El organismo tiene previsto terminar este fin de semana
25 grafólogos revisan las firmas con “dudas” del colectivo Yasunidos
El proceso de revisión de firmas del colectivo Yasunidos continuó en el excomisariato del Ejército, en el norte de Quito. El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzó, entre miércoles y jueves, con la revisión de 319.103 registros, de un total de 599.103 firmas, que pasaron la primera fase de revisión y fueron aprobadas para la siguiente fase.
El CNE tendría previsto concluir este fin de semana con las 280.000 rúbricas restantes, a pesar de que aún tiene tiempo debido a que el plazo establecido para culminar la labor es de 15 días.
Luego de la revisión, el CNE emitirá un informe técnico-jurídico, aprobado por el pleno del organismo electoral.
La etapa de revisión de rúbricas se realiza sin la presencia de los veedores de Yasunidos. Este grupo promueve una consulta popular sobre la explotación del bloque ITT. Para lograr un referendo se requiere el apoyo de 583.324 personas, lo que equivale al 5% del padrón electoral.
A pesar de que los integrantes de Yasunidos no participan en el proceso, 8 observadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) vigilan permanentemente la revisión. A ellos se suman 10 observadores nacionales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y de la Defensoría del Pueblo.
Ángel Camacho, representante de Uniore, destacó que el proceso se realiza “con normalidad y cumpliendo con los procedimientos establecidos”.
El sistema que usa el CNE es “bastante ágil, dinámico, no hay retrasos en el momento de mostrar las firmas para su verificación final”.
Camacho calificó como “interesante” el hecho de que las organizaciones puedan promover referendos y que el CNE garantice la transparencia. “Nos llama la atención la participación de las personas y los procesos ágiles y técnicos”, dijo. José Pardo, representante de Unasur, constata “que el CNE cumple con los procedimientos establecidos, hay reglamentos e instructivos que hemos verificado y que se están cumpliendo a cabalidad”.
“Todo marcha de acuerdo con lo planificado”, por ello acotó que hasta el momento “no hay un informe preocupante sobre el proceso que se ejecuta”.
“El trabajo se realiza conforme a los procedimientos del CNE. Hemos constatado la presencia de grafotécnicos que apoyan la revisión técnica”, comentó Pardo.
Al finalizar el proceso, tanto Uniore como Unasur emitirán un informe sobre el desarrollo de la revisión de firmas del colectivo.
En el proceso de revisión de firmas intervienen 250 verificadores contratados por el CNE y 25 grafotécnicos nacionales e internacionales. Participan expertos de Perú, Bolivia y Puerto Rico.
Marco Tipán revisa las rúbricas que los verificadores, en primera instancia, califican como dudosas, es decir aquellas en las que no están seguros en un 100%. Los grafólogos toman la determinación final.
Ellos analizan “autoría gráfica y personalidad”. Como parte de este proceso estudian la evolución gráfica, remates iniciales y finales, así como movimientos expansivos horizontales y verticales del trazo. “Es un proceso para poder determinar, pero como profesionales lo hacemos elemental, ya que no estamos haciendo toda una experticia”, dijo.
Tipán enfatizó que cuentan con experiencia para revisar las rúbricas “con facilidad”. Los peritos tienen más de 16 años de experiencia en la revisión y análisis de rúbricas y trazos. Personal de la Policía también interviene en el proceso.
De su lado, los voceros de Yasunidos anunciaron en medios de comunicación que no acudirán al recinto en donde se revisan las rúbricas. Ellos interpondrán una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) porque se quejan de que las firmas se anulan por cuestiones de forma y no de fondo.
Patricia Carrión, una de las representantes legales del colectivo, dijo que “Yasunidos tiene una estrategia jurídica nacional e internacional para que la voluntad ciudadana se respete”.
De su lado, Pedro Bermeo, integrante de la agrupación, podría llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).