Si el siglo XX estuvo marcado por el crecimiento, el XXI será por el envejecimiento poblacional en el mundo. Así lo señalan varios organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Las estadísticas corroboran lo dicho. En 1950 la esperanza de vida al nacer era de 55,7 años y en 2015 aumentó a 74,7 años. En América Latina, Chile es el país con mayor esperanza de vida media, 80,5 años, superado a nivel del continente por Canadá, donde los habitantes viven en promedio 82,2 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su estudio anual sobre la salud global.

Nueve países latinoamericanos se sitúan por encima del umbral de 75 años de esperanza media de vida: Costa Rica, con 79,6; Cuba, con 79,1; Panamá, con 77,8; Uruguay, con 77; México, con 76,7; Argentina, con 76,3; Ecuador, con 76,2; Perú, con 75,5; y Brasil con 75 años de media. Entre 2000 y 2015, la esperanza de vida media en el mundo aumentó cinco años, el mayor avance desde la década del 60. La media mundial en 2015 fue de 71,4 años y solamente 29 países superaron los 80 años.

Un grupo de expertos de la Universidad Internacional de Valencia realizó un trabajo de investigación sobre ‘Las políticas públicas del adulto mayor en Latinoamérica’’, que revela que el número de personas mayores de 65 años crecerá en América Latina y el Caribe un 34% anualmente. La investigación indica que el envejecimiento de la población se “agudiza” ya que la tasa de población mayor de 65 años crecerá un 34% anual a partir de 2020 y pasará de un 7,3% a un 12,5%”.

Así se desprende del estudio coordinado por la experta en psicología y pedagogía Sacramento Pinazo-Hernandis, quien es presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, que analiza la situación de las personas mayores en Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Brasil y Perú, con el objetivo de conocer la situación de este colectivo, los recursos, las normativas y leyes, también los planes y proyectos disponibles para atender la situación de vulnerabilidad y promover el envejecimiento activo.

“El estudio indica que nos enfrentamos a un incremento sustancial del envejecimiento en Latinoamérica en las próximas décadas ya que la proporción de personas mayores crece más que el resto de grupos de edad”, una estadística que estará encabezada por Chile, Costa Rica y Argentina”, al mismo tiempo las políticas públicas de este colectivo son escasas, tardías e inadecuadas.

Tanto es así que con una población de más de 634 millones de personas y una tasa de pobreza que ronda el 30%, la esperanza de vida se amplió 20 años, de manera que actualmente se sitúa en los 76 años (72 en hombres y 79 en mujeres). Este envejecimiento se suma a la reducción de la fecundidad y de la mortalidad en Latinoamérica, una realidad que contribuirá que en 2030 el 12,5% de la población tenga más de 65 años.

En Chile se registrará un porcentaje más elevado de población mayor de 65 años, que pasará de 9,5% a 17,5 del total de la población en 2030; a continuación está Costa Rica que de una tasa de 7,6 aumentará a una de 15,3%. Brasil pasará de un 7,6 a un 13,6%. En Argentina este grupo etario crecerá de 10,4 a 13,3; mientras que en Perú se registrará el aumento de un 6,2% a 10,1%. En México, la población mayor de 65 años llegará a 9,9% en 2030, cuando en 2010 era de 6,2%. Bolivia es donde se registra la cifra más baja, de 8,7% frente a 5,8 de 2010.

En Ecuador actualmente el 7% de sus habitantes tiene más de 65 años, pero en solo 9 años superará (2025) el 10% con lo cual estará entre los países considerados con una población envejecida. El envejecimiento en Latinoamérica se caracteriza por ser predominantemente femenino y en poblaciones con niveles educativos bajos (en algunos casos con menos de seis años de escolarización).

En el otro lado está México, que, aunque registra unos niveles de envejecimiento más moderados (6,8%) no hay que perder de vista que se trata de uno de los tres países de la OCDE que ofrecen menor protección de seguridad social a la vejez. Actualmente, la edad media del país es de 26 años, con una tasa de fecundidad de 2,2 y un ritmo de 3,8%.

El segundo país más envejecido de Latinoamérica es Chile, donde el envejecimiento es más rápido ya que las personas de más de 60 años representan ya el 15% de la población y la esperanza de vida es ya de 82 años en hombres y de 75 en mujeres.

En Perú cerca del 10% de la población tiene más de 65 años y que hasta 2030 podría llegar a 13,27% (51,7% de hombres y 48,2 mujeres), la población de más de 80 años experimentará mayor crecimiento, sobre todo en zonas metropolitanas, como Lima.

Según el informe, Perú experimenta un envejecimiento “relativamente reciente” para el que no está preparado y la pobreza llega al 30% de la población, mientras que la pobreza extrema es de 83% en las zonas rurales y el 60% en la selva rural. En Brasil el envejecimiento se produce de forma acelerada. En 2050 la población con más de entre 60 y 65 años se triplicará, hasta llegar a 30% de la población.

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable, dentro del desarrollo humano, sin embargo cabe resaltar que no todos envejecen de la misma manera, entre los factores que marcan la diferencia en cuanto al cómo se envejece, se puede apreciar la condición de género, entendida esta como los roles y comportamientos culturalmente asumidos por hombres y mujeres.

Por otro lado, la calidad de vida, que se configura alrededor de las personas adultas mayores, desde temprana edad, influye en el tipo de envejecimiento que tendrá. No se dejan de lado los factores territoriales, las condiciones de vida, así como los patrones culturales que rigen la cotidianeidad de las personas a nivel de costa, sierra o selva. (I)

El informe menciona las políticas de ecuador

Cada país de Latinoamérica tiene un proceso diferente de envejecimiento

Las condiciones económicas, el número de habitantes y las políticas, son distintas en los países elegidos y en muchos de estos se aprecia la enorme desigualdad que se produce en la vejez. La atención a los más vulnerables también es desigual. El envejecimiento en América Latina se caracteriza por ser predominantemente femenino y en poblaciones con niveles educativos bajos (menores a 6 años de escolarización, incluso menos). La tasa de analfabetismo es de 40,8% en mujeres adultas mayores de Bolivia, 34,5% en Perú, 33,1% en Ecuador y 2,4% en Argentina.

En el caso de las poblaciones rurales no solo el envejecimiento es mayor sino que disponen de menos servicios de apoyo (formal e informal). Mirando por países y atendiendo la salud y teniendo en cuenta un par de los 100 indicadores fundamentales que cita la OMS (OMS, 2015), por ejemplo, el número de camas de hospital por cada 10.000 habitantes es de 45 en Argentina frente a las 12 de Costa Rica, 11 de Bolivia, 15 de Ecuador y Perú, 16 de México y 21 de Chile (Cepal, 2010) y el número de médicos por cada 1.000 habitantes es de 3.9 en Argentina, 2.1 en México, 1.7 en Ecuador, 1.1 en Perú y Costa Rica, 1.0 en Chile y 0.5 en Bolivia (Cepal, 2014). El envejecimiento, además, se da en un contexto de pobreza, a menudo extrema.

Frente a esta situación, ¿qué políticas públicas se están implementando? La existencia de un importante número de intervenciones orientadas al adulto mayor constituye una oportunidad y a la vez un reto para los gobiernos.

Por tanto es necesario identificar las posibles sinergias entre las intervenciones ya existentes a fin de explotarlas, pero también es necesario realizar una exhaustiva labor de coordinación intersectorial e intergubernamental para evitar la duplicidad de intervenciones y la superposición de competencias.

No obstante, a partir de las cifras mostradas resulta evidente que es igualmente necesario continuar con las labores orientadas a la expansión de la provisión de programas sociales focalizados en aquellos adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, muchos continúan todavía fuera del rango de los programas sociales existentes.

Los cambios en la dinámica poblacional que han tenido lugar en los diferentes países de América Latina desde mediados del siglo XX han tenido como resultado un envejecimiento poblacional. Sin embargo, por las tendencias con relación a la esperanza de vida y las tasas de fecundidad se estima que el envejecimiento poblacional se agudice más en las siguientes décadas.

Buscando reflexionar sobre la longevidad y el envejecimiento poblacional, la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se presenta, incuestionablemente, como una de las más importantes agrupaciones de esfuerzos reunidos por un envejecimiento más digno.

Bajo la financiación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en dos ediciones que ocurrieron en Viena (1982) y en Madrid (2002), se reunieron Estados, naciones, organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones afines, sensibilizados por la cuestión del envejecimiento poblacional. Posteriormente, en Viena, en 2012 volvieron a reunirse los Estados para revisar los logros alcanzados, tras 30 años de trabajo.

El informe de la Universidad de Valencia analizó también las políticas públicas del adulto mayor y recursos en Ecuador. Señala que el Ministerio de Salud Pública estableció en 2007 como prioridad en la Agenda Pública Nacional, el Plan de Acción Nacional para la Atención Integral de Salud de la Población Adulta Mayor, como un esfuerzo coordinado de las instituciones públicas y privadas y de cooperación internacional, orientando los recursos técnicos y financieros nacionales internacionales al fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, que contribuyan en la atención integral y de la calidad a las personas adultas, adultas mayores, con énfasis en las zonas más críticas del país.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tiene como objetivo un modelo de inclusión y aseguramiento que genere oportunidades para que los ciudadanos superen su condición de pobreza. Este enfoque institucional se centra en dos áreas:

a. Inclusión al Ciclo de Vida y la Familia, donde se incluyen los siguientes programas: Desarrollo Integral -que centra su atención a las necesidades específicas de la población de atención prioritaria, dirigidas a su desarrollo integral, y Protección Especial -enfocado en la prevención y atención a la población vulnerada en sus derechos-.

b. Aseguramiento para la Movilidad Social que incluye el Aseguramiento no contributivo -programas y servicios de protección ante riesgos y contingencias-, el Aseguramiento contributivo. -Bono de Desarrollo Humano, Pensión para Adultos Mayores y Personas con Discapacidades-; y Promoción y Movilidad -impulso a la generación de oportunidades para ayudar a la salida de la pobreza a los hogares en condiciones de vulnerabilidad-.

El programa de jubilación no contributiva se orienta a atender a la población adulta mayor que no está cubierta por ningún tipo de seguridad social llegando a ser más del 75% de la población adulta mayor total del país, y el programa de jubilación contributiva que tiene una cobertura del 25% de la población mencionada. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) -a través del Programa del Adulto Mayor- ofrece talleres de terapia ocupacional, socio-recreativos y de integración, para la promoción, prevención y cuidado integral de la salud de los adultos mayores.

Estas actividades se realizan en todo el Ecuador y están destinadas a los jubilados del IESS. Son coordinadas por ellos mismos, en asociación o no, junto con los funcionarios de las unidades médicas del IESS.

El Distrito Metropolitano de Quito puso en marcha en 2011 el Programa de Salud Integral de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, con énfasis en atención primaria, al que denominó Salud 60 y Piquito.

El desafío debe enfrentarse desde ahora

Dependencia ¿estamos preparados para lo que se viene en pocos años?

Uno de los temas más relevantes a los que hará frente la esfera política y social a nivel mundial es la cuestión del fenómeno de la dependencia. Desde el escenario político hasta el ámbito institucional, desde los centros de investigación a los medios de comunicación, desde la perspectiva organizacional, sanitaria y económica de un país, hasta los diálogos entre los ciudadanos en la calle. Es uno de los temas de mayor importancia para ser abordado en el siglo XXI (Czaja, Eisdorfer y Schulz, 2000). Todos piensan y discuten acerca de las personas dependientes y los recursos con los que se enfrentará esta situación.

Actualmente, por la magnitud del fenómeno, este es un tema que se sitúa en el centro de debate, tanto en relación con las personas dependientes como en lo relacionado con sus cuidadores. Se ha superado el desafío biológico, el vivir más años pero, sin embargo, no se ha superado el desafío social que este hecho comporta. Esta situación plantea muchas cuestiones primordiales.

Cómo ayudar a las personas dependientes y a sus familiares y qué medidas llevar a cabo? ¿Cómo repartir los cuidados entre la responsabilidad social y la responsabilidad familiar?… Tenemos ante nosotros un sinfín de cuestiones todavía sin resolver y, sin lugar a dudas, es un campo de investigación de innegable interés. Hace ya más de una década que este problema ocupa a los organismos internacionales.

Muestra de ello fue la aprobación, en 1998, por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, de una Recomendación relativa a la dependencia. En ella se define la dependencia como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana” o, más específicamente, “como un estado en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal” (Consejo de Europa, 1998).

Esta conceptualización expone visiblemente los factores que interactúan a la hora de plantear una situación de dependencia. Por un lado, se considera la existencia de algún tipo de déficit o de discapacidad física, psíquica o intelectual a causa de una enfermedad o de un accidente, que afectaría directamente a determinadas capacidades de las personas, es decir, que limitaría su actividad en la vida diaria.

En consecuencia, se produciría la imposibilidad de la persona para llevar a cabo de forma autónoma las actividades cotidianas. Finalmente, se presenta la necesidad de la persona dependiente de disponer de una persona que amortigüe los efectos de su dependencia, es decir, la necesidad de prestación de cuidados por parte de otro.

Entre 1970 y 2025 se prevé que la población con más edad aumente en unos 694 millones, esto es, alrededor de un 223% (OMS, 2002). En el año 2000, en la Unión Europea, las personas de más de 65 años representaban el 16,3% de la población (Eurostat, 2002). En la actualidad, esta cifra se eleva a 31,3% (Eurostat, 2012). El pronóstico, según el mismo informe, para el año 2025 ascenderá, aproximadamente, a 31,4% las personas mayores de 60 años.

En el año 2050 se estima que las personas mayores serían el 32% de la población, esto es, más de 15 millones de personas. Sin duda, nos situamos ante una inversión demográfica sin precedentes, puesto que nunca antes el grupo de personas mayores de 65 años había superado al grupo de niños de entre 0 y 14 años de edad.

En el año 2010 las personas mayores ya representaban cerca de 8 millones de personas, suponiendo el 16,9% de la población española. Además se observa la línea ascendente que siguen las personas mayores (más de 80 años), representada por más de 2,2 millones de personas en la actualidad, con un pronóstico para el año 2049 de 5,6 millones (IMSERSO, 2011).

Se debe matizar que, en el proceso que conduce a la dependencia, como se plantea tradicionalmente, no solo han de considerarse los factores biológicos relacionados con la salud física y mental. La dependencia es un fenómeno multicausal, en el que cada vez adquieren mayor relevancia los factores psicosociales asociados.

Los cambios socioculturales, los avances médicos y demográficos, así como los avances en otras ciencias afines, son los factores más relevantes para explicar que haya un elevado número de personas que llegan a edades más avanzadas (Oliva y Osuna, 2009). Nos situamos, en consecuencia, ante un fenómeno sin precedentes históricos.

La optimización de las condiciones de vida permite vivir más y que se llegue a una edad más avanzada en mejores condiciones de salud física y psicológica. Por lo tanto, es una excelente noticia. Sin embargo, por el simple paso de los años, y de forma natural, muchas personas ven reducida su independencia funcional.

Por tanto, mantener la autonomía y la independencia de las personas en edades avanzadas incluye un reto de gran magnitud. Pese a ello, en la medida que esto no suceda y las personas pierdan su capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria y vivir de forma independiente, tendrán más posibilidades de necesitar la ayuda de otros. Afrontar este hecho es un desafío de extraordinaria trascendencia. Tenemos ante nosotros un fenómeno sin precedente alguno que se presenta como un reto ineludible: dar respuestas a la gran variabilidad de necesidades y demandas de las personas dependientes, y a sus familiares.

Andrea Vázquez Martínez, doctora en Psicología. Ph.D para el ejercicio de la docencia, investigación que analiza parte de lo que significará en corto tiempo el proceso de envejecimiento y la urgencia de asumir desde hoy políticas públicas más efectivas.