Una convocatoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) sirvió de encuentro para los partidos y movimientos de oposición.

La idea de las autoridades era socializar el calendario que empezará a correr desde 2016 y terminará en los comicios del siguiente año.        

Pero 10 organizaciones formaron un ‘Acuerdo Nacional por Elecciones Transparentes’.

En una reunión privada, los representantes del CNE escucharon las propuestas de los líderes de Avanza, Creando Oportunidades (CREO), Concertación, Democracia Sí, Pachakutik (PK), Partido Sociedad Patriótica (PSP), Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Sociedad Unida Más Acción (SUMA) y Unidad Popular.

La cita se originó tras un pedido de las organizaciones para que el CNE genere mecanismos de transparencia de cara a las elecciones de 2017. Desde ya, dirigentes han expresado sus dudas sobre un proceso que aún no inicia. Sociedad Patriótica, por ejemplo, lleva años cuestionando el padrón electoral que se utiliza en los comicios.

Patricio Donoso, asambleísta de CREO, señaló que el acuerdo exige que en los próximos comicios se respete a la oposición y que se le permita realizar una campaña equitativa.

Frente a los cuestionamientos, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, reiteró que el encuentro fue para poner en claro las reglas del juego y acoger también las inquietudes de las organizaciones políticas.

César Rodríguez, activista político cercano al prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, señaló que el acuerdo nacional vigilará el proceso democrático. Y Guillermo Celi, líder de SUMA, explicó que el acuerdo se llevó a cabo tras varias reuniones comunes.

El dirigente no solo exige que haya transparencia en los procesos electorales, sino también controles antes y durante las campañas, especialmente al Gobierno Nacional. “Que se elimine la posibilidad de que en período de elecciones se den las cadenas sabatinas”, se quejó.

La oposición, en anteriores comicios, se ha quejado por la publicidad oficial. Pero el alcalde de Quito y máximo líder de Suma, Mauricio Rodas, también tiene un espacio radial semanal. Lo mismo posee su colega de Guayaquil y líder del PSC, Jaime Nebot.   

Sin embargo, Celi propuso un plan de austeridad para emplear de mejor forma los recursos públicos.

En la actualidad hay 152 organizaciones políticas que están inscritas y habilitadas para participar en los comicios electorales.

“Vamos a trabajar una agenda técnica para clasificar las auditorías, los simulacros y todo lo que implique la inscripción de candidaturas”, ofreció Pozo.

Además está prevista una auditoría a la conformación del padrón electoral y una actualización del mismo luego de un cruce de datos con el Registro Civil (RC).  

Pozo se reunirá el próximo lunes  con el resto de organizaciones políticas a escala nacional para discutir aspectos relacionados con el cronograma de elecciones.

El titular del organismo electoral advirtió que desde hace 6 meses se realizaron reuniones con las coordinaciones provinciales para tener los insumos para la primera y segunda vuelta de las elecciones, como calendario electoral, presupuesto, entre otros.

Las organizaciones del acuerdo nacional manifestaron su deseo de realizar un control electoral para evitar la manipulación en el conteo de los votos.     

Sobre este punto, Pozo indicó que el CNE está abierto a los representantes de las organizaciones. Recordó que la Constitución establece que los votos son escrutados públicamente.   

Recordó que en febrero de 2016 se conocerán los detalles del proceso electoral, para cumplir con la seguridad jurídica que exigen las organizaciones políticas.

Hasta el cierre de esta edición, las organizaciones seguían reunidas con los representantes del CNE. (I)

Datos

En la reunión con las agrupaciones políticas se habló sobre el registro electoral. Ahí, técnicos del CNE explicaron cómo se levantará esta base de datos y cómo se hará el cruce de información con el Registro Civil.    

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, recordó que durante los procesos se exhortará a respetar la ley que prohíbe el uso de recursos públicos en campañas electorales e indicó que habrá mecanismos para denunciar estos casos.   

El acuerdo por la vigilancia tiene un antecedente. En 2012, durante el escándalo por la falsificación de firmas, la oposición logró reunirse para vigilar el proceso de verificación que se llevó a cabo.

Sin embargo, pese a nuevos llamados de unidad, los dirigentes no han podido formar un frente único contra el Gobierno.