Los alcances de los juicios políticos, en discusión

La figura del “limbo” se puso de moda durante la gestión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional durante el régimen pasado. Con ese nombre fue calificado el momento cuando se trababa el juicio político contra alguna autoridad y no podía llegar al pleno. Ante este escenario, los cambios apuntan, principalmente, a que la Comisión de Fiscalización esté obligada a pasar todos los informes al pleno. Así lo afirmó Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC). Esa propuesta toma fuerza en la Comisión de Justicia. La intención es que la Comisión de Fiscalización sea el primer espacio para la investigación y recopilación de pruebas para emprender con la censura. Luego de esto deberá entregar un informe al conjunto de los legisladores, para que entre todos resuelvan el camino que seguirá el caso. En la Comisión de Justicia también se propuso que se requieran más de 91 votos para separar a un parlamentario de su puesto. Hasta ahora solo se requería 71 votos. (I)