Asamblea resolvió objeción del Ejecutivo a ley sobre paraísos fiscales

El Pleno de la Asamblea se allan&oacute; a las disposiciones reformatorias primera, segunda, (numeral uno) cuarta y sexta, y se ratific&oacute; en los textos aprobados por la Legislatura en cuanto a los art&iacute;culos 2, 8 y 9, observados por el Ejecutivo, en el proyecto de Ley para la aplicaci&oacute;n de la consulta popular del 19 de febrero. La norma viabiliza el mandato popular expresado en las urnas para que los funcionarios p&uacute;blicos y autoridades de elecci&oacute;n popular no tengan bienes o capitales en pa&iacute;ses considerados para&iacute;sos fiscales. Si quieren ingresar en una instituci&oacute;n p&uacute;blica o intervenir en la actividad pol&iacute;tica deber&aacute;n traer los recursos al Ecuador. Excluye de esta excepci&oacute;n a becarios, funcionarios del servicio exterior y los candidatos a asamble&iacute;stas por las circunscripciones del exterior, cuya residencia corresponda a una jurisdicci&oacute;n de esta naturaleza. La votaci&oacute;n se realiz&oacute; en dos partes. La primera, sobre el allanamiento registr&oacute; una votaci&oacute;n de 100 afirmativos, 20 negativos y dos abstenciones; y, la ratificaci&oacute;n, 102 votos positivos, 12 negativos 0 blancos y siete abstenciones. El texto original al art&iacute;culo 8 dispone que los Gobiernos Aut&oacute;nomos Descentralizados (GAD) sean quienes procedan a la destituci&oacute;n de las autoridades ejecutivas de los mismos. Para otros funcionarios esa responsabilidad la ejercer&aacute; la Contralor&iacute;a General del Estado. La Comisi&oacute;n aclara que el aporte del Ejecutivo dejaba suelto el procedimiento a seguir en el caso de los gobiernos locales. Otro de los textos ratificados se relaciona con la destituci&oacute;n de autoridades. El proyecto propone que, en el caso del Presidente y Vicepresidente de la Rep&uacute;blica, as&iacute; como de asamble&iacute;stas, sea el Parlamento el que ejerza esta atribuci&oacute;n constitucional, si tuvieran bienes en para&iacute;sos fiscales y no los hayan repatriado. El veto establec&iacute;a que sea la Corte Constitucional, en contradicci&oacute;n con la norma suprema. (I) Fuente: Asamblea Nacional