En los últimos años existe un fenómeno en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. La urbanización de la población femenina adulta mayor es un proceso hasta ahora inevitable.

De 20 países con información disponible en 2010, el 83% del total de las mujeres mayores -unos 25 millones- tenía residencia urbana, mientras que aquellas que vivían en las zonas rurales representaban apenas el 17%.

Las mujeres de edad estaban más urbanizadas en el Cono Sur y Venezuela.

 En otros 14 países, la población femenina de edad con residencia rural tenía un peso relativo superior al promedio regional (17%), aunque con una amplia variabilidad. En Haití, por ejemplo, más del 60% residía en el campo, seguido de Bolivia con el 41%; en otros 6 países, sobre todo de Centroamérica, el porcentaje de mujeres mayores rurales alcanzaba o superaba el 30%.

En Ecuador las mujeres adultas del sector rural comparten tareas agrícolas con su pareja o solas para subsistir.

La seguridad social, resalta la CELADE, es una preocupación y una deuda pendiente de los Estados con los adultos mayores y en especial con las mujeres. En América Latina la protección social durante la vejez es menor para las mujeres que para los hombres. En 2007 apenas una de cada 10 mujeres mayores recibía ingresos por jubilación o pensión en la República Dominicana, Bolivia, Colombia, Honduras y Paraguay.

Estas desigualdades se derivan, en parte, de las condiciones en que las mujeres desarrollan su actividad laboral durante el curso de su vida, o de las limitaciones estructurales ocasionadas por las leyes y normas que rigen los sistemas de seguridad social. En este marco, las pensiones no contributivas actúan como un importante mecanismo para asegurar el bienestar de las mujeres mayores y ayudan a disminuir las brechas de género en la cobertura de la seguridad social. En Ecuador a las personas mayores de 65 años se entrega el Bono de Desarrollo Humano (50 dólares mensuales).