Rosa A., es una enfermera con un salario de USD 1.295 que trabaja 36 años en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La funcionaria es investigada por los cinco asambleístas de Azuay: Adrián Castro, Sofía Sánchez, Leonardo Berrezueta, Diego Matovelle y Mabel Méndez, por presuntas irregularidades dentro del Hospital José Carrasco Arteaga.

La mujer además se desempeña como secretaria general del Sindicato Nacional Único de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por varios años. Ha ganado en cinco ocasiones esta dignidad. Fuentes cercanas a El Telégrafo dieron a conocer que estos procesos de elección habrían presentado vicios y anomalías y esto llevó a que Rosa A. siga en el cargo.

Actualmente es investigada por los asambleístas mencionados por un presunto manejo arbitrario de aportes al Sindicato de Trabajadores del IESS. Una parte de los miembros de este sindicato detalla que se les descuenta de su rol de pagos un aporte mensual (el monto depende del cargo). Este valor iría en beneficio de los trabajadores. Lo que reciben, según miembros de este grupo, es un bono a fin de año. 

Audiencia caso IESS Azuay en la casa legislativa Quinta Bolivar. https://t.co/6Ym46dN9JV

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En la audiencia convocada en la casa legislativa se conocieron denuncias de presuntas irregularidades en el manejo del sindicato de trabajadores del hospital del IESS. Trabajadores y ex funcionarios aseguran ser descontados de sus roles de pagos sin que nadie dé respuesta de los… pic.twitter.com/sNV3hTlWC3

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La funcionaria también es investigada por un presunto tráfico de influencias y nepotismo. En la comparecencia que Rosa A. tuvo con los asambleístas, reconoció que cinco familiares suyos trabajan dentro del hospital José Carrasco Arteaga y desconoció a otros cinco.

Dos horas y media duró la audiencia a la que fueron convocados el Director provincial del IESS en Azuay; el gerente del hospital José Carrasco Arteaga y la dirigente del sindicato de trabajadores, por parte de los cinco asambleístas del Azuay. Rosa Argudo, representante del… pic.twitter.com/IO3fCUg5Zn

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La investigada se abstuvo de responder a los asambleístas si recibe remuneración al ser secretaria del sindicato de trabajadores y si tiene nueve predios en Quito. Además, tampoco respondió cuando los asambleístas le preguntaron si estaría de acuerdo en que le auditen sus bienes.

"Pídame por escrito, le adjunto lo que me pida. No voy a revelar aquí mi vida personal", respondió a los funcionarios de la Asamblea Nacional.

Otra de las anomalías que se le habrían encontrado responde al contrato que mantiene una empresa que estaría a cargo de su hija (también funcionaria del IESS) con el hospital mencionado. Esta empresa colocó máquinas dispensadoras de alimentos en el José Carrasco Arteaga y el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca.

Las máquinas dispensadoras fueron retiradas el 19 de junio del Hospital José Carrasco Arteaga (días antes de la comparecencia de Rosa A.) y ayer, 27 de junio de 2024 del Hospital Vicente Corral Moscoso, según el asambleísta Adrián Castro (independiente). El director provincial del IESS, Esteban Villa, solicitó a la gerencia del hospital José Carrasco Arteaga, información sobre este retiro.

Director provincial del IESS pide a fiscalía investigue procedencia de máquinas expendedoras del hospital JCA. https://t.co/PZgX0YAcCc

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Durante la comparecencia, Villa también pidió un examen a la Contraloría. "Hemos presentado una denuncia hacia Fiscalía para iniciar un proceso de investigación; si es que hay o no algún ilícito, las autoridades deben definir", mencionó.

La funcionaria deberá presentar la información solicitada por el grupo de asambleístas; tiene un plazo de 10 días (jueves 6 de julio de 2024).

Datos:

Según información de la Contraloría General del Estado, Rosa A. declaró sus bienes por última vez en 2022.

En 2020, los bienes de la mujer fueron de USD 454.598,22. En su última declaración (2022), el patrimonio de Rosa A. fue de USD 236.031,91.