Rubén Miranda Gonçalves, coordinador del Máster en Derechos Humanos: Sistemas de Protección de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), conversó con El Telégrafo sobre la situación de los indígenas en medio de pandemia. También sobre sus derechos,  la discriminación.

¿Qué ha pasado con los pueblos y nacionalidades indígenas durante la pandemia? En algunos países de América Latina han denunciado la poca atención de los gobiernos hacia ellos. ¿Era necesario preparar planes especiales para esta población? ¿Por qué?

 La pandemia del covid-19 ha afectado de forma negativa a toda la población del mundo en general. No obstante, no ha afectado de igual forma a todas las personas y colectivos. Lamentablemente, los pueblos indígenas, como colectivo especialmente vulnerable han sufrido unas consecuencias devastadoras, pues no todas las personas han tenido la oportunidad de tener el mismo acceso a la sanidad.

Es cierto que la pandemia llegó de sorpresa, pero muchos Estados no han sabido gestionarla ni han adoptado medidas para paliar las consecuencias. Sería necesario promover el aislamiento social de estos pueblos para evitar que el virus se propagase en sus comunidades y preparar una mayor atención, especialmente debido a la distancia que existe desde las comunidades indígenas a los centros de salud.

 En la mayoría de los países de la región los indígenas siguen pobres, tienen poco acceso al trabajo, a la salud y a la educación. ¿Por qué persiste esta misma situación a lo largo de tantos años?

 Ciertamente, los indígenas representan el 15% de los pobres del mundo según los datos de Naciones Unidas. Además representan el 5% de la población mundial, lo que se traduce en más de 370 millones de personas.

A lo largo de todos estos años, los sucesivos gobiernos le han arrebatado sus tierras, se han expropiado sus recursos y siempre anteponen el beneficio económico a los derechos humanos, eso es algo que no se puede permitir.

Esa situación es consecuencia de la inexistencia de políticas públicas volcadas para la protección de los pueblos indígenas, políticas gubernamentales capaces de hacer efectivos los derechos de esos pueblos. Aunque exista la previsión normativa de derechos como la salud, educación, trabajo, entre otras, cuando el Estado no crea herramientas que los hagan accesibles, esos derechos no pasan de meras expectativas.

 ¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos a las que han sido sometidos y que siguen en la actualidad?

Han sido varias, desde la expropiación de sus tierras y recursos, hasta la reducción de su población a través de guerras y la imposición de leyes y políticas por parte de los Estados.

Desde el punto de vista cultural, la mayor violencia a los derechos de los indígenas empieza cuando se intervienen sus tierras, porque para ellos es un bien sagrado. De la tierra, además de extraer los alimentos, viven experiencias espirituales, por lo que intervenirlas, daña su propia existencia.

En la región se conoce poco lo que ocurre con los indígenas de EE. UU. y Canadá que también sufren discriminación, e incluso viven en reservas. Uno de los temas del Congreso es el genocidio canadiense, ¿cuáles son las causas de ese genocidio?

El genocidio canadiense, del cual fueron víctimas mayoritariamente las mujeres indígenas, tiene como principal causa la discriminación racial.

A mi juicio, las causas de este genocidio fueron el enraizamiento de las políticas que se han convertido en estructurales.

Hay una dicotomía y un debate entre conseguir recursos económicos para un país con la minería legal o la explotación petrolera, y la oposición de los indígenas que son los guardianes de la naturaleza. ¿Cómo resolver esa dicotomía de manera que un Estado obtenga ingresos y no se destruya el medio ambiente?

Es cierto que las comunidades indígenas son las que menos han contribuido al problema del cambio climático, porque sinceramente son los que, precisamente, ofrecen más aportes ecosistémicos en la lucha contra los efectos del cambio climático. A mi modo de ver, a la hora de resolver esa dicotomía, debería hacérsele partícipes de todo el proceso, desde el principio hasta el final, cuando ya se obtiene el beneficio.

Es tan simple como cumplir el derecho a la consulta previa, libre e informada, que las comunidades involucradas decidan libremente si aceptan o no la propuesta estatal o empresarial.

Lo que ocurre es que en realidad, los intereses económicos de un país están por encima de cualquier otro. En este sentido, la explotación petrolera, por ejemplo, en muchas ocasiones se hace de forma irregular, no respetando las normas, razón por la cual esas intervenciones extrapolan aquello que sería una explotación mineral sustentable, afectando drásticamente al medio ambiente.

 ¿La discriminación a los indígenas cuánto pesa a la hora de hacer políticas públicas para esta población?

En esta cuestión debemos tener en cuenta que no podemos saltarnos el respeto a los derechos humanos. Las políticas públicas están bien y son necesarias, pero estamos hablando de derechos humanos, por tanto, aquellos que todo ser humano posee por el mero hecho de haber nacido, que tienen carácter universal, por tanto, aplicables a todas las personas, independientemente de su raza, de su sexo, nacionalidad, religión.

La discriminación que sufren los pueblos indígenas podría aliviarse valorando su cultura, haciendo que la humanidad tome conciencia de la importancia de estos pueblos para nuestra riqueza multicultural.

Cuando hay reconocimiento, la aceptación es efectiva, pues los actos discriminatorios son el resultado de la ignorancia y la falta de conocimiento.

 Hay también una discusión sobre el tema de la justicia indígena. ¿Sí los pueblos y nacionalidades son parte de un mismo país, por qué deben tener una justicia para ellos?

No podemos olvidarnos que la justicia indígena se mantiene precisamente para respetar las tradiciones de su cultura, que a su vez es propia de sus comunidades. No obstante, no podemos pensar que no tienen derecho a la justicia ordinaria en su país, porque sería un error.

Un indígena, como ciudadano de un Estado, puede acudir a los tribunales ordinarios de su país si así lo desea.

Una cosa es que se establezca cierta libertad para que las comunidades indígenas creen  sus propias normas y resuelvan conflictos que se originen dentro de su territorio y otra muy diferente es que para resolver esos conflictos con su justicia interna se puedan vulnerar los derechos humanos como pueden ser la vida, la dignidad, la libertad.

 También se ha judicializado más a los indígenas por ser indígenas y hacer movilizaciones y protestas. Por ejemplo, eso ocurrió en Ecuador en los 10 años del Gobierno anterior ¿Qué opina sobre esto?

Las movilizaciones y las protestas son usadas por la sociedad en general, no solo los pueblos indígenas, incluso otras minorías las utilizan para hacerse notar. Estamos ante una herramienta que se usa para salir de la invisibilidad social y que sean oídos. Existen varias formas de movilizarse y siempre que se haga de forma pacífica y legítima no veo motivos para obstaculizarla.

En mi opinión, determinados grupos se han aprovechado de los indígenas para hacer la “revolución” ante el gobierno. En este punto, los indígenas han sido utilizados por sus propios conciudadanos para beneficio personal, algo que es repudiable y lamentable.

 En cambio, en el actual régimen los indígenas, junto a otros sectores sociales, destruyeron una parte del Centro Histórico de Quito que cuesta millones en reparación. ¿Cómo resolver este otro extremo?

Según es lamentable la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas, también lo es la vulneración de los derechos humanos de los demás. El derecho a la cultura es un derecho humano, de todas las personas, indígenas y no indígenas, por tanto, una actitud como esa debe ser condenada.

Los derechos de los indígenas existen precisamente para protegerles, para proteger su cultura, sus tradiciones, pero todos los derechos deben ser respetados por todas las personas. Destruir cualquier tipo de patrimonio cultural es un delito, es un crimen sin precedentes, porque terminar con la cultura de un país es terminar con su riqueza, por tanto, debe condenarse esa actitud y será la justicia quien tenga la última palabra. (I)