Tiene la fuerza de un volcán, aunque su apariencia es frágil y camina apoyado en un bastón. Es sencillo y ha sido bautizado como “la reserva ética y moral del país”. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Transitorio e integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), dice que ha cumplido con el mandato de la consulta popular de 2018 para luchar contra la corrupción. Militantes de la Revolución Ciudadana criticaron su edad y lo tildaron de “viejo” porque cumplió 87 años. Pero él contestó, en una entrevista con El TÉLEGRAFO, que le pueden decir “viejo”, pero nunca “ladrón ni corrupto”. A esa edad, Trujillo reorganiza la institucionalidad de Ecuador, diezmada por la década de gobierno de Rafael Correa. Doctor en Jurisprudencia y político, evalúa a todas las autoridades de los organismos de control y dispuso su destitución porque estuvieron sometidas y fueron obsecuentes con el correísmo. Germán Rodas, historiador, analista político y compañero de Trujillo en la CNA, subraya que, “con su vasta experiencia y sus valores, Trujillo actuó de manera prudente, respondió al clamor nacional para poner en orden a las instituciones del Estado que fueron asaltadas por mafias organizadas interesadas en llevarse al país en peso”. El presidente del Consejo de Participación Transitorio nació en Ibarra el 25 de marzo de 1931. Su padre fue un artesano dedicado a la agricultura y su madre una comerciante. Monseñor Leonidas Proaño fue su profesor en el colegio y eso lo acercó a la corriente de la Teología de la Liberación. Trujillo trabajó como docente de Derecho Laboral y Derecho Constitucional y fue decano de la Universidad Católica de Ecuador. También enseñó en las universidades Central del Ecuador, Católica, Andina Simón Bolívar y Santiago de Guayaquil. Ha ejercido su profesión a lo largo de más de 50 años, ha asesorado a organizaciones sociales y es integrante de la Comisión Andina de Juristas. El inicio político de Trujillo se produjo en el Partido Conservador, pero se desafilió de esa organización y empezó a acercarse a los sindicatos de orientación democristiana. Fue uno de los fundadores del Partido Democracia Popular (DP) en 1977 y su presidente desde 1978 hasta 1983. También ocupó la presidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1982. La DP lo designó candidato a la Presidencia de la República en 1984, pero solamente obtuvo el 4,7% de la votación y quedó en séptimo lugar. El jurista renunció a la DP en 1993, se vinculó a Pachakutik en 1997 y en ese mismo año fue nombrado primer Defensor del Pueblo de la historia del país. Sin embargo, renunció a los 15 días de su cargo por falta de presupuesto para trabajar. El Partido Arco Iris lo candidatizó para asambleísta constituyente de 1997 a 1998. Allí logró introducir el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, así como la justicia indígena en la Constitución. En 2006 fue candidato a diputado provincial por Pachakutik, pero no ganó la curul. Para Gustavo Medina, exprocurador del Estado, Trujillo es un jurista y político cuyo principal valor es la honestidad en el cumplimiento de sus tareas, en la gestión profesional de defensa de los trabajadores y de los menos favorecidos del país. “He seguido su trayectoria y estoy orgulloso de pertenecer a su misma provincia: Imbabura”, comenta a este diario. Trujillo también fue abogado del colectivo Yasunidos, para evitar la extracción petrolera en el Yasuní ITT. En 2014 acompañó a cientos de jóvenes a las calles y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar una consulta popular, que no fue aprobada por ese organismo presidido por Domingo Paredes. En 2015 presidió la CNA, integrada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y organizaciones sociales. La Comisión investigó los casos de corrupción del gobierno de Correa. En 2017, los miembros del CNA fueron homenajeados por su trabajo, mientras el excontralor Carlos Pólit, hoy prófugo de la justicia por corrupción, los enjuició por calumnias. Después de la consulta de 2018 fue designado presidente del Consejo de Participación Transitorio. El político insiste en que ese organismo debe desaparecer porque anuló la tarea de fiscalización de la Asamblea durante 10 años y designó a funcionarios cercanos al exmandatario y en concursos amañados. Pero también hay críticas contra el trabajo de ese Consejo. Unos creen que “se han extralimitado en sus competencias y atribuciones”; otros, en cambio, consideran que “era indispensable barrer la estructura del correato para hacer la transición”. El legislador independiente Eliseo Azuero advierte que el tema de la justicia todavía está movido por el correísmo. “Hay 360 casos grandes de corrupción, según un informe de la Contraloría, que duermen. El Consejo debe depurar la justicia en todos los niveles, de lo contrario los responsables del saqueo de los 10 años de correísmo no tendrán sanción”. Trujillo, además, plantea reformas a la Constitución para blindar las medidas que tomó el Consejo Transitorio. César Montaño, director de la Universidad Andina, recalca que, en pocos meses, Trujillo desmontó el aparato que impedía el cumplimiento de derechos y democracia. “Dio a Ecuador la esperanza de un país que vuelve a la institucionalidad, a la separación de poderes y a convertirnos en mejores personas”. (I)