Los adultos mayores son un grupo poblacional atractivo para los estafadores por diversas razones: son dueños de bienes, poseen ahorros, capitales atractivos, buen crédito y beneficios de ley por su edad. También es menos probable que reporten fraude y suelen estar menos familiarizados con la tecnología. En consecuencia son más vulnerables a las estafas de tipo financiero. 

En días pasados, el Servicio de Rentas Internas (SRI) alertó sobre "individuos inescrupulosos" que estarían dedicados a engañar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, bajo la falsa promesa de entregarles un bono de hasta $ 2.000 a cambio de que estos les permitan solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a su nombre.

Aunque aún no se las puede calificar de estafas, recalca la institución, existen tramas y casos que al momento han sido detectados en los procesos de control.

Así, tomando como referencia las solicitudes atendidas en el año 2018 y de los análisis de riesgos, alrededor del 0.35% (2.700 trámites) del total de trámites (alrededor de 800 mil) presentan situaciones en las cuales, algunas personas se han beneficiado indebidamente de los procesos de devolución, sin disponer del sustento físico de las facturas correspondientes para ello (a pesar de ingresar información con el detalle de facturas válidas).

"Este tema obedece, principalmente, a que se utiliza facturas emitidas a personas que no guardan relación o no están a nombre de los beneficiarios", recalca el SRI.

Muchos de los casos son flagrancias, es decir, se detectan en las agencias porque han llegado personas de la tercera edad a solicitar el "supuesto bono" (que los presuntos estafadores les ofrecieron).

Aunque en todas las ciudades del Ecuador hay reportes sobre irregularidades en devoluciones efectuadas por el SRI (personas que las solicitaron no tiene los documentos físicos necesarios), el caso más avanzado se registra en la provincia de Santa Elena. "Lo que se puede presumir es que se trata de una red que opera en varias ciudades del país", señala la institución. 

De acuerdo al riesgo que se detecta por cada persona adulta mayor, el nivel de riesgo aproximadamente llega hasta $ 6 millones, de las solicitudes de los años 2017, 2018 y 2019.

Ello, considerando el incremento constante en la cantidad de personas beneficiarias, por cumplir 65 años y de aquellas que, ya teniendo más de esa edad, acceden por primera vez al beneficio. Al 2019, el SRI ha hecho un promedio de 66.726 devoluciones del IVA a adultos mayores. En 2018 la cifra fue de 45.275. 

¿Cómo opera esta presunta red de estafadores?

Una tercera persona, ajena a la beneficiaria, se acerca a un adulto mayor a ofrecerle sus servicios para que acceda a un beneficio que da el SRI, para lo cual, le solicitan sus datos personales (cédula, número de teléfono, carta de servicios básicos) y, con autorizaciones o poderes especiales, estos "tramitadores" obtienen cuentas bancarias en las instituciones financieras, generan claves de acceso para los servicios en línea en el SRI y presentación de la solicitud de devolución del IVA.

La primera vez de solicitud de devolución del IVA es presencial, debido a que hay que validar los datos personales. Pero este modus operandi varía, ya que en ciertas oficinas instruyen a las personas adultas mayores que lo hagan ellas mismas, para lo cual, el tramitador llena toda la información. 

A partir de la segunda solicitud, facilitando el acceso para el beneficiario real, el tramitador con todas las claves efectúa las solicitudes a nombre de la persona adulta mayor y realiza dos acciones: 1) ingresa facturas emitidas físicamente reales, emitidas a la persona adulta mayor, pero aumentado los valores del IVA (que no son reales) ó 2) ingresa facturas que se emitieron a otras personas, con datos de terceros y las hacen pasar como facturas que hayan sido emitidas a la persona adulta mayor.

También hay casos en los cuales, el proveedor del bien o servicio que emite las facturas lo hace a nombre de las personas adultas mayores que tienen derecho a la devolución, sin embargo, estas nunca hicieron una compra en ese establecimiento y como el tramitador ya tiene las claves de acceso para el SRI, a partir de la segunda solicitud lo hacen sin conocimiento de los verdaderos beneficiarios. 

Las facturas físicas que se ingresan y cargan por internet para el proceso de devolución del IVA contienen los datos del RUC del proveedor y número de factura, por ello, el SRI automáticamente valida que no se trata de facturas de empresas fantasmas identificadas por la institución.

También verifican que sean comprobantes emitidos con autorizaciones reales, pero no existe fuente de confirmación del valor del IVA, sino hasta que se presenta físicamente el documento (esto no sucede en los procesos con facturación electrónica).

En este contexto, el valor de devolución es excesivo y superior al que realmente tiene sustento en sus facturas físicas o simplemente no tiene sustento.

Las acreditaciones son a cuentas de las personas beneficiarias, pero como el tramitador ya tiene la autorización y acceso a la cuenta bancaria, efectúan el retiro de dicho dinero.

Estas estafas, según el SRI, se generan principalmente contra los grupos vulnerables, como personas adultas mayores y personas con discapacidad, que en muchas ocasiones, por desconocimiento del proceso de devolución al que tienen derecho y por ver la oportunidad de recibir recursos a su situación, son engañados y al prestar sus nombres son usados por personas para obtener una devolución indebida, con información inexistente.

Sanciones

Enfocado a la aplicación de beneficios de devolución, la sanción podría ser de pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen los 100 salarios básicos unificados del trabajador en general, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años.

Todos los contribuyentes tienen que seguir el respectivo proceso, ya que no en todos los casos, las personas adultas mayores o personas con discapacidad sustentan que no tenían conocimiento de las acciones para defraudar al fisco.

A ello se suma que en el proceso de estafa se configuran otros delitos como uso doloso de documento falso, asociación ilícita, usurpación de funciones públicas. Este tema depende de la Fiscalía quien puede abrir otras investigaciones.

Ante estas situaciones, el SRI recomienda a los contribuyentes, pero en especial a los adultos mayores, no entregar información personal, claves de acceso o correos electrónicos a personas que les ofrezcan créditos, bonos o préstamos, tomando como referencia al SRI.

En caso de que recurra a un intermediario para efectuar trámites en el SRI, averigüe el estado del mismo, puede hacerlo comunicándose al 1700-SRI-SRI (1700 774 774).

Para iniciar los procesos de control y garantizar que más personas no pasen por las mismas situaciones, podrían iniciar su denuncia en el SRI; pero, de manera paralela, a título personal, efectuar las acciones ante la Fiscalía; o con la Policía Nacional y esta remitirá a la Fiscalía. (I)