La presidenta de la Corte Provincial del Azuay, Alexandra Vallejo, informó que 55 privados de la libertad (ppl) de la cárcel del Turi fueron trasladados a centros de rehabilitación social nueve ciudades del país. También rechazó que la crisis carcelaria sea responsabilidad del sistema judicial.

A través de un comunicado, Vallejo señaló que el traslado de internos se debe a las solicitudes que han presentado para dirigirse a centros carcelarios cercanos a sus familias. Desde el 9 de mayo del 2022, 123 solicitudes fueron presentadas.

Entre tres jueces se aprobó el traslado de ppl a Machala (4), Cañar (14), Loja (6), Archidona (2), Lago Agrio (12), Tulcán (6), Ibarra (4), Macas (6) y Latacunga (1). Sin embargo, en el comunicado no se refieren a los 124 internos que, según el titular del SNAI, partieron del Turi a Santo Domingo y habrían protagonizado el violento amotinamiento del lunes.

“Las personas privadas de la libertad tienen temor de ser la próxima víctima (en las masacres) y en algunos casos ya han sido amenazados. Ese es un temor real, razón por la cual interponen un habeas corpus a su favor”, sostuvo Vallejo.

Pablo Ramírez, principal del SNAI, cuestionó que las “decisiones judiciales no permiten tener gobernanza en los centros de reclusión”, a propósito del traslado de ppl hacia Santo Domingo. El violento enfrentamiento se debió al traslado de alias Anchundia desde la cárcel de La Roca, como parte de la guerra entre Los Lobos y R7. Luego de la masacre, Anchundia fue retornado a La Roca, al igual que otros cuatro cabecillas.

Autoridades del Ejecutivo han expresado su malestar por los habeas corpus que jueces otorgan a sentenciados por delitos de conmoción pública. Esto, según las autoridades, sería una de las causantes para la ola de violencia en las cárceles y en las calles. La función Judicial niega ser la responsable de la crisis de seguridad.