Patricio Carrillo, ministro del Interior, analizó el primer mes de estado de excepción en provincias como Guayas, Manabí y Esmeraldas.

En entrevista con Teleamazonas, Carrillo dijo que este periodo fue de contención y hay expectativa sobre las acciones que se tomaron y los resultados que se podrán ver a futuro.

“La única amenaza que tiene el Estado ecuatoriano  es el crimen organizado, el narcotráfico y estas economías ilegales”, dijo Carrillo quien detalló que los altos niveles de criminalidad solo se concentran en las provincias en las que se declaró el estado de excepción.

En la evaluación del primer mes del estado de excepción, Carrillo resaltó que hay zonas del Ecuador que tienen alto nivel de la capacidad de resiliencia, la capacidad de juntar fuerzas y acciones para resolver problemas.

“Es fundamental, más allá de pretender en un año electoral hacer campaña, unirnos y trabajar absolutamente juntos con objetivos comunes y con indicadores”, señaló carrillo.

El ministro Carrillo dijo que el presidente Guillermo Lasso lidera gabinetes sobre seguridad y que el Gobierno prevé hacer una inversión de 1 200 millones de dólares con la finalidad de desarrollar programas y proyectos sobre el tema.

En cuanto a la amenaza en el sistema penitenciario del país, la alerta recae sobre un detenido denominado ‘El Patrón’, quien está recluido en un centro de detención provisional (CDP) de Cotopaxi y quien buscaría tomar el control de las cárceles.

“Estamos enfrentado crimen organizado, pero no tenemos la normativa sino para delincuencia común, entonces la Asamblea Nacional necesita ponerse conforme a la dinámicas para hacer las reformas necesarias”, señaló el ministro Patricio Carrillo. “El Patrón fue trasladado a un CDP porque eso es lo que manda la norma. No podemos trasladarlo a un centro de máxima seguridad o donde podamos contener de mejor manera, tiene que estar en un CDP porque así manda la ley”, añadió.

Por último, el ministro Carrillo detalló que se han decomisado 24 millones de dólares y que servían para el financiamiento de las actividades de las organizaciones criminales, lo que deja debilitados a dichos grupos.