En el caso 'Pozo Singue' están vinculadas más de 20 personas

M&aacute;s de 20 exfuncionarios p&uacute;blicos y privados, algunos con fuero de Corte, son parte del proceso de indagaci&oacute;n con base en los indicios de responsabilidad penal que inici&oacute; el pasado jueves la Fiscal&iacute;a General del Estado (FGE). La indagaci&oacute;n, que es la primera fase de un proceso penal, se realiza con base en el examen especial de Contralor&iacute;a, del contrato de prestaci&oacute;n de servicios para la exploraci&oacute;n y explotaci&oacute;n de hidrocarburos en el Bloque Singue, en Sucumb&iacute;os, en el que se revel&oacute; una serie de irregularidades en la negociaci&oacute;n y firma de contrato de prestaci&oacute;n de servicios entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador. Esta &uacute;ltima compa&ntilde;&iacute;a estuvo gerenciada por Silvana P&aacute;stor, hija del exministro de Recursos No Renovables, Wilson P&aacute;stor. El ente de control detect&oacute; un perjuicio para el Estado por aproximadamente $ 5,2 millones. Entre los que participaron en el proceso de contrataci&oacute;n en marzo de 2012 destacan el exministro P&aacute;stor; el vicepresidente, Jorge Glas, quien lideraba los Sectores Estrat&eacute;gicos; y Carlos Pareja Yannuzzelli, viceministro de Hidrocarburos (ver infograf&iacute;a). *Haga click en la imagen para agrandarla Fase inicial: la indagaci&oacute;n Pablo Encalada, acad&eacute;mico y abogado penalista, explic&oacute; que en la etapa de indagaci&oacute;n previa se realiza por ejemplo: la recepci&oacute;n de versiones, de informaci&oacute;n documental; se efect&uacute;an las pericias, la declaraci&oacute;n de las personas involucradas, la realizaci&oacute;n de informes contables, de peritajes de contrataci&oacute;n p&uacute;blica y allanamientos. Record&oacute; que en este caso, cuando emite un documento con indicios de responsabilidad penal, no significa que sea una prueba, solo son indicios. &ldquo;Es presumir que se ha cometido un delito&rdquo;. Por eso destac&oacute; que la Fiscal&iacute;a tiene la &ldquo;obligaci&oacute;n&rdquo; de iniciar una investigaci&oacute;n. El fiscal general, Carlos Baca, indic&oacute; que la investigaci&oacute;n de este presunto delito de peculado podr&iacute;a tomar hasta dos a&ntilde;os. &ldquo;La ley determina que la indagaci&oacute;n previa puede durar en el caso del peculado hasta dos a&ntilde;os. Obviamente no vamos a tomar todo este tiempo, vamos a acelerar la investigaci&oacute;n para que sea r&aacute;pida, eficiente&rdquo;, resalt&oacute;. En el caso del peculado, Encalada agreg&oacute; que tras la indagaci&oacute;n, en donde se determine &ldquo;todos los elementos para presumir la existencia del delito&rdquo;, reci&eacute;n se puede empezar con el nuevo proceso que es la instrucci&oacute;n fiscal. A partir de all&iacute; -dijo-, se pueden ordenar medidas cautelares en contra de las personas investigadas. En cambio, el constitucionalista Rafael Oyarte record&oacute; que existen casos en los que no hay indagaci&oacute;n. &ldquo;Si ya pasan los dos a&ntilde;os y no se llega a ninguna conclusi&oacute;n, la indagatoria necesariamente se archiva y no se podr&iacute;a iniciar la instrucci&oacute;n fiscal&rdquo;, resalt&oacute;. Agreg&oacute; que durante la etapa de indagaci&oacute;n, el Fiscal tiene la posibilidad de tomar medidas cautelares, por ejemplo, con respecto al Vicepresidente, uno de los se&ntilde;alados tras el examen especial de la Contralor&iacute;a General de Estado. Especific&oacute; que el art&iacute;culo 444 del C&oacute;digo Org&aacute;nico Integral Penal (COIP) establece la posibilidad de dictar medidas cautelares en la indagaci&oacute;n previa. Se pudo dar celeridad Analistas consultados consideran que hubo la posibilidad de que la Fiscal&iacute;a se salte la indagaci&oacute;n y pase directamente a la instrucci&oacute;n fiscal. Para ello debi&oacute; efectuarse un proceso en la Asamblea Nacional. Teniendo como premisa que una autoridad como un Vicepresidente, seg&uacute;n el art&iacute;culo 120, numeral 10, de la Constituci&oacute;n, goza de inmunidad, el tr&aacute;mite penal requiere de la autorizaci&oacute;n de las dos terceras partes de la Asamblea. La Ley Org&aacute;nica de la Funci&oacute;n Legislativa determina que la exigencia de levantamiento de inmunidad parte desde la instrucci&oacute;n fiscal. Autoridades tienen fuero de corte Analistas como Encalada explican que del fuero de corte gozan las m&aacute;s altas autoridades del poder: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Participaci&oacute;n Ciudadana; as&iacute; como las autoridades de control. Tambi&eacute;n lo tienen el Contralor, el Fiscal, el Procurador y los superintendentes. Esa figura implica una garant&iacute;a de independencia que tendr&aacute;n los jueces, pues se trata de autoridades p&uacute;blicas que, seg&uacute;n la ley, deben ser juzgadas por determinados jueces. &ldquo;Imag&iacute;nese que un ministro sea juzgado por un juez de primer nivel, habr&iacute;a una relaci&oacute;n jer&aacute;rquica que pondr&iacute;a dudas durante el proceso, ya que habr&iacute;a injerencia en el proceso de investigaci&oacute;n&rdquo;, puntualiz&oacute; Encalada. Record&oacute; que el Vicepresidente tiene fuero de Corte (Nacional de Justicia). Se espera que la Fiscal&iacute;a act&uacute;e con independencia Los analistas citados esperan que el informe de indicios de responsabilidad penal que emiti&oacute; la Contralor&iacute;a est&eacute; bien hecho, pues tienen experiencia de que &ldquo;el Contralor emita informes sin sustento&rdquo;. Oyarte agreg&oacute; que &ldquo;hay informes de Contralor&iacute;a que son de espanto, que no sirven para mucho. Se inician procesos penales que luego no prosperan&rdquo;. Aunque Encalada cree que nunca puede ser determinante un examen espacial, pero s&iacute; un &ldquo;indicio importante&rdquo;. De hecho, -dijo- ese documento debe ser la hoja de ruta para llegar a tener m&aacute;s convencimiento sobre los hechos. El acad&eacute;mico Farith Simon reconoci&oacute; que un proceso que tenga indicios de responsabilidad penal no significa que -necesariamente- vaya a terminar en una condena. &ldquo;Mi expectativa es que la Fiscal&iacute;a act&uacute;e con independencia y asuma responsabilidades con base en la realidad, con informaci&oacute;n, indicios, etc&rdquo;. (I)