Al juicio político a la fiscal Diana Salazar le espera un largo proceso. Los pedidos de interpelación que dejó la anterior legislatura (2021-2023) sumado a las solicitudes de la nueva Asamblea, ubican al proceso impulsado por el correísmo, al final de una larga fila de pendientes.

El pasado 7 de diciembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el pedio presentado por la correísta Gissela Garzón. Después de eso envió el proceso a la Comisión de Fiscalización, como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, aclaró que ese pedido deberá ponerse a la cola de lo que ya tiene la mesa legislativa.

El respeto al ordenamiento jurídico será el norte que guíe la gestión de este período legislativo.#AsambleaEc2023 pic.twitter.com/SFoyDULonO

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) December 9, 2023

Pero, ¿qué procesos de juicio político están pendientes? Todos tienen que ver con funcionarios del expresidente Guillermo Lasso.   

Kronfle señaló que está pendiente un pedido en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. En la anterior Asamblea también se planteó una interpelación a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre este pedido aún resta resolver si será en contra de todos los consejeros o algunos de ellos.

Otros dos pedidos de juicio tienen que ver con el exministro de Transporte, Darío Herrera. El Presidente de la Asamblea señaló que ambos se podrían consolidar. Y, finalmente, hay uno en contra del exsecretario de Seguridad de Lasso, Diego Ordóñez.

La nueva Asamblea ha planteado ya tres pedidos de enjuiciamiento político. El primero en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Está relacionado con la crisis energética y lo planteó la legisladora Nicole Saca.

Otro exfuncionario de Lasso que enfrenta un proceso de interpelación es Juan Zapata, exprincipal del Interior. La solicitud fue presentada por el asambleísta Carlos Vera.

Después de estos siete pedidos está el del correísmo respecto a la fiscal Diana Salazar. El mismo Kronfle dijo que cada uno puede tomar, al menos, dos meses. Es decir, el actual periodo sí alcanzaría a tratar el tema antes de las elecciones generales de 2025.

En este momento todo depende de la mesa de Fiscalización en la cual no solo el correísmo tiene cuatro de nueve votos posibles, sino que también están otros integrantes del acuerdo como el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialista ADN.

El PSC ya ha anunciado que no apoya el juicio en contra de la Fiscal y, esta misma semana, el presidente de la República, Daniel Noboa, ratificó que ADN no votará a favor de esa iniciativa.