El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, informó que 56 personas se encuentan con prisión preventiva por las violentas protestas en el país, que iniciaron el pasado jueves 13 de agosto, en el marco del denominado "paro nacional" convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sectores afines.

Entre los delitos que se les imputa constan: ataque y resistencia, paralización de servicios públicos, incitación a discordia entre ciudadanos, y posesión de armas o municiones.

En total, la Fiscalía registró 111 personas detenidas, de las cuales a 50 se les abrió instrucciones fiscales por paralización de servicios públicos en las provincias de Cañar, Esmeraldas, Morona Santiago y Loja. El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a la persona "que impida o paralice la normal prestación de un servicio público".

A otras 42 personas, el Ministerio Público formuló cargos por su presunta participación en ataque o resistencia en las provincia de Pichincha, Cotopaxi, Pastaza y Morona Santiago. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 283 del COIP, que sanciona a las personas que "ataquen o resistan, con violencia o amenazas, a los agentes de la fuerza pública".

Dos personas en Guayas están con medidas cautelares por posesión de armas. Asimismo, 4 detenidos cometieron contravenciones en Azuay, cuyos casos pasaron a conocimiento de los jueces respectivos y fueron sancionados con cinco días de prisión.

En la provincia de Azuay, un ciudadano está con prisión preventiva por presunta incitación a discordia entre ciudadanos, delito tipificado en el artículo 349 del COIP que sanciona a la persona que "promueva la discordia entre ciudadanos incitando a armarse unos contra otros".

Para otras 12 personas, los jueces, a pedido de la Fiscalía, no calificaron la flagrancia, es decir, recuperaron su libertad. Esto sucedió en las provincias de Pichincha, Pastaza y Loja.

De acuerdo al reporte emitida por Fiscalía, el mayor número de detenidos se encuentra en la provincia de Pichincha, con 25. De estos, 2 son menores de 18 años, quienes deberán cumplir 40 horas de labor comunitaria en la Unidad Judicial de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores. 

Plantón

Esta mañana en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, al norte de Quito, un grupo de organizaciones sociales e indígenas  se concentró para denunciar lo que calificaron como "agresión a los derechos humanos" contra un centenar de indígenas que salieron a manifestarse en varios sectores del país. 

Una comitiva conformada por Blanca Chancoso, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y Nina Pacari, representante legal, demandó la libertad de los detenidos en las movilizaciones, entre ellas Margoth Escobar, dirigente del Puyo (Pastaza) y decenas de personas en Quito , desde el fin de semana, en Morona y Saraguro. (I)