Apenas 45 de cada 100 trabajadores -entre 15 y 64 años- aportan a un plan de retiro en América Latina y el Caribe. Para 2050, entre 63 y 83 millones de personas podrían no recibir una pensión adecuada en ausencia de reformas y de esfuerzos por aumentar el empleo en el sector formal, incluyendo el acceso a educación de calidad.

En América Latina y el Caribe, casi 23 millones de personas mayores de 65 años no reciben una pensión financiada por sus propias contribuciones. Debido al rápido envejecimiento de la población, este número se disparará en los próximos años. Hoy en día, existen 8 personas en edad productiva por cada pensionista, pero se espera que en 2050 la tasa disminuya a 2,5 en toda la región.

Aproximadamente 130 millones de trabajadores no contribuyeron durante 2010 a un esquema pensional para la vejez. Esta situación se acentúa especialmente en algunos países andinos y de Centro América (Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú), donde menos del 20% del total de la fuerza laboral está contribuyendo.

En otro grupo de países, algunos de ellos entre los más dinámicos de la región (Colombia, República Dominicana y México), solamente entre un 30% y 40% de los trabajadores contribuyen. En países de ingresos más altos según los estándares regionales (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay), lo hacen entre un 50% y 70%).

Las cifras, poco alentadoras, corresponden al informe Panorama de las Pensiones: América Latina y el Caribe, presentados esta semana y que fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial.

El informe del BID ofrece indicadores comparativos de los modelos de pensiones de los 26 países de la región, atendiendo a su estructura, reglas y parámetros. En ellos se contempla las reformas recientes e incluye indicadores comparables referentes a demografía, gasto público en pensiones y derechos a este beneficio. (LEA EL INFORME SOBRE EL PANORAMA DE LAS PENSIONES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE)

Según Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en este momento la región disfruta de un bono demográfico que no se debe desaprovechar. “Si logramos que más personas contribuyan a los sistemas de pensiones y si ajustamos los sistemas al aumento de la esperanza de vida en la región, podremos dotar a las generaciones futuras de una cobertura adecuada”.

Para el secretario de la OCDE, Ángel Gurría, es urgente que los gobiernos impulsen las oportunidades de empleo en el sector formal, particularmente para las mujeres, con el propósito de que más personas puedan beneficiarse de una pensión digna. “Demasiadas personas en la región aún están excluidas de los sistemas de pensiones. Son necesarias más reformas para incrementar la cobertura a fin de asegurar un ingreso decoroso al llegar al momento del retiro”.

En el informe se establece que la probabilidad de que un trabajador realice contribuciones también tiene una dimensión de género. La tasa media de participación de las mujeres en el mercado laboral en los países de América Latina y el Caribe es del 56%, frente al 83% de los hombres. La brecha de género varía entre el 20% en Bolivia, Chile, Jamaica y Uruguay, y el 40% en Guatemala, Honduras y México.

Las mujeres reportan menos años en empleo formal que los hombres, debido a las interrupciones en su carrera para el cuidado de los hijos y otras responsabilidades, además de ciertas políticas que promueven su jubilación temprana. Estos hechos, junto con la mayor expectativa de vida de las mujeres, implican que estas, en promedio, emplean períodos más largos para la jubilación, pero con menores pensiones. De esta manera, la probabilidad de pobreza entre las mujeres durante la tercera edad es muy alta.

El mayor desafío de la política de pensiones al que se enfrentan en la actualidad los países de América Latina y el Caribe es la baja cobertura de los sistemas, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en los sistemas pensionales como la proporción de personas mayores que reciben algún tipo de pensión.

Los esfuerzos por cerrar la brecha en términos de cobertura, por ejemplo, a través de las pensiones no contributivas, están en el centro del debate sobre la política de pensiones en la región. Sin embargo, estas políticas podrían plantear desafíos fiscales significativos para los Estados, en las próximas décadas, debido a que la población envejece.

Las diferencias de ingresos entre los hogares tienen asimismo un importante impacto en la región. El informe del BID señala que los trabajadores en el quintil más alto de la distribución de los ingresos cuentan con porcentajes relativamente altos de contribución, mientras que los trabajadores de bajos ingresos, escasamente contribuyen a los sistemas previsionales.

En el caso de los trabajadores de ingresos medios, por ejemplo, apenas entre el 20 y 40% contribuyen a una pensión, lo cual les hace particularmente vulnerables a los riesgos de pobreza en la vejez.

El informe menciona que un factor determinante de la cobertura de pensiones en América Latina y el Caribe, además, es el tipo de empleo. En promedio, 64 de cada 100 trabajadores asalariados contribuyen a un plan de pensiones, mientras que apenas lo hacen 17 de cada 100 trabajadores por cuenta propia.

El tamaño de la empresa también es importante para los sistemas de pensiones. En las grandes con más de 50 trabajadores, el 71% de los trabajadores contribuyen, en comparación con el 51% de las medianas (de 6 a 50 empleados) y el 24% en las pequeñas (menos de 6).

Se destaca en el informe que las transiciones frecuentes entre formalidad, informalidad e inactividad generan brechas de contribución significativas en las carreras de los trabajadores en América Latina y el Caribe. Esto puede poner en riesgo la adecuación de los futuros ingresos de jubilación. En casi todos los sistemas, los historiales incompletos de cotización dan lugar a derechos de pensión más bajos.

La inestabilidad en los trabajos determina que los aportes tengan cortes, que muy difícilmente serán recuperados en los posteriores años de actividad de los afiliados a los sistemas. En este aspecto influyen los reducidos puestos de trabajo existentes para los adultos. (I)

Las pensiones sociales como una alternativa para los Estados

Una gran parte de las personas mayores en América Latina y el Caribe tendrán que recurrir a otras fuentes de ingresos diferentes a las pensiones contributivas, por ejemplo, ingresos provenientes del trabajo, activos inmobiliarios, las transferencias, las pensiones sociales y el apoyo familiar.

La estructura de los hogares, un factor importante para el bienestar de los adultos mayores, muestra que las personas pobres de más edad tienen más probabilidades de estar viviendo con un miembro de su familia.

La mayoría de los ancianos en situación de pobreza de la región viven en hogares multigeneracionales, lo que indica que su bienestar está estrechamente relacionado con el de su familia.

Las tendencias a largo plazo de una urbanización creciente y la disminución de la fecundidad probablemente debilitarán estos lazos en el futuro y facilitarán el acceso al sistema formal de pensiones.

Las pensiones sociales en la región se están expandiendo y, en algunos países, constituyen un elemento importante del sistema de pensiones. Estos programas han tomado varias formas con diferentes resultados entre los países. En términos de cobertura y generosidad relativa, las pensiones sociales son más importantes en Guyana y Bolivia, seguidas por Venezuela y Brasil.

Es necesario, se recomienda en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, adoptar un enfoque de dos vías con el propósito de enfrentar la brecha de cobertura. Por un lado, aumentar la participación formal del mercado de trabajo, especialmente para las mujeres, para que la gente pueda construir sus propios derechos a una pensión.

En la medida de lo posible, se puntualiza, los trabajadores deben afiliarse en los sistemas contributivos para impulsar el ahorro en pensiones y garantizar la adecuación de estas. Al mismo tiempo, el papel de las pensiones no contributivas (o sociales) está aumentando en toda la región y puede representar una herramienta fundamental para mejorar la situación económica y el bienestar de las personas mayores.

Ecuador frente al envejecimiento y las pensiones

El envejecimiento de la población es uno de los motores de cambio de la ola de reformas pensionales alrededor del mundo y también en Ecuador.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), basados en el censo de 2010, el número de personas mayores de 65 años superaba el 1’200.000, sin embargo al 2015 sobrepasan el 1’300.000. Para el 2025 se proyectan cerca de 3’000.000.

Datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mencionan que en el país existen 3’123.467 afiliados a noviembre de 2014. De esta cantidad unos 3’025.668 tienen relación de dependencia con el sector público y privado, mientras 97.799 son afiliados sin relación de dependencia.

En Ecuador existe alrededor de 300.000 jubilados del sector público, privado, Fuerzas Armadas y Policía que reciben una pensión de retiro. A las personas mayores de 65 en situación de extrema pobreza y los discapacitados se les entrega el Bono de Desarrollo, que consiste en 50 dólares mensuales, como ayuda para cubrir sus necesidades básicas.

Los beneficiarios del Bono representan más de 500 mil personas. Es decir que otra cantidad similar no cuenta con un apoyo económico durante su vejez.

En Ecuador, la pensión de jubilación se paga a hombres y mujeres a cualquier edad, siempre que tengan al menos 480 meses contribuidos; a los 60 años con al menos 360 meses de contribuciones; a los 65 con al menos 180 meses o a los 70 con al menos 120 meses.

Se aplican reglas especiales para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes pueden retirarse después de 25 años de servicio.

La pensión mensual equivale al porcentaje del ingreso mensual de cotización promedio de los últimos 5 años de ingreso percibido. El porcentaje varía de acuerdo con el total del número de años de contribución (50% por 10 años, 75% por 30 años, 81,25% por 35 años y 100% por 40 años). La pensión jubilar de Ecuador está entre las más altas de América Latina, sobre los $ 300 la más baja. (I).

Futura adecuación del ingreso por jubilación

Las brechas en términos contributivos de los hombres y mujeres en América Latina y el Caribe, correlacionadas con las altas tasas de transición, los altos índices de informalidad y las bajas tasas de empleo, tendrán un impacto significativo sobre la futura adecuación de los ingresos por jubilación, destaca el informe del BID.

En casi todos los sistemas, los historiales contributivos incompletos tienen como resultado menores derechos a pensión. En esquemas contributivos definidos, los períodos sin contribución durante los primeros años de la carrera de un trabajador pueden tener un impacto particularmente negativo, debido a los efectos del interés compuesto.

En sistemas de beneficios definidos, dice el informe del BID, si las brechas se prolongan o se concentran al final de la vida laboral, es posible que algunos trabajadores no alcancen el número requerido de años de contribución para recibir ni siquiera la pensión mínima contributiva. Por lo tanto, es importante examinar no solamente el tamaño de estas brechas en términos de contribuciones, sino también su distribución en el tiempo.

El análisis de los datos de dos estudios piloto realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2008 en Lima (Perú) y Ciudad de México (México) sugieren, por ejemplo, que las brechas tienden hacia una distribución uniforme durante la vida laboral, lo cual es consistente con las frecuentes transiciones laborales discutidas anteriormente.

En Lima y Ciudad de México los trabajadores con edades entre 55 y 59 años contribuyen a los esquemas pensionales durante un promedio de 18 y 17 años, respectivamente. Asumiendo que estos trabajadores ingresaron al mercado laboral a los 20 años, sus densidades de contribución media pueden estimarse en aproximadamente un 48% y un 47%, respectivamente. Aun así, estos resultados deben tenerse en cuenta simplemente como medidas aproximadas de las densidades de contribución, ya que solo reflejan una sección transversal. (I)

Los países más jóvenes y viejos de la región

En 2010 el país más viejo de América Latina y el Caribe a nivel demográfico era Uruguay, con una tasa de dependencia de solamente 4,0. Argentina era el siguiente con 5,3, seguido por Barbados con 6,1, y Chile y Jamaica como los únicos otros países por debajo de 7.

Los países más jóvenes fueron Belice y Guyana, con tasas de 12,8 y 15,4 respectivamente, posteriormente Haití y Honduras, ambos alrededor de 11,0. Otros tres países, Bolivia, Colombia y Nicaragua, todos tienen tasas de dependencia por encima de 10,0. La evolución de las tasas de dependencia está determinada por la mortalidad, las tasas de fertilidad y la migración.

Como demuestran los dos indicadores anteriores, los países de la región han percibido continuos aumentos en la esperanza de vida, aspecto que la mayoría de los analistas predice que continuará en el futuro (con particular impacto sobre la mortalidad en edad avanzada). Esta tendencia, junto con la continua disminución de la fertilidad, tendrá como resultado un aumento del porcentaje de personas mayores y del número de pensionados.

También se han producido reducciones importantes en las tasas de fertilidad, lo que por supuesto reducirá el tamaño relativo de las cohortes de trabajadores que ingresan al mercado laboral. Dado que los bebés ya nacieron, conocemos la escala de cambio en el número de personas en edad productiva para las siguientes dos décadas. Por ejemplo, las tasas de fertilidad ya están por debajo del nivel de reemplazo en países como Costa Rica, Brasil o Chile. Esto significa que las nuevas generaciones serán más pequeñas que las de sus padres.

Existe para el futuro un alto grado de incertidumbre sobre cómo evolucionarán las tasas de fertilidad. Para la región desde una perspectiva integral, se pronostica que la reducción de la tasa de dependencia continuará a un ritmo constante. Sin embargo, se predice una convergencia entre los países con un envejecimiento más rápido y los países mográficamente más jóvenes. (I)