En un nuevo reporte, la Fiscalía informó que 123 personas han sido detenidas en el país en el marco de las protestas iniciadas el 13 de agosto pasado, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Del total de aprehendidos, 62 ciudadanos tienen prisión preventivas tras las formulaciones de cargos.

En la provincia de Orellana, 8 personas están con cargos de sabotaje, de ellos a 6 se les dictó prisión preventiva y a las 2 restantes se les dio medidas alternativas.

El sabotaje está estipulado en el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): "La persona que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público, destruya […] bienes esenciales para la prestación de servicios públicos…".

Mientras que a 57 ciudadanos se les abrió instrucciones fiscales por paralización de servicios públicos en las provincias de Cañar, Esmeraldas, Morona Santiago y Loja. En el COIP, artículo 346, se sanciona penalmente a la persona que impida o paralice "la normal prestación de un servicio público".

A otras 42 personas, el Ministerio Público formuló cargos por su presunta participación en ataque o resistencia en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Pastaza y Morona Santiago. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 283 del COIP, que sanciona a las personas que ataquen o resistan, con violencia o amenazas, a los agentes de la fuerza pública.

Dos personas en Guayas están con medidas cautelares por posesión de armas. Asimismo, 4 detenidos cometieron contravenciones en Azuay, cuyos casos pasaron a conocimiento de los jueces respectivos y fueron sancionados el 13 de agosto con cinco días de prisión.

En la provincia de Azuay, un ciudadano está con prisión preventiva por presunta incitación a discordia entre ciudadanos, delito tipificado en el artículo 349 del COIP que sanciona a la persona que “promueva la discordia entre ciudadanos incitando a armarse unos contra otros”.

Para otras 9 personas, los jueces, a pedido de la Fiscalía, no calificaron la flagrancia, es decir, recuperaron su libertad. Esto sucedió en las provincias de Pichincha y Pastaza.

En Loja se registra el mayor número de detenidos, con 34. De estos, 26 están con prisión preventiva, 4 personas están con medidas cautelares y se abrieron  investigaciones previas a otros 4 ciudadanos. Todos están con cargos de paralización de servicios. (I)