Bajo el actual sistema, la seguridad social solamente está ligada a quienes tienen relación de dependencia, por lo que está cerrada para otras modalidades de relaciones laborales que existen en el país. Esto consta en la ley vigente promulgada el 30 de noviembre de 2001, y creada bajo la Constitución de 1998.

Actualmente hay más de 3 millones de afiliados, pero existe un grupo de otros 3 millones de personas que no acceden a los beneficios de la Seguridad Social, según cifras de la Cucomitae (Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador).

Con la finalidad de acoger a los trabajadores informales, además de 20.000 recicladores, 300.000 choferes y 55.000 trabajadoras sexuales, se prepara una nueva ley de Seguridad Social. Así lo mencionó el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa. “La ley se construye con el Ejecutivo y con los equipos que realizan los estudios actuariales”.

El principal reto de la nueva norma será garantizar la universalidad de este beneficio, que de hecho es un mandato constitucional.

Por eso, un punto concreto será abrir las puertas a todos los trabajadores autónomos, pues su incorporación garantizaría la continuidad del Seguro Social en el futuro.

Mientras más afiliados haya, habrá mayores ingresos para pagar las pensiones a los jubilados. Actualmente la relación es de 7 trabajadores activos por cada adulto mayor. La reforma podría incrementar aún más esa diferencia.

El objetivo es que este mismo año haya un borrador de la nueva ley para su socialización en los territorios. Otra finalidad del Gobierno es “revolucionar” una institución que históricamente ha sido cuestionada por la deficiencia en las prestaciones que brinda.

Durante la posesión de nuevos funcionarios, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció el pasado 29 de abril que se realizará una nueva normativa y una reforma integral al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ya inició la discusión a nivel del Ejecutivo sobre esta nueva propuesta legal.

El asambleísta de PAIS, Fausto Cayambe, recordó que la ley vigente registra declaraciones de inconstitucionalidad en 2003 y reformas en 2009, 2010 y la reciente en 2015.

En realidad los asambleístas plantearon en febrero de 2013 una nueva Ley de Seguridad Social que permita un cambio estructural para tener un sistema nacional de seguridad social público y universal, como lo manda la Carta Magna.

En ese sentido, Cayambe, que forma parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, considera que se necesita entregar al país una nueva legislación que permita desarrollar la universalización de este servicio.

Pero no será un proceso sencillo, según varios asambleístas como Ximena Ponce, porque el seguro social plantea prestaciones previsionales como la salud, maternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, discapacidad, muerte, entre otros, que deben estar financiadas para no comprometer el servicio del IESS en el futuro.

El primer paso ha sido dotar de pensiones de jubilación, invalidez y muerte a las amas de casa que existen: 1’500.000. Paralelamente el Estado ya garantiza a los adultos mayores la jubilación universal.  

Hasta el momento hay 3 propuestas

Carlos Castellanos, presidente del Cucomitae, explicó que su gremio entregó una propuesta a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en torno a las condiciones de la inclusión de los trabajadores autónomos a la seguridad social considerando que no cuentan con un salario fijo.

Este gremio propone todos los beneficios con un régimen especial y con el pago del 3% del salario mínimo vital. Este documento, denominado Proyecto de Ley Reformatorio al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social para la estabilidad de los Derechos de los Trabajadores en Ecuador, fue entregado el 13 de noviembre de 2014.

El jurista y catedrático, Marco Proaño Maya, opina que una nueva legislación sobre seguridad social amerita un debate responsable y serio con todos los sectores.

Según su análisis, la nueva legislación debe asegurar la universalización de la seguridad social y el Estado debe financiar las prestaciones de salud y jubilación, invocando los principios de progresividad. Así en su libro ‘Seguridad Social y Sociedad Democrática’ recomienda, entre otros ejes, la aprobación  de una nueva ley que contenga una reforma estructural con viabilidad social, financiera y política que consagre el aseguramiento universal y asegure la salud y el pago de pensiones.

Esto en cuanto a la parte técnica, pero también entraría en debate la cuestión política. Varios sectores aprovechan la sustitución del aporte estatal del 40% a las pensiones jubilares por una garantía para cuestionar la presencia de un delegado del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS.

El propio presidente Rafael Correa ha criticado el modelo actual del IESS, concebido en la década del 40, por lo que se considera obsoleto. Es un esquema tripartito donde están representados los empleadores, los trabajadores y la Función Ejecutiva.

En esa línea, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, dijo que la entidad requiere un manejo más ágil y el reto es revolucionar la institución. Por ejemplo la actual estructura está diseñada en una división provincial y no a través de zonas de circuitos y distritos como ocurre con los ministerios. Esa estructura fue diseñada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) para el Gobierno.

“Hay cargos que para mi punto de vista no deberían existir, hay muchas subdirecciones. Creo que mientras más vertical sea la conducción de una institución, más burocratizada y problemática es.Pero mientras más horizontal sea, mucho mejor para una reestructura”, dijo el funcionario. Y aseguró que están preparados para recibir a los nuevos afiliados. (I)

DATOS

El sistema del Seguro Social inició con las leyes dictadas en 1905, 1915, 1918 y 1923 para amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del Poder Judicial.

La Asamblea Nacional aprobó el 14 de abril la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que reforma el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social.  

Con esta nueva norma se integrarán más afiliados al IESS, como 1’500.000 trabajadoras no remuneradas del hogar. La meta es que este mismo año se afilien las madres que cobran el Bono de Desarrollo Humano, que son más de 400.000 mujeres.

Ellas deberán aportar $ 2 mensuales, que serán descontados del bono de desarrollo humano. El resto de la aportación será subsidiado por el Estado. Tendrán acceso a pensiones jubilares o por invalidez, no así al servicio de salud.

El BIESS registra $4.330 millones en créditos hipotecarios, lo que quiere decir que el banco concentra un poco más del 60% de estos créditos que se otorgan en el país. Otro de los avances es que se duplicó el número de afiliados, que pasó en 2006 de 1’400.000 a 3’100.000, mejorando la calidad de trabajo.

El IESS registraba 1.988 médicos generales hasta 2007. Ahora hay 5.225 galenos y se contratará a 340 médicos cubanos especialistas.   

Antes de 2007 ingresaban solo por motivos de prestaciones cerca de $ 1.000 millones y ahora existen ingresos por $ 4 mil millones.