Rafael Correa cruzó el Atlántico para llegar a Europa, Asia y África. En su Gobierno de una década utilizó dos aviones: el Falcon 7X y el Legacy para un total de 214 desplazamientos al exterior: 63 del expresidente; 72 del excanciller; 36 del exvicepresidente; 27 de los exministros; y 16 de otras autoridades. De esos vuelos, 151 fueron utilizados por otras autoridades. Eso desvirtúa la naturaleza de los bienes porque ambas aeronaves fueron definidas como presidenciales, señala el informe del examen especial de la Contraloría al uso de los aviones y vuelos presidenciales en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Esos viajes no tuvieron objetivos precisos y no se conoce si se hicieron para actividades oficiales. Tampoco contaron con el registro de peso de carga y de equipaje, ni con el número de pasajeros, agrega el informe. El examen, que fue enviado a la Fiscalía, determina indicios de responsabilidad penal para las exautoridades, directivos e involucrados en esos casos. El análisis indica que Correa no fue el custodio de esos aviones, pero como máxima autoridad debió orientar el cuidado y el uso correcto de ellos. ¿Por qué? Para velar por la economía y su utilización eficiente. Por eso, el expresidente incumplió con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público e inobservó el artículo 3 del reglamento para la Administración sobre la utilización, manejo y control de los bienes del sector público. En su gobierno, además, hubo otros vuelos en aviones de Tame, de Petroecuador y de Petroamazonas, que no tuvieron el pedido ni la autorización de la Presidencia. Las órdenes de esos viajes decían que su misión era transportar a diferentes autoridades. Pero no especificaron sus nombres ni cargos públicos. Pero, quizá, lo más importante del informe es que se identificaron 24 vuelos a paraísos fiscales como Panamá, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, Granada, Antigua y Barbuda, Bahamas, Cabo Verde, Belice, Dominica, Emiratos Árabes y Luxemburgo. En esos periplos no registraron a todos los pasajeros. Por ejemplo: de 2012 a 2015, el excanciller hizo ocho viajes, cuya ruta incluyó a esas naciones. Allí su permanencia fue de entre 45 minutos y 21 horas, dice el informe. En 2016 y 2017, el exministro de Finanzas hizo cuatro viajes, en dos de los cuales estaba el exgerente de Petroecuador; y en otro vuelo el exsubsecretario de Financiamiento Público. Según el informe, en un vuelo del exministro de Finanzas, del 28 de noviembre de 2016, la ruta fue Quito-Buenos Aires (1 día); Natal, África, (2 horas); Bangkok, Tailandia, (dos días); Dubái (un día); Doha-Catar (11 horas); Dubái (un día); París (50 minutos); Newark, Nueva York, (dos horas y 30 minutos; Mcguire (12 horas); Newark (dos horas)-Quito. En ese viaje el número de pasajeros cambió en el embarque y en el desembarque. Pero no hay explicaciones sobre ello. Incluso hubo autoridades de otros países que volaban en los aviones presidenciales. Por ejemplo, en el viaje del 25 de mayo de 2013, en la ruta Quito-Guayana-Granada-Antigua Barbuda-Barbados-Latacunga, abordaron ministros de Guyana, el canciller de Surinam y otros extranjeros que no fueron identificados. En vuelos internacionales a paraísos fiscales, que estuvieron a cargo del Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTA), tampoco se pesó ni el equipaje de mano ni el de carga ni hubo inspecciones. Además, el vuelo del avión Legacy, del 22 de junio de 2012, a Río de Janeiro, solicitado por el exministro de Relaciones Exteriores, no tuvo ningún pasajero. Esto perjudicó las arcas del Estado, que se alimentan de los impuestos de los ciudadanos, en 32.903,81 dólares, señala el informe. (I)