El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social trabaja desde hace 2 años en la unificación de la seguridad social en el país. Por ello se realizará una reforma integral que permita la universalización del servicio que busca que todos los ecuatorianos tengan una vejez digna y que estén protegidos en caso de invalidez y muerte.         

La ministra coordinadora, Cecilia Vaca, explicó que actualmente en el país hay dos niveles de contribuyentes. El primero es el que cotiza mensualmente porque tiene un trabajo dependiente fijo, y por el otro lado está el autónomo, que es quien voluntariamente se afilia a la entidad. La reforma crearía una diferenciación en las cotizaciones, en la pensión mensual que deberán aportar estos trabajadores.

De hecho esta es la propuesta de la Confederación Unitaria de Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cutae). Su presidente, Gustavo Zurita, quien también es el vicepresidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), aseguró que ellos tienen prevista una reunión con el Presidente de la República para entregar su propuesta a este tema el próximo lunes.

Según Zurita, de la población económicamente activa en el país el 72% es trabajador autónomo y de este el 49% ocupa el espacio público, es decir que está en las calles. Pero según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a diciembre de 2014 el sector informal de la economía representaba el 53,43% de la población económicamente activa, lo que equivale a 3.7 millones de personas.

Zurita asegura que en este grupo están vendedores de periódicos, lotería, comida, agua, entre otros. El dirigente estima que son alrededor de 3 millones de personas las que se involucran en esta actividad informal y que no tienen acceso a la seguridad social.  

Los trabajadores autónomos piden que el Código de Trabajo los incluya para que puedan acceder al derecho universal. La primera propuesta sería para quienes venden periódicos, revistas y lotería. Zurita detalló que estas personas ganan alrededor de $ 200 mensuales y se espera que sobre eso se calcule el aporte.

Ellos plantean que las empresas que fabrican los productos que ellos venden asuman el 80% del aporte y que el 20% lo paguen los informales. Basan su iniciativa en que ayudan al progreso de las empresas.

Además esperan que se haga una escala para que todos los comerciantes puedan acceder al seguro. El dirigente explicó que entre los trabajadores autónomos están también los profesionales, cuyos ingresos no se pueden comparar con los de vendedores de las calles, así que el aporte tampoco puede ser igual.

Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea, trabaja con los insumos técnicos que entregó el Ministerio de Coordinación Social para analizar la factibilidad de la propuesta. Los legisladores están analizando grupos específicos y ya se determinó que es viable la propuesta.

La Comisión está concentrada en las trabajadoras del hogar no remunerados. Según Carrillo son 430 mil mujeres que reciben el bono de desarrollo humano las que están habilitadas para incorporarse a la seguridad social, lo que debe ser de forma libre y voluntaria.    

En este tema ya está el informe para el segundo debate legislativo y una vez cumplido el trámite se incorporaría la disposición de forma inmediata.        

Según Carrillo se va trabajando por etapas. Lo que se busca es que exista un cambio cultural porque ahora no solo se vincula a la seguridad social con la salud sino con las pensiones que garantizan la sustentabilidad de los adultos mayores y de las personas que están vulnerables por incapacidad o de los dependientes del asegurado en el caso de muerte del titular.

Seguro social campesino

Otro de los cambios sustanciales que se hará tiene relación con el Seguro Social Campesino. El Jefe de Estado criticó que este sector se trate como una entidad independiente cuando está dentro del mismo tema. Son 300 mil personas las que aportan $ 2 mensuales para recibir la cobertura social.

La queja en este sector es que la recaudación mensual, en muchas ocasiones, se ha prestado para manipulaciones políticas porque estas son afines con el desaparecido Movimiento Popular Democrático o  Pachakutik, que deciden quién recibe la cobertura. “Es ahí cuando surgen las manipulaciones para que los campesinos acudan a las marchas, los amenazan con que los van a sacar de la lista sino los apoyan, cuando este beneficio lo cubre el Estado”, denunció el presidente Correa.  

Por esto la propuesta es que sean los campesinos quienes puedan voluntariamente depositar el aporte para evitar las presiones políticas y una triangulación.

Sobre este punto Carrillo explicó que este aspecto es netamente administrativo y por ello no le compete a la Asamblea hacer una reforma. “Serán acciones de tipo administrativo por parte del IESS, ya en un manejo interno. Nosotros no lo hemos tratado pero para hacerlo de manera inmediata se lo puede hacer de manera directa”, afirmó.

Unificación de aportes

Una buena noticia para los servidores públicos es que la reforma unificará los aportes que realizan al IESS, puesto que ellos aportan más que sus compañeros del sector privado. Esto se aplicaría desde enero próximo.

Esta medida le significará a los servidores públicos un incremento en sus sueldos de 2%, a lo que se sumará también el aumento anual que se hace a sus salarios.

Los servidores públicos pagan el 11.45% del sueldo y el patronal 9.15% para sumar un total de 20.6% Mientras que en la parte privada, es al revés, los afiliados cubren el 9.45% y el patrono el 11.15%. El Presidente pidió que esta inequidad sea corregida. Además denunció lo mal estructurada que está la Ley de Seguridad Social.

Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, indicó que esta medida es positiva porque se acabará con esa inequidad que había con los servidores públicos que debían pagar más.

La entidad agrupa a servidores del sector salud, de la misma seguridad social, entre otros.

DATOS

La equiparación de las tasas de cotización entre el sector público y privado para pensiones significa que el aporte patronal del Estado deberá pasar de $ 700 millones a $ 853 millones en 2016.

La ministra coordinadora de desarrollo social, Cecilia Vaca Jones, indicó que el país debe aprovechar que  tiene una población cuya mayoría es económicamente activa y está en capacidad de sostener el seguro social.

El presidente Rafael Correa aclaró que la reforma no implica que desaparecerán el seguro de la Policía o de las Fuerzas Armadas, sino que el concepto debe ser unificado. Criticó que haya distinciones en las aportaciones entre estas 2 instituciones.

Un sector en donde no hay una regulación en cuanto a la seguridad social es el del transporte, por ello la reforma también abarcará a este sector. Los choferes de los buses, en su mayoría, no gozan de seguridad social.