la voluntad de trabajar en beneficio del país, manifestó la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, tras señalar que es un llamado amplio y para todos los sectores no solo al movimiento indígena. “El diálogo debe ser de doble vía”.

A nivel legislativo explicó que el pedido de la Conaie es analizado por una comisión que revisará 25 casos, entre juicios e indagaciones fiscales, a fin de obtener una lista depurada de los eventuales beneficiarios de una amnistía, pues en la lista original constan juicios y nombres repetidos e incluso personas que ya han fallecido.

Explicó, que según el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe verificar que los pedidos de amnistía cumplan con los requisitos previstos en la ley, para luego ser enviados a la Comisión de Justicia. El trámite se inició el 7 de junio. La comisión debe elaborar un informe sobre la procedencia constitucional y legal de cada caso.

La Asamblea no puede conceder amnistías en casos de corrupción, genocidio, secuestro, tortura o desaparición de personas, como lo establece el artículo 120 de la Constitución.

El informe, dijo, deberá ser votado en el Pleno de la Asamblea, donde se requiere dos tercios de los legisladores, según  el mismo artículo 120 de la Constitución.

La Asamblea puede conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Los indultos solo se conceden sobre condenas ejecutoriadas, una amnistía puede plantearse en cualquier momento del proceso penal. (I)