Hoy se cumple un año más de los acontecimientos ocurridos en las afueras del Regimiento Quito, conocido como ‘30S’, donde un grupo de elementos de la Policía protagonizó una violenta sublevación.

Después de 7 años, 25 casos continúan en las salas de la Corte Nacional de Justicia. En la mañana del 30 de septiembre de 2010, el país iniciaba sus labores con flashes informativos sobre el malestar en los elementos de la tropa de la Policía Nacional, que protestaban contra la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) aprobada por la Asamblea Nacional el 11 de agosto de 2010.

Según el cuerpo legal, la Policía y los militares serían integrados a la Losep. Las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron asignadas al ámbito del Ministerio de Educación y sus servidores adscritos al sistema educativo público.

La visita y posterior intervención que realizó el expresidente Rafael Correa provocó reacciones de ambos lados y, lejos de que se calmen los ánimos, hubo intentos de agresión y otros actos violentos.

En el enlace ciudadano del 2 de octubre se afirmó que el 30-S fue producto de un complot planificado por la oposición para derrocarlo.

Esta misma aseveración fue respaldada por organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conformó una comisión que emitió un comunicado en enero de 2012 en el que declaraba que los hechos “constituyeron un intento de desestabilización política y una amenaza al orden constitucional y democrático”.

El asambleísta Carlos Viteri Gualinga (PAIS) dijo que “todos sabemos las circunstancias confusas en las que se dio (el 30-S), donde tuvimos una oposición que conspiró”.

Dijo que este intento fallido de golpe de Estado debe ser recordado, porque “la democracia resultó triunfante”.  

Lo mismo dijo su coidearia, Soledad Buendía, quien sostuvo que este es un recordatorio de que la democracia se defiende día a día.

Miembros de la Policía Nacional fueron inculpados y la institución sufrió transformaciones, incluso, al siguiente día, el general Freddy Martínez renunció a su cargo y fue reemplazado por Florencio Ruiz.

Para Buendía han existido cambios en la justicia y en la Policía. “Ahora los policías tienen que pasar el polígrafo. Eso limpia a la institución de los malos elementos que pueden existir, a pesar de que es una entidad que fortalece la democracia”.  

Con esto concuerda Viteri, quien indicó que “es indudable que la policía y las FF.AA. han tenido una transformación trascendental”.

En los hechos, junto al expresidente Correa, estuvo el ahora presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, para quien el 30-S reflejó “dos historias contradictorias: una, la de los caídos, que fallecieron innecesariamente en una revuelta policial injustificable; otra, la de un pueblo que se volcó a defender más allá que a un presidente, a la democracia y sus instituciones”.

Dijo que el 2010 fue “un año duro para la historia del Ecuador” y que los actos no pueden quedar en la impunidad. “Algunos tienen sentencias, otros han reconocido su responsabilidad y se han beneficiado de indultos”.

Además manifestó que pese a la violencia sufrida, las acusaciones contra los responsables deben darse bajo el debido proceso. “Siempre será doloroso el 30-S, pero fue un hecho de afianzamiento de la democracia”.     

El pasado 21 de junio, en la audiencia preparatoria de juicio por presunto delito de secuestro extorsivo al expresidente Rafael Correa, dentro del caso 30-S, el juez Geovanny Freire resolvió el sobreseimiento momentáneo de 5 uniformados y el autollamamiento a juicio a otros 9, luego de analizar los elementos de convicción y pruebas presentados por la Fiscalía.

Este sería el primer año en que Correa no participaría en las conmemoraciones, sin embargo, por su cuenta de Twitter comentó que ecuatorianos en Bélgica realizarán una cena y que en ese espacio emitiría su tercer enlace digital.

El asambleísta por CREO, César Carrión, también organizará un evento para conmemorar la fecha en las afueras del Regimiento Quito, a las 10:00. Además solicitó que el presidente Lenín Moreno indulte o rebaje las penas a los inculpados en los hechos. (I)

DATOS

Los 25 casos que siguen pendientes corresponden a: cuatro en indagación previa, uno en instrucción fiscal, tres en etapa intermedia, cuatro en etapa de juicio, siete en apelación y seis en casación, tal como lo señala el informe de la Fiscalía General del Estado.

Las confrontaciones segaron la vida de cinco personas: Juan Pablo Bolaños, estudiante de Economía de la Universidad Central; los soldados Darwin Panchi y Jacinto Cortez; Edwin Efrén Calderón Landeta y Froilán Jiménez, miembros de la Policía Nacional. Además hubo 274 lesionados, de los cuales 25 se encontraban en estado crítico.

En total 298 personas fueron investigadas: 76 han sido declaradas inocentes, mientras que 222, culpables. La suspensión de servicios públicos fue el delito con más implicados: 147 en total (36 de ellos, inocentes).