La credibilidad de Prefectos cae por actos de corrupción

La administración y credibilidad política de los prefectos de Guayas y Pichincha, Carlos Luis Morales, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) y Paola Pabón, de la Revolución Ciudadana (RC), respectivamente, se ven afectados por los casos de corrupción por los que son investigados actualmente. A ello se suma que la vida política de ambos funcionarios les pasa factura por su cercanía con el correísmo y el socialcristianismo. En el caso de Carlos Luis Morales, este comenzó su carrera política en el extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Luego, en 2014 fue concejal de Guayaquil con el apoyo de la alianza Centro Democrático-AP. Y en 2019 ganó las elecciones a la Prefectura del Guayas cobijado por el PSC-MG. Mientras que Paola Pabón, tras siete años en la Izquierda Democrática, pasó al movimiento Alianza PAIS (AP) del expresidente Rafael Correa. En las elecciones de 2009 y 2013, fue electa asambleísta por AP. En julio de 2015, Correa la nombró subsecretaria de la Gestión Política, luego que renunciara a su curul. Un año después asumió la Secretaría de la Gestión Política tras la dimisión de su predecesora, Viviana Bonilla. En los comicios seccionales de 2019, ganó la Prefectura de Pichincha bajo el auspicio del Movimiento Compromiso Social, que Correa apoyó. Hoy en día, ambos funcionarios registran procesos de investigación en la Fiscalía General del Estado, por presuntos actos de corrupción. En el caso del Prefecto del Guayas, la Fiscalía lo procesó por el delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria. Por ello se le dictó medidas alternativas, como la prohibición de salir del país, la presentación periódica y el uso de grillete electrónico. Hace pocos días, la Fiscalía realizó allanamientos a las oficinas de la Prefectura por una denuncia de presunto sobreprecio en la compra de pruebas rápidas para covid-19 y mascarillas. Esta situación produjo que el PSC-MG le quite su respaldo político al exarquero. Este jueves 4 de junio de 2020, a través de un video, Morales garantizó que colaborará con las autoridades judiciales en los actos que se investigan y en los que -dijo- no tendría responsabilidad. “Espero que todos los prefectos y alcaldes tengan el mismo tratamiento y que no se trate de una dedicatoria política”, enfatizó. Analistas sugieren renuncias Mientras que a la prefecta Pabón, hace pocos días, la Fiscalía le notificó el inicio de una investigación en su contra por el presunto delito de peculado. Esto, por un posible sobreprecio en la compra de 400 bolsas para cadáveres y de 10.000 pruebas rápidas para covid-19, que hiciera Pichincha Humana, que es parte del Gobierno provincial. Este Diario intentó comunicarse con la funcionaria, pero no hubo respuesta; sin embargo, el lunes 1 de junio dijo que las falsas acusaciones en su contra dificultan su trabajo. Aseguró que las pruebas rápidas para covid-19 adquiridas por la Prefectura cumplen con todas las especificaciones y que el proveedor que las entregó estaba calificado por la Arcsa. Este no es el único proceso que tiene en su contra. En febrero, la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en un contrato que ella firmó para implementar mejores prácticas comunicacionales entre los funcionarios de la institución. A ello se suma el proceso de investigación por un supuesto delito de rebelión, durante las protestas de octubre de 2019, y por el que tiene pendiente la realización de la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Por este último caso, desde el 25 de diciembre de 2019, Pabón tiene colocado un dispositivo de vigilancia y rastreo (grillete electrónico). Para el analista político Diego Gortaire, es lamentable que dos titulares de las prefecturas más fuertes del país, como Pichincha y Guayas, caigan en casos de corrupción y de carácter político. De Pabón dijo que no logra desprenderse de una mala práctica administrativa como la que dejaron autoridades cercanas al correísmo. Mientras que de Morales indicó que “está sembrando lo que cosechó”, al poner a personas cercanas a dirigir puestos de importancia en la Prefectura del Guayas.“Deben renunciar, pues Pichincha y Guayas necesitan progresar y generar oportunidades en beneficio de los ciudadanos”, consideró. El analista político Gabriel Hidalgo cree que ambos funcionarios deben dejar sus cargos para defenderse “como ciudadanos sin ninguna inmunidad”, ya que es un problema “de dignidad y honestidad”. Sostuvo que estas situaciones afectan la institucionalidad política de las prefecturas en general. Denuncia a hijos de su esposa y otras personas El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, reiteró este jueves 4 de junio de 2020, en un video publicado en redes sociales de la entidad, que el martes 2 de junio, antes de los allanamientos y su detención, presentó una denuncia ante la fiscal Provincial del Guayas, Yanina Villagómez. Allí denunció el posible cometimiento de delitos, por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de insumos durante la emergencia sanitaria. “No soy ladrón, ni protejo, ni solapo a ladrones. En lo referente a la denuncia penal, incluyo el establecimiento de responsabilidades de mi círculo familiar cercano, incluyendo a los hijos de mi actual esposa que responden a los nombres de Andrés Marcelo y Xavier Alejandro V.S.. He hecho lo que no ha hecho ningún otro funcionario”, indicó. Reconoció que su decisión afecta a una parte de su familia política, pero que “no puede afectar es la transparencia del ejercicio de las funciones públicas que me encomendaron”. Desde hace pocos días, la Fiscalía investiga a la Prefectura del Guayas por presunto peculado. El caso que está en investigación comenzó por la suscripción de dos contratos para la compra de mascarillas y pruebas rápidas que tendrían sobreprecio. Esto ocasionó que, el pasado lunes 1 de junio, el Prefecto anunciara que 24 trabajadores de la entidad, dedicados al área de Compras Públicas, sean suspendidos mientras dura la investigación por presunto sobreprecio en adquisiciones de insumos médicos. (I)