Trujillo: Nuestros mandatos están a nivel constitucional

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) reestructurará el presupuesto del organismo, por lo que ya analiza un informe económico operativo que será difundido la próxima semana. La consejera Myriam Félix dijo que se optimizarán los recursos. “En el tema de las veedurías ciudadanas hay por ejemplo muchas entidades y personas que han manifestado su intención de colaborar sin paga”. Por eso aseguró que el plan presentado por el Departamento Financiero contempla la reducción considerable de gastos que tenía el organismo. El Consejo de Participación cesado ya había aprobado un presupuesto para el 2018 de $ 11’228.695. El actual lo piensa reducir. Según explicaron en el Departamento Financiero, en los concursos que se efectuaban para nombrar a las autoridades se invertían entre $ 450.000 y $ 700.000. El reglamento que el CPCCST elabora para la designación de autoridades es diferente al que usaba el Consejo cesado, por lo tanto los rubros bajarán. El presidente del organismo, Julio César Trujillo, aseguró que esa normativa está casi lista, pero como ya aprobaron las evaluaciones desde el siguiente martes empezarán a enviar las notificaciones a las cinco primeras autoridades que examinarán. “Una vez aprobado el tema correspondiente a las evaluaciones de funcionarios, nuestros mandatos tienen todo el valor y están por encima de las normas jurídicas inferiores a las Constitución, están a nivel Constitucional”, aseveró ayer Trujillo luego de la sesión del pleno. Los consejeros tenían previsto recibir en audiencia al superintendente de Economía Popular, Patricio Rivera, para que expusiera sus descargos ante el informe jurídico que recomendó su destitución, luego de considerar que asumió el puesto fuera del tiempo que indica la ley, pero el funcionario no asistió. Los consejeros indicaron que para la reunión del pleno de la próxima semana emitirán su decisión. El informe expuesto la semana pasada determinó que Rivera fue designado en el 2017 como Superintendente, pero no se posesionó y fue nombrado para otros cargos, incluso fue asesor del presidente Lenín Moreno, por lo que asumió 237 días después de la designación, por eso violentó el artículo 16 de la Ley de Servicio Público que indica que la posesión del cargo debe hacerse en máximo 15 días. (I)