El presidente Guillermo Lasso vetó la Ley Orgánica Reformatoria de Apoyo Humanitario al considerar que este cuerpo legal pondría en riesgo 112 000 empleos del país.

En la objeción el Jefe de Estado señala que el proyecto de ley, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 16 de junio, aborda varios temas relevante, “sin embargo, lo hace con absoluta ligereza técnico-legislativa” y agregó que en la normativa se menciona la derogación de artículos sin especificar cuáles y que no se “considera que varios artículos de dicha ley tuvieron aplicación temporal regulada”.

Dentro del cuerpo legal que aprobó el legislativo contiene reformas al Código Monetario que dispone a las entidades del sistema financiero efectuar acuerdos con sus clientes para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas generado por cualquier tipo de obligación crediticia adquirida entre el 16 de marzo de 2020 y el diciembre del 2021.

Además, se añaden disposiciones para la reprogramación de pago de cuotas de seguros, y por obligaciones con entidades, y la condonación de intereses de mora para los actuales deudores con entidades del sistema financiero público o privado.

En lo que respecta al Código de Trabajo, la normativa incluye una disposición que determina que todas las personas contratadas bajo un “contrato emergente” que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hayan superado los 90 días del período de prueba, tendrán un contrato indefinido.

Así también establece reformas a la Ley de Servicio Público que incluye beneficios para los médicos que trabajaron durante la pandemia.

Mientras que en lo que respecta a las reformas a la Ley para el Fomento Productivo, se incorporan normas para los contribuyentes que solicitaron la facilidad de pago con remisión e incumplieron con una o más cuotas establecidas. Dicha falta de pago no se podrá considerar como incumplida.

Algunas fuentes del oficialismo señalaron que el proyecto planteaba que disposiciones temporales de alivio financiero aplicadas en los primeros meses de pandemia se vuelvan permanentes.

Esto afectaría a la seguridad de la provisión de servicios públicos y a los entes más pequeños del sistema financiero. Acotaron que, ahora en las mesas de diálogo, se han considerado mecanismos de alivio similares que serán de aplicación más rápida.

Con el veto total, la iniciativa deberá ser archivada durante al menos 1 año.