A partir de la Constitución de 2008  se define que “los servicios públicos dejan de ser simples prestaciones sociales para convertirse en medios para la garantía de derechos”. Desde estos lineamientos se crea un sistema de protección integral en sus diferentes etapas de vida mediante la participación y la corresponsabilidad estatal, social y familiar. El propósito es cumplir los derechos de las personas adultas mayores expresados en la Constitución: salud, educación, vivienda, accesibilidad, comunicación, cultura, capacitación y trabajo, exenciones tributarias, tarifas preferenciales y protección y promoción social.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el ente rector en lo referente a la oferta de servicios de cuidado y atención integral de salud, a lo largo del ciclo de vida. A través de una normativa técnica se evalúa y define indicadores de calidad, entrega de permisos de funcionamiento, definición del modelo de atención, implementación de sistemas de información y registro de servicios para población adulta mayor. Los gobiernos autónomos descentralizados, instituciones y organizaciones de la sociedad civil actúan como ejecutores de los servicios.

Las modalidades de atención a los adultos mayores son de forma directa con 14 centros gerontológicos directos de atención diurna, domiciliar y de espacios alternativos.

Mediante 437 convenios en 2015 se amplió la cobertura en los servicios de atención para adultos mayores, de manera que progresivamente se asuma, desde los distintos ámbitos de la administración pública, la responsabilidad de garantizar los derechos de este grupo de población. El MIES trabaja en alianzas con municipios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, universidades.

En 2015 se atenderá a 75.914 adultos mayores con una inversión de $ 19’964.487. El Ministerio se encargará de vigilar la gestión interna de estas unidades para garantizar el bienestar de la población adulta mayor atendida.