Sin importar la tendencia política o la dignidad a la que se aspire, en la campaña electoral que se vive en Ecuador, los candidatos -por igual- encasillan a las personas mayores como abuelitos, ancianitos, viejitos, viejecitos, adultos mayores, jubilados o tercera edad.

Aunque no todos los aspirantes a la Presidencia o a la Asamblea Nacional tienen propuestas para este grupo etario, llama la atención el uso de un lenguaje similar o la fijación de las personas mayores solo en determinados roles. Por ejemplo, “el abuelo o abuela con sus nietos”, en situación de vulnerabilidad, abandono, como jubilado o a la espera de un reconocimiento por su “aporte a la sociedad”.

¿Resulta adecuado el uso de este tipo de lenguaje por parte de quienes tendrán en sus manos el poder de decisión para el diseño, ejecución de políticas públicas y, en especial, el cumplimiento de los derechos de las personas mayores?

El envejecimiento poblacional es una realidad y un fenómeno irreversible en el mundo. La población de personas de 60 años o más era de 542 millones en 1995. Para el 2025 será de 1.200 millones y en 2050 de 2.000 millones.

En el caso de Ecuador la población de personas adultas mayores, de 60 años, en 2025 llegará a 3’000.000. Estas cifras significan  retos para los estados, como lo señala las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Obviamente, esto también tiene que ver con la comunicación.

Jorge Paola, magíster en política social de Universidad I-Salud, en una publicación de la agencia Telam de Argentina menciona que existen numerosas prácticas cotidianas y del lenguaje que hemos naturalizado y que son discriminatorias.

“Decirle ‘abuelo’ a una persona mayor es peyorativo”.

El ‘abuelazgo’ es un rol social, es limitar a esa persona solo a esa función, que ni siquiera sabemos si la tiene; es no entender la multidimensionalidad de ellos.

Pese al trabajo gerontológico por mostrar que existen modelos de vejez diferentes a los de la persona mayor deprimida o asociada a la enfermedad -seres humanos que viven su vejez activos, productivos, felices, independientes-, persisten estereotipos en el imaginario.

Por citar algunos, cuando se usan diminutivos o se les llama ‘abuelos’ sin que haya parentesco. Según Paola, este trato se debe a que existe una imagen negativa de la vejez, asociada a la enfermedad.

Encasillar al abuelo y sobre todo a las abuelas con sus nietos también debe ser manejado con mucha responsabilidad por parte de los candidatos. El ‘Síndrome de la abuela esclava’ es considerado una enfermedad muy común en las mujeres adultas en este siglo XXI.

Consiste en atribuirles responsabilidades de casa y asumir por voluntad u obligación el cuidado de los nietos, como si volvieran a ser madres. Esta sobrecarga física y emocional origina graves y progresivos desequilibrios, tanto somáticos como psíquicos.

La OMS reconoce el abuso del rol de abuela como otro tipo del maltrato hacia la mujer.

Encasillar desde el lenguaje a todas las personas mayores como un grupo vulnerable tampoco es exacto. Si existen diferencias sociales, económicas o de las condiciones de salud entre quienes conforman este grupo etario, eso significa que durante su vida no han tenido las mismas oportunidades, es decir, que sus derechos (salud, trabajo, seguro social, educación) fueron vulnerados.

El envejecimiento no es homogéneo, por el contrario, está marcado por la heterogeneidad. Cada persona mayor es un mundo diferente y por lo mismo sus aspiraciones, su forma de ver la vida, sus objetivos, su estado de salud física o emocional, son diferentes.  

No todos desearán ir a un asilo o tampoco verán como su objetivo de vida ser parte de un programa para adultos mayores similar a los que llevan adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social o el Municipio de Quito.

Si los candidatos a la Presidencia hablan de jubilados deben explicar que van a enfocar su trabajo solo hacia una parte de las personas mayores, porque no todos están en esa condición.

Se estima que este grupo se aproxima a 400.000 hombres y mujeres. Más de 1’000.000 están fuera.

Las sociedades condicionan una serie de creencias, opiniones, actitudes, pautas de conducta y percepciones acerca de la edad, sus implicaciones, sus modos de vida y comportamientos. Cada etapa de la vida persigue unos objetivos y unas pautas concretas.

 Los medios de comunicación y la enseñanza particular permiten la incorporación de roles, ideas y patrones de juicios para establecer una opinión grupal y compartida hacia un grupo de edad.

De igual forma, desde el discurso de los políticos se desarrolla de manera consciente o inconsciente actitudes negativas y estereotipadas hacia la vejez y el proceso de envejecimiento. Esto es conocido como  viejismo, en su término anglosajón ‘ageism’, que significa categorizar a la vejez como incompetencia.

Cuando fomentamos esta imagen general o social hacia este grupo de edad, queda encasillada bajo la percepción de un ciclo de cambio negativo de pérdida de habilidades; una etapa de soledad y dolor, de pobreza en muchas ocasiones marcada por la enfermedad y la visita a médicos.

La infantilización en las personas mayores es vista como una forma de maltrato. Muchas veces se pone al mismo nivel a los niños y a los mayores. De ahí la frase: “Son como niños” o “con el paso de los años vuelven a la infancia”.

Tratarles como niños pequeños o con palabras diminutivas (viejito o ancianito a personas que tiene un amplio bagaje, años recorridos y una experiencia vivida) es una forma de maltrato psicológico, asegura María Esperanza Marcos, especialista en derecho sanitario de la Sociedad Española de Médicos.

De la tercera a la cuarta edad

Esta etapa de la vida, la tercera edad, estaba relacionada con las últimas décadas de la existencia del ser humano. Está muy relacionada con la expectativa de vida, en el caso de Ecuador, en promedio 77,4 años, según la Organización Mundial de la Salud.

En países considerados desarrollados como España, los especialistas en geriatría, gerontología y demografía hablan de un fenómeno nuevo: la cuarta edad. Se refieren a la población mayor de 80 años.

En el caso de España el barómetro del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que en 2012 en España vivían alrededor de 11.200 personas centenarias, un dato sin precedentes hasta entonces.

En Ecuador cada vez es más común mirar cómo hombres y mujeres sobrepasan los 100 años de vida. Cuando los candidatos a la Asamblea y a la Presidencia hablan sobre la tercera edad, debemos entender que sus propuestas no toman en cuenta a las personas de este nuevo segmento poblacional.

La Organización Mundial de la Salud considera que esta cuarta edad es la que requiere de la creación de un sistema integral de cuidados de larga duración, como señalan los especialistas.

En las próximas décadas aumentará vertiginosamente el número de personas mayores que no podrán realizar las actividades de su vida diaria por sí mismas.

Este fenómeno ya lo han enfrentado los países ricos en las últimas tres décadas pero, a diferencia de ellos, la región no dispone ni de los recursos ni de los sistemas de protección social de esos países.

Pensar y planificar políticas de salud asociadas a este fenómeno debería ser prioridad en los gobiernos latinoamericanos y en este caso de los candidatos a la Presidencia del Ecuador.

Otro aspecto fundamental es el fomento de los derechos de las personas mayores, que reemplacen a los modelos asistencialistas y paternalistas. (I)

La norma asegura su protección  

El grupo de la tercera edad cuenta con la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores. Este instrumento legal fue aprobado el 15 de junio en la 45a Sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), coincidiendo con el de concienciación sobre la violencia hacia las personas mayores.

Esta nueva convención es el primer instrumento jurídico específico, en materia de derechos humanos, de personas adultas mayores para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores que viven en la región, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

La Convención establece una serie de definiciones y alcances de los derechos de las personas mayores; también define principios convencionales, entre ellos: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación, entre otros.

La Convención sobre la protección de los derechos de las personas mayores se convierte en el nuevo estándar del continente americano, sentando de esta forma un precedente a nivel mundial. Los primeros países en firmar el documento fueron Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana. El texto se aplica en Uruguay y Costa Rica, luego de que sus parlamentos lo ratificaran. Cinco mensajes clave de la convención:

1) Las personas mayores tienen derechos en igualdad de condiciones con las demás personas; 2) la Convención fomenta una actitud positiva y un trato digno, respetuoso y considerado hacia las personas mayores de 60 años; 3) promueve el reconocimiento de la experiencia, la productividad y la contribución al desarrollo que las personas mayores brindan a la sociedad; 4) todas las personas –en la medida que envejecen- deben seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma; con salud, seguridad, inclusión y participación activa en la sociedad;

5) apoya el envejecimiento activo de toda la población como una forma de garantizar los derechos de las personas mayores de futuras generaciones, es decir, de toda la población que llegará a la vejez a corto, mediano y largo plazo. (I)