Hasta dos años podría extenderse la indagación previa que inició la Fiscalía General del Estado para investigar el presunto delito de peculado en la adjudicación del contrato de exploración y explotación petrolera en el bloque Singue y en el que están con indicios de responsabilidad penal 20 personas, entre ellas el vicepresidente de la República, Jorge Glas. “La ley determina que la indagación previa puede durar en el caso de peculado hasta dos años. Obviamente no vamos a tomar todo este tiempo, vamos a acelerar la investigación para que sea rápida, eficiente”, dijo ayer el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno. Por el momento no caben medidas cautelares, por ejemplo, el arraigo o la prohibición de salida del país a quienes aparecen como responsables del delito que se investiga, aseguró. “No existe en materia penal la prohibición de salida del país de una persona como medida precautelar,  solo en el caso de que se hayan formulado cargos”, aclaró.Tras señalar que es el primer informe de la Contraloría en el que se  involucra a Glas, el fiscal Baca Mancheno confirmó que el actual vicepresidente es indagado por un ‘potencial’ delito de peculado, junto a otros funcionarios públicos y empresarios privados. Según el fiscal, en el informe de la Contraloría se relatan los hechos que podrían constituirse en un delito, “por eso es un indicio de responsabilidad. Hay algunos elementos que para los auditores de la Contraloría podrían constituirse en acción y eso se reduce en un informe de indicios que fue remitido a la Fiscalía e iniciamos la investigación inmediatamente”. Baca estudiará el caso de “manera exhaustiva” para determinar los vínculos que había y si las relaciones entre el exministro Wilson P. y su hija le impedían a esta última participar en ese proceso, al tiempo de pedir no adelantarse a hablar de mecanismos y procedimientos. “Tengo que hacer lo que me corresponde en este momento y abrir una indagación para confirmar o descargar lo que el indicio de responsabilidad penal de la Contraloría establece”. El proceso lo inició en su despacho, “porque hay algunas personas que tienen fuero de corte; hay otras que no”, y anticipó que en el momento que de manera inmediata se soliciten las “versiones, verificaciones, oficios, etc., se recabará la información para establecer si existen o no elementos para imputar un delito. Esos indicios servirán para formular cargos, en ese momento se verán cuáles son los mecanismos, los imputados, a quiénes se va a imputar, qué restricciones legales hay a esos imputados; por el momento es prematuro adelantarse”. El funcionario consideró que en la investigación penal “muchos de los indicios se ratifican, mientras que otros se desvanecen; “es decir con el indicio de responsabilidad es que arranca el proceso”. Informe de Contraloría La Contraloría efectuó un examen especial al contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue de la región amazónica de 2012 entre la Secretaría de Hidrocarburos y el Consorcio DGC, integrado por las compañías Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros Cía. Ltda. En su informe de resultados, la Contraloría señala que hubo indicios de responsabilidad penal en la contratación petrolera que incluye a 20 exfuncionarios públicos y privados. Reacción de Glas Glas reconoció que fue miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), que -dijo- es una etapa precontractual. “Un directorio que aprueba una negociación, fui parte de ese comité; van a venir muchos de esos temas, lamentablemente, es mi percepción y me anticipo ante ello, en contra de muchos funcionarios del período anterior”. Desconoció que un miembro del exministro Wilson P. haya sido parte del proceso de contratación. Sin embargo, pidió al exministro que regrese al país. Detalló que Wilson P. ya habría descargado su responsabilidad ante la Contraloría, “pero ahora entiendo que tendremos que hacerlo ante la Fiscalía y así están las cosas”. Respecto a los supuestos audios de Odebrecht, el Segundo Mandatario dijo que son “un Capaya más, dos personas hablando de un tercero, alguien que menciona mi nombre, en todo caso tiene que investigarse. Hay más audios, incluso, sé que me han grabado a mí, aspiro a que la investigación termine lo más pronto para que todo se haga público”. La asambleísta Ana Galarza se pronunció a través de Twitter. “Urgente. Inició indagación previa caso Singue. Fiscalía del Ecuador, es responsabilidad no dejar salir del Ecuador a Jorge Glas. ¡Alerta!”, escribió. La Federación Nacional de Transportistas Urbanos (Fenatu), en un comunicado público, pidió al Presidente que exhorte al fiscal Baca a cumplir con los mandatos constitucionales y legales de la indagación sentando un precedente contra la corrupción. (I) ------------------- Carta de Guayaquil contiene propuesta de Anticorrupción La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó ayer en Guayaquil la propuesta de creación del Frente Nacional Anticorrupción, conformado por representantes de la sociedad civil. “Hay que pedirle al Presidente de la República que se defina. Está con la ética en el Estado o está con esa gavilla de sinvergüenzas que se encuentran alrededor manejando la cosa pública”, expresó Jorge Rodríguez, coordinador de la CNA. La iniciativa, agregó Rodríguez, responde a la supuesta inacción de las entidades públicas destinadas a la lucha contra la corrupción y la poca participación de los actores políticos en ese tema. Silvia Buendía, representante de la fundación Esquel, hizo un llamado para que la ciudadanía se una y persiga a los corruptos porque “no podemos esperar al mesías, al salvador, yo que sé. Esto es cuestión de ciudadanos empoderados e indignados”. La Comisión Anticorrupción fue constituida el 18 de mayo de 2015 por mandato de las organizaciones que representan a los trabajadores, indígenas y organizaciones sociales del Ecuador. Hoy, los miembros de esas organizaciones gremiales ratificaron su respaldo a los miembros de la CNA e insistieron en que el trabajo de sus integrantes tiene que ser más amplio. “Con más fuerza seguiremos trabajando para develar la corrupción y para que paguen por la crisis y paguen con la cárcel”, manifestó Eduardo Ortega, líder de la Federación Democrática de Trabajadores (FDT). Rodríguez anunció que el 8 y 9 de agosto se volverán a reunir en la urbe porteña para redactar la Carta de Guayaquil, la cual incluirá más propuestas para la lucha contra la corrupción y la impunidad que deberán ser tomadas en consideración por el presidente Lenín Moreno. Además, Rodríguez exigió a la Fiscalía General del Estado transparentar las investigaciones de los casos de corrupción en los que se involucra al vicepresidente Glas, a quien pidieron su renuncia inmediata tras la filtración de un audio en el que, supuestamente, se lo menciona como beneficiario de las coimas que entregó la compañía constructora brasileña Odebrecht a varios funcionarios del  gobierno de Rafael Correa Delgado. “No  vamos a dejar al fiscal (Carlos Baca) que esconda esa información que es fundamental para saber cuáles son las cabezas de esa pandilla que nos gobernó durante 10 años”. En un comunicado de la Comisión Anticorrupción colgado en su cuenta de Twitter indica que Ecuador no soporta un show anticorrupción más, ni tolera la lentitud de la justicia, por lo tanto exige la inmediata renuncia del vicepresidente, lo cual debe ser el comienzo de una serie de medidas para “descorreizar” el poder constituido para despojar al pueblo de sus recursos y mantenerlo secuestrado sin poder reclamar. (I)