El voto femenino fue la piedra angular en el ingreso formal de las mujeres a la vida política, pero a su vez, pone en perspectiva otras cuestiones que trascienden a la mera razón electoral de que las mujeres puedan votar o sean elegidas para ocupar cargos públicos. Lo que se ha puesto en valor fue el carácter integrador de la ciudadanía y la posibilidad de que otros sectores excluidos —comenzando por el género femenino— puedan ser parte constitutiva del proceso democrático. Matilde Hidalgo de Prócel fue una de las principales protagonistas en poner esta cuestión sobre la mesa, exigiendo igualdad para ejercer el derecho a votar un 2 de mayo de 1924. Surge el antecedente más importante en la lucha por el sufragio femenino y que este mes rememoramos. Ecuador forma parte del largo derrotero de luchas por la ampliación de la ciudadanía política a las mujeres a escala mundial, y regional, en particular, siendo el primer país latinoamericano en consagrarlo a partir de 1929. En este tren, países como la Argentina lo concedieron recién en 1947, en Chile accedieron al voto en 1949, y el último fue Guatemala, quien lo otorgó en 1965. Las sanciones de las distintas leyes del voto femenino difieren considerablemente, según el contexto sociopolítico y los criterios adoptados en cada país; empero, habitan diversos tópicos vinculares que presuponen conflictos de similar naturaleza. En Ecuador, llegó durante la presidencia de Isidro Ayora en 1929 que surgió después de arduos debates sobre la participación política cuando esta aún seguía reservada únicamente al género masculino. En este marco de lucha para extender la ciudadanía, el proceso de la Revolución Liberal llevado adelante por el entonces presidente Eloy Alfaro (1842-1912) se convirtió en el pilar integrador de vastos sectores sociales ausentes del ámbito político, logrando enmendar paulatinamente el curso adverso de la mujer y la sanción del sufragio femenino con la Constitución de 1929 fue sin duda consecuencia de este proceso. La incorporación masiva de la mujer a la política significó un hecho fundacional para la historia moderna ecuatoriana. La ciudadanía se constituía en universal. Los derechos políticos de las mujeres significaron que fueran reconocidas como iguales ante la ley de forma íntegra, gozando plenamente de todos los derechos que brinda la sociedad civil. Alcanzar este reconocimiento implicó que obtuvieran los mismos derechos y deberes cívicos que los varones ya tenían garantizados previo a la reforma constitucional de 1929, los cuales eran: votar en las elecciones a partir de los 18 años de edad y que supieran leer y escribir; y el derecho a ser candidatos a puestos electivos. La sanción del sufragio femenino en 1929 tuvo una importancia sustancial para las mujeres: su incorporación a la esfera pública y la construcción de una nueva identidad política para la sociedad ecuatoriana. Fue sin duda un hecho fundacional, tanto para el género femenino como para la sociedad civil en general. La lucha por el voto femenino significa ponderar el nombre de Matilde Hidalgo de Prócel como la precursora de esta gesta que fue la inclusión de las mujeres a la política, no solo para Ecuador, sino para toda América Latina. La figura que inspiró la lucha de miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestra región marcando un precedente histórico y un sentido determinante con su insubordinación ante el poder político que se mantenía impoluto en manos de los hombres; una actitud impensada para una mujer a comienzos del siglo XX. Esto abrió paso a que las mujeres se pregunten por algo más que la igualdad política e ingresaran a la partida por la disputa del poder y se propongan nada más y nada menos que conquistarlo. (O)