Unos 340.000 soldados de Brasil perciben un salario fijo hasta su muerte

Brasil posee las Fuerzas Armadas m&aacute;s grandes de Am&eacute;rica Latina: 340.000 soldados activos. Tiene adem&aacute;s el ej&eacute;rcito m&aacute;s populoso de la regi&oacute;n: 270.000 hombres. Es el und&eacute;cimo pa&iacute;s del mundo y el primero en Am&eacute;rica Latina en lo que se refiere al volumen en dinero del gasto militar, de acuerdo al Instituto Internacional de Estudios Estrat&eacute;gicos (IISS). Los militares, una vez pasados los 30 a&ntilde;os de servicio, pasan a la reserva y despu&eacute;s de los 65 a&ntilde;os se convierten en &ldquo;reformados&rdquo;. En todos los casos, los retirados siguen recibiendo el salario como si estuvieran activos, ya que no existe un pago del Estado por el fin del trabajo activo. Existe otra conquista que data de inicios del siglo XX que es resistida por el poder pol&iacute;tico civil: el pago de una pensi&oacute;n para las hijas mujeres de los militares fallecidos, sea o no en servicio. El beneficio termin&oacute; en 2000 pero seguir&aacute; hasta que mueran las actuales beneficiarias. Son 185.000 mujeres solteras que se llevan el 27% del total del dinero de pensiones por invalidez o viudez en Brasil. Ning&uacute;n gobierno, ni el m&aacute;s popular como el de Luiz In&aacute;cio Lula da Silva (2003-2010), logr&oacute; torcer el brazo de la clase militar. &ldquo;No existe un sistema de jubilaciones para los militares de las Fuerzas Armadas en Brasil&rdquo;, explic&oacute; a EL TEL&Eacute;GRAFO un portavoz del Ministerio de Defensa. Por eso hay un debate que dura d&eacute;cadas sobre si los militares deben ser tratados como los empleados p&uacute;blicos de las empresas estatales, que son elegidos por concurso, tienen salarios mayores y luego reciben una jubilaci&oacute;n proporcional. El pago de los militares en reserva lo asume el Tesoro de Brasil. En t&eacute;rminos pol&iacute;ticos, los exmilitares, llamados de &lsquo;reformados&rsquo;, agrupados en el Club Militar de R&iacute;o de Janeiro, se han opuesto abiertamente a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) desde 2003. Incluso, cuando la presidenta Dilma Rousseff, quien fuera detenida por la dictadura militar, asumi&oacute; en 2010, fue recibida por el Club Militar con un comunicado de reivindicaci&oacute;n del golpe de Estado de 1964 que implement&oacute; un r&eacute;gimen de facto hasta 1985. Los actuales comandantes militares sufrieron cr&iacute;ticas por parte de la tropa retirada al no rebelarse contra la Comisi&oacute;n de la Verdad, que investig&oacute; los cr&iacute;menes de la dictadura. Y es que una ley de 1979 les impide ser juzgados por delitos de lesa humanidad, como torturas, desapariciones, asesinatos y robos. El 72% del presupuesto de Defensa, en Brasil, lo consume el pago de salarios, de acuerdo al Ministerio del ramo. Los mayores salarios, en el presupuesto de 2015, alcanzaron el equivalente a $ 4.500. El presupuesto de Defensa de Brasil se mantuvo en promedio, desde 2003 hasta 2014, en torno al 1,5% del Producto Interno Bruto. El actual ministro de Defensa, Aldo Rebelo, es miembro del Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Es el primer comunista en dirigir a un grupo que en 1964 dio un golpe de Estado precisamente bajo el argumento de frenar la ola comunista en la regi&oacute;n. Viejas prerrogativas Los militares brasile&ntilde;os mantienen las prerrogativas obtenidas durante el largo per&iacute;odo de la dictadura, como el r&eacute;gimen que los excluye de las jubilaciones tradicionales y un aporte de apenas 6% de su salario para el Tesoro. Como actividades laterales, las Fuerzas Armadas de Brasil poseen empresas vinculadas. Desde la &eacute;poca de la dictadura, en 1980, el Ej&eacute;rcito est&aacute; vinculado a la Fundaci&oacute;n Habitacional (FHI), que otorga cr&eacute;ditos y financiamiento inmobiliario para sus miembros. El Ej&eacute;rcito posee centenares de cuarteles diseminados por el pa&iacute;s, aunque ahora su prioridad dej&oacute; de ser el sur (foco de conflicto pasado con Argentina) y se concentra en la fuerza de acci&oacute;n r&aacute;pida de la Amazon&iacute;a. Adem&aacute;s, fue desde 2004 hasta la actualidad el comando de la Minustah, la fuerza de la ONU que se despleg&oacute; en Hait&iacute;. La Fuerza A&eacute;rea, por ejemplo, posee 10 hospitales y una universidad, adem&aacute;s de sus 19 bases. La Marina administra, fuera de su &oacute;rbita natural, dos empresas: Emgepron, de Ingenier&iacute;a Naval y Amazon&iacute;a Azul, encargada del desarrollo de la pol&iacute;tica de defensa de las riquezas submarinas en el litoral atl&aacute;ntico, como los megayacimientos petrol&iacute;feros de la capa geol&oacute;gica pre-sal, que han convertido a Brasil en una potencia petrolera. En t&eacute;rminos de equipamiento, las mayores Fuerzas Armadas de Am&eacute;rica Latina est&aacute;n reformando su arsenal: la marina brasile&ntilde;a, por ejemplo, desarrolla hasta 2025 el programa de submarinos, uno de ellos a propulsi&oacute;n nuclear, en sociedad con Francia. El objetivo es proteger la costa atl&aacute;ntica con reacci&oacute;n r&aacute;pida. El otro gran paso que dio Brasil a partir de 2013 en Defensa fue la compra de 36 cazas a la empresa sueca Saab con transferencia de tecnolog&iacute;a para desarrollarse en f&aacute;bricas nacionales. Brasil desarrollar&aacute; el caza Gripen a un costo de $ 4.500 millones, un avi&oacute;n que derrot&oacute; a los franceses de Dassault y a los F-15 de Boeing. Tambi&eacute;n desarrolla el llamado &lsquo;carguero nacional&rsquo;, un KC-30, en sociedad con Argentina, Portugal y Rep&uacute;blica Checa. Adem&aacute;s unos 220.000 soldados fueron desplazados el s&aacute;bado pasado para limpiar focos de reproducci&oacute;n del mosquito que causa el dengue, zika y chikungunya, por orden de la presidenta Dilma Rousseff. (I) --------------------------------------------------------------------------------------------------- La CIDH fall&oacute; a favor de demandante CorteIDH resuelve caso de militar separado en 2002 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) iniciar&aacute; hoy su periodo de audiencias de este a&ntilde;o. La etapa se abre con la presentaci&oacute;n del caso &ldquo;Flor Freire contra Ecuador&rdquo;, relacionado con la separaci&oacute;n de su cargo en 2002 del entonces Teniente del Ej&eacute;rcito Homero F. El despido se efectu&oacute;, &ldquo;con base en el Reglamento de Disciplina Militar, vigente en aquella &eacute;poca, que supuestamente sancionaba con la separaci&oacute;n del servicio los actos sexuales entre personas del mismo sexo&rdquo;, se&ntilde;ala un comunicado de la entidad internacional. Anteriormente, este caso ya fue tramitado en la Comisi&oacute;n Interamericana de Derechos Humanos, donde el exoficial a trav&eacute;s de sus abogados expuso que las autoridades de la justicia militar ecuatorianas iniciaron un proceso disciplinario, el cual estableci&oacute; su responsabilidad por un acto calificado como &ldquo;mala conducta profesional&rdquo;. Eso trajo como consecuencia que fuera puesto en situaci&oacute;n de disponibilidad por 6 meses y posteriormente dado de baja y separado definitivamente. Supuestamente, &ldquo;todo se bas&oacute; en prejuicios que revelan una pr&aacute;ctica discriminatoria consagrada en la legislaci&oacute;n militar, basada en la orientaci&oacute;n sexual de sus miembros&rdquo;. Los peticionarios se&ntilde;alaron que Homero F. no es homosexual. No obstante, aducen que la acci&oacute;n del Ej&eacute;rcito tuvo el efecto de conculcar varios de sus derechos con motivo del procedimiento iniciado en su contra. La Comisi&oacute;n en 2014 concluy&oacute; que el Estado debe reparar integralmente al oficial cesado, tanto en el aspecto material como moral, incluyendo medidas de satisfacci&oacute;n por los da&ntilde;os ocasionados; tambi&eacute;n reconocer p&uacute;blicamente que fue dado de baja de manera discriminatoria, adem&aacute;s adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas que se desempe&ntilde;an dentro de la Fuerza Terrestre o cualquier dependencia del Ej&eacute;rcito ecuatoriano no sean discriminadas con base en su orientaci&oacute;n sexual, real o percibida. La Comisi&oacute;n recomend&oacute; que este caso sea tratado en la CorteIDH, cuyos dict&aacute;menes son vinculantes para Ecuador. A la audiencia de hoy est&aacute; previsto que asista el exoficial, as&iacute; como los abogados del Estado designados por la Procuradur&iacute;a, luego de lo cual los 7 jueces que componen la entidad sentenciar&aacute;n y determinar&aacute;n si el pa&iacute;s debe entregar una indemnizaci&oacute;n. La ministra de Justicia (e), Alexandra Jaramillo, indic&oacute; que la entidad que preside es la encargada de cumplir con las sentencias emanadas de la CorteIDH, por lo que en este caso se pronunciar&aacute;n una vez que tengan la decisi&oacute;n oficial. (I) --------------------------------------------------------------------------------- Otro colectivo pide destituci&oacute;n Militares en servicio pasivo siguen en 'vigilia' Militares en servicio pasivo aseguraron que se mantendr&aacute;n vigilantes ante la problem&aacute;tica que surgi&oacute; entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Issfa) y el Ministerio del Ambiente por un exceso de $ 41 millones en la compra de los 66 lotes de terreno en Samanes, en Guayaquil. As&iacute; lo expresaron ayer durante un plant&oacute;n en los exteriores del Ministerio de Defensa, en Quito. All&iacute; aseguraron que seguir&aacute;n moviliz&aacute;ndose para exigir respeto a sus patrimonios construidos mediante aportes a la seguridad social durante 25 y 40 a&ntilde;os de servicio militar. &ldquo;Nos mantendremos vigilantes hasta que a trav&eacute;s de un juez esto se dirima. No decaigamos en esta lucha&rdquo;, expres&oacute; el presidente de la Unidad Nacional de Combatientes del Ecuador, Jos&eacute; Jumbo. Aclar&oacute; que no buscan protagonismo pol&iacute;tico mientras sus compa&ntilde;eros ped&iacute;an a gritos la salida del ministro de Defensa, Fernando Cordero. No obstante, para el personal de tropa como Francisco Sarzosa, la finalidad es que el presidente Rafael Correa cumpla con el anunciado y posible &ldquo;ajuste de pensiones&rdquo;, debido a la gran diferencia que existe entre los montos que reciben los oficiales y los de la tropa. &ldquo;Se debati&oacute; que se quite lo de general y coronel porque en este momento es un grupo de pensionistas y en vez de dividir debemos sumar por el bien com&uacute;n&rdquo;, dijo. Por otro lado, representantes de los colectivos Pa&iacute;s Libre, Acci&oacute;n Ciudadana y Unidad Ciudadana se acercaron al Comando Conjunto para solicitar su apoyo en la petici&oacute;n que realizaron a la presidenta de la Asamblea para que inicie un proceso de destituci&oacute;n del Presidente. (I)