Freddy Vinicio Carrión Intriago fue posesionado como Defensor del Pueblo, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta designación se cumple de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 de la Constitución. El nuevo Defensor ejercerá sus funciones por el período de cinco años, es decir hasta el 2024, tiempo en el cual tendrá como principal función la protección y tutela de los derechos de los ecuatorianos, detalló la Asamblea Nacional en un comunicado. Adicionalmente, la gestión del Defensor del Pueblo será de impulso y colaboración absoluta en la lucha contra la corrupción, toda vez que la institución forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Carrión reemplaza a Gina Benavides, posesionada el 3 de mayo de 2018 como defensora del Pueblo encargada, por designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (Cpccst). Después de la lectura del acta de posesión, Carrión prestó el juramento de rigor ante la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y se comprometió a respetar la Constitución y las leyes de la República en el ejercicio de sus funciones. El nuevo Defensor, obtuvo la mayor puntuación en el concurso de méritos y oposición para convertirse en el nuevo Defensor del Pueblo del Ecuador. Una vez cumplidas las fases, entre cuatro postulantes, Freddy Carrión obtuvo una puntuación de 86,50. Su trayectoria Carrión posee dos diplomados superiores, uno en Derecho Constitucional, otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar y otro en Altos Estudios Internacionales en la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid (España). Por su desempeño profesional recibió a una beca del Gobierno español para cursar su maestría en Estudios Políticos Aplicados, en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). En diciembre del 2018 recibió la condecoración ‘Manuela Cañizarez’, por parte del Municipio de Quito. Fue secretario y miembro del Directorio de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional para Atender los casos de personas desaparecidas. (I)